CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La defensa de Eric Valencia Salazar, “El 85”, identificado como supuesto cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que defina si su cliente debe o no ser entregado en extradición a Estados Unidos.

Esta mañana los abogados, acompañados de familiares de Valencia Salazar, acudieron a la SCJN a manifestarse y a presentar la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción del caso en la que argumentan que han existido irregularidades en su proceso de extradición.

Valencia Salazar es requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia en Estados Unidos por tráfico de drogas supuestamente ejecutado entre 2003 y 2008.

Por ello tramitó un juicio de amparo en el que el 16 de agosto de 2023, el juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México le negó la protección constitucional.

Contra esa resolución, tramitó un recurso de revisión que fue enviado al Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México, mismo que no será resuelto mientras la Corte determina si atraerá o no el caso.

En entrevista con Proceso, Marco Cortés Rodríguez, abogado de Valencia, detalló que durante la manifestación de esta mañana se reunió con personal de la Unidad de Enlace y de la Primera Sala de la Corte a quienes manifestó que han observado diversas irregularidades en el proceso de extradición de su cliente y, por ello, buscan que los ministros analicen las violaciones alegadas.

“El nombre de la persona que pidieron extraditar es diverso, así haya sido una letra, es diverso; la media filiación no coincide con la persona que están pidiendo extraditar respecto a su estatura, tez, cabello y en fin; la fecha de nacimiento tampoco coincide y suponiendo que fuera la persona que es motivo de extradición el delito ya está prescrito porque lo están investigando desde el año 2003 y él estuvo privado de su libertad del 2012 al 2017 por hechos relacionados con esta acusación del gobierno de Estados Unidos, él ya salió absuelto por este delito entonces lo que estamos reclamando es que no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”, explicó.

“También lo que estamos este alegando es de que para que intervengan comunicaciones en México se necesita de una autorización de un juez este especializado para estos efectos y en el presente caso dicen que hay una llamada la cual el gobierno de Estados Unidos no la entregó a México y no nos la han entregado a nosotros, solamente lo que hay es la transcripción de un testigo protegido que precisamente se confiesa en Estados Unidos, le dan aproximadamente 13 años de prisión y hace el señalamiento respecto a mi representado que evidentemente no se relaciona con alguna prueba objetiva”.

Añadió que mientras las autoridades estadounidenses alegan, por un lado, que Valencia Salazar es cofundador del CJNG, en la acusación pública en su contra, busca procesarlo por traficar con 5 kilos de cocaína, lo que no coincide con el perfil de capo de la droga descrito en la solicitud de extradición.

Mientras el gobierno de EU escribe el nombre de Valencia Salazar como “Erik”, el abogado detalló que el de su cliente se escribe con “C”; que en la solicitud de extradición se señaló que la persona requerida mide 1.83 mts., mientras que su cliente mide 1.66, según la ficha signalética del sistema penitenciario mexicano de cuando fue detenido en el año 2012; que las autoridades estadounidenses afirman que nació en el año 1977 pero que su representado nació en 1982.

Aunque la defensa solicitó la facultad de atracción del recurso de revisión del amparo, esto no significa que la Corte analizará el caso, primero uno de los ministros deberá hacer suya la petición para plantearla ante sus compañeros en la Primera Sala y será esta quien decidirá si atraen o no el expediente.

“Este es un caso de interés público nacional porque al final del día no es que sea Eric Valencia Salazar sino que va a servir de ejemplo para que muchas personas no sean extraditadas cuando no hay elementos o también puede servir de ejemplo para que cuando los extranjeros estén cometiendo delitos que precisamente podamos reclamarlos y sean juzgados en México”, consideró.

En la absolución referida por el abogado, el juez federal concluyó que no existían pruebas suficientes para emitir una sentencia condenatoria en su contra y que hubo violaciones al debido proceso.

Aunque esto no necesariamente implica una declaratoria de inocencia, el abogado confió en que en respeto al principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, la Corte no permita la extradición de su cliente.