CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Reprobada en atención a usuarios, multada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), observada por incumplir en materia de Transparencia y penalizada por la Condusef, Financiera Broxel se ha convertido en una de las más señaladas y conflictivas del sector.

Desde 2019 dicha financiera ha sido objeto de recurrentes quejas por no corregir errores de cobro, y si todo lo anterior no fuera ya bastante, en el terreno político el partido Morena la señaló por participar en la supuesta compra de votos en favor de la coalición PAN-PRD-MC en 2018.

Pese a todo, la empresa propiedad de Gustavo Gutiérrez obtuvo, sin concurso de por medio, un acuerdo hasta por tres mil 858 millones de pesos para proveer los vales de papel de fin de año para los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.

La diferencia de ese contrato con los de años anteriores es que, durante el tiempo en que se realizó bajo la Jefatura de Gobierno de Claudia Sheinbaum, ese mismo contrato fue sujeto a licitación, es decir, se realizaba un concurso para elegir la propuesta que resultara menos onerosa y el procedimiento era transparente. En tanto, el procedimiento realizado el 9 de noviembre de 2023, ya en la Jefatura de Gobierno interina de Martí Batres, se recurrió a la adjudicación directa.

La adjudicación directa fue realizada por José Joaquín Almaraz Balderas, director general de Recursos, Materiales y Servicios; José Arturo Mejía Sánchez, director ejecutivo de Adquisiciones de Bienes y Servicios, y Sergio Antonio López Montecino, director general de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas, quienes formalizaron el acto contractual en el contrato DEABS-08-2023.

El contrato tenía por objeto la dispersión de vales del 4 al 6 de diciembre de 2023 como fechas improrrogables tanto a los colaboradores de confianza como sindicalizados de las 16 alcaldías, así como dependencias centralizadas, órganos desconcentrados y autónomos capitalinos.

De acuerdo con la respectiva documentación, cuya copia posee Proceso, la asignación directa procedió con luz verde del Comité de Autorizaciones de Adquisiciones y Arrendamientos de Servicios de la Administración Pública con una bonificación de 2.02% por cada una de las dos partidas presupuestales, lo que se tradujo en un mínimo de mil 929 millones de pesos y un tope de tres mil 858 millones de pesos.

El monto supera lo adquirido en las 193 contrataciones que la razón social ha obtenido en otras licitaciones de carácter federal de 2014 a 2024, equivalentes a dos mil 544 millones de pesos. Esto es, la Financiera Broxel ganó sólo en ese contrato lo que no pudo ganar en una década con 193 contratos.

El historial de Broxel

Servicios Broxel cuenta con un historial de incumplimientos e irregularidades, entre los que destacan las calificaciones reprobatorias que ha obtenido de la Condusef en 2020 y 2023, en cuanto el índice trimestral de atención a los usuarios; además, en 2019, 2021 y 2022 recibió “NA” (no aplica) para referir que la información de los reportes regulatorios que sirvieron de referencia no era congruente.

A las calificaciones que no superan puntajes de 5.6 se suma que desde 2019 hasta finales del año pasado la compañía no ha colaborado con los Programas de Educación Financiera que impulsa la Condusef en favor de las entidades en la materia.

Servicios Broxel también ha estado en la mira de a Condusef por una multa de varios miles de pesos relacionada con faltas a la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; tampoco goza de un pulcro historial en la CNBV, autoridad que también la ha amonestado por lo menos ocho veces y la ha multado en diversas ocasiones.

La más reciente de esas sanciones se impuso en noviembre de 2023, cuando se tomaron acciones para prevenir lavado de dinero, luego que omitió remitir las modificaciones al documento donde desarrollara sus políticas de identificación y conocimiento de sus clientes y usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que deberá adoptar para dar cumplimiento a lo previsto por las disposiciones de carácter general aplicables.

Elecciones y más quejas

Pese a que en enero de 2018 Gustavo Gutiérrez Galindo obtuvo licencia de MasterCard para emitir tarjetas para operar bajo su sistema, en junio de ese mismo año César Cravioto Romero, por entonces coordinador de la bancada morenista en el Congreso capitalino, acusó a Broxel de colaborar en complicidad con el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX (SUTGCDMX), así como con la coalición “Por la Ciudad de México”.

Durante las elecciones de ese año, la acusación de Cravioto fue que la financiera dispersó plásticos a unos 100 mil trabajadores a cambio de votar por el entonces candidato a la Presidencia Ricardo Anaya y de la aspirante a la Jefatura de Gobierno Alejandra Barrales.

Las quejas recibidas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) son también una constante contra Servicios Broxel. De 2019 a 2024 las reclamaciones se han acumulado sin excepción en alguno de los años, las más recurrentes son por respuestas negativas a corregir errores de cobro, a la entrega del producto o servicio, a la bonificación por cambio de producto e incumplimiento en los plazos.

La empresa ha ofrecido negativas a corregir errores de cobro, los cuales han sido expuestos en medios locales de estados como Sonora, donde los usuarios denunciaron haber contratado créditos de manera involuntaria mediante la plataforma de la empresa. 

Respuesta de Broxel

Broxel fijó la siguiente postura: