CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la elección presidencial y el triunfo de Claudia Sheinbaum al considerar que la oposición no aportó pruebas suficientes de irregularidades graves durante la contienda electoral.

Por unanimidad de votos los integrantes de la Sala Superior declararon la validez de la elección aunque no todos coincidieron en los argumentos para llegar a ese resultado.

Este lunes los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, presentaron su proyecto de resolución sobre las impugnaciones contra la elección presidencial presentadas por los partidos de la oposición y la excandidata, Xóchitl Gálvez.

“La elección presidencial no solo fue conforme a derecho, sino que es totalmente legítima, y ese es el proyecto que se les presenta. Fueron más de 60 millones de personas las que decidieron en las urnas, lo que representa al 61.04 por ciento de la participación de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores.

“De estas personas, el 59.75 por ciento votó por la candidata ganadora, es decir, 35 millones 924 mil 519 personas, es la ciudadanía la que salió a votar, la que reunió ese nivel de participación, la que se expresó y tomó la decisión de quien será la próxima presidenta de México. Los comicios están legitimados por la propia ciudadanía y, por primera vez en la historia política de este país, una mujer ha ganado la elección, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, expuso el magistrado Felipe de la Mata.

Los partidos opositores buscaban anularla por intervención del presidente de la República, presiones del crimen organizado, desvío de recursos públicos de la Secretaría del Bienestar e intervención de servidores públicos a favor de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, los magistrados ponentes afirmaron que las pruebas que presentaron no eran suficientes para acreditar las irregularidades alegadas al extremo de ocasionar la invalidez de la elección.

“Tras un análisis minucioso y transparente de las pruebas y los planteamientos de las partes puedo afirmar con firmeza que no se transgredió la integridad electoral en la reciente contienda presidencial.

“La diferencia de votos entre las candidaturas fue clara y contundente, subrayando que las presuntas irregularidades asiladas no fueron determinantes para alterar el resultado final”, señaló el magistrado Felipe Fuentes.

El magistrado precisó que para acreditar la intevención del presidente Andrés Manuel López Obrador en la elección, los partidos opositores no acreditaron que el resultado final de la elección se vio alterado por las conferencias matutinas del mandatario.

De igual modo, explicó que no se acreditó el desvío de recursos de la Secretaría de Bienestar porque en ningún momento se condicionó la entrega de apoyos sociales al voto.

“Lo que se buscaba probar era un desvío de recursos humanos y económicos para financiar y operar la campaña de Claudia Sheinbaum, es decir, que se tratar de un uso ilegal de recursos del estado para restarle libertad al sufragio de las personas, pero no hay prueba directa o indirecta que así lo acredite”, refirió.

“En el caso del Presidente, no condicionó la entrega de los programas sociales a quien es votaran por una determina fuerza política. En tanto que, las manifestaciones del dirigente nacional, en su caso, contribuyeron al debate público durante las campañas”.

La magistrada Claudia Valle, quien fue designada de manera provisional para participar en el proceso de calificación de la elección presidencial, coincidió en su totalidad con el proyecto.

“No se demostró, desde mi perspectiva, ninguno de los hechos afirmados. Las pruebas de este tipo para quienes son expertos en derecho electoral, como son el cuerpo de asesores de los propios partidos políticos accionantes, es una apuesta a una prueba imperfecta, a una prueba que, para que tenga peso convictivo suficiente, debió ser sostenida o acompañada por otras pruebas de otra naturaleza, las cuales podemos confirmar que no se ofrecieron”, dijo.

“Sin dudas de ningún tipo, concluyo que el proceso electoral para elegir a Claudia Sheinbaum Pardo como titular del Poder Ejecutivo no está afectado de invalidez”.

Los magistrados decidieron desechar la demanda de Xóchitl Gálvez porque señaló que no buscaba anular la elección presidencial y no argumentó ni acreditó ninguna afectación a sus derechos, por lo que consideraron que no tenía interés jurídico.

“Se propone, previa acumulación, desechar la demanda del juicio de la ciudadanía 906 de 2024 presentada por Xóchitl Gálvez Ruiz al carecer de interés jurídico para impugnar, ya que no plantea una vulneración directa a sus derechos político-electorales, a partir de la cual cuestione la validez de la elección presidencial, aunado a que, expresamente manifestó que su pretensión no era anular la elección”, señala el proyecto cuyo apartado fue avalado por mayoría de cuatro votos.

El bloque disidente.

Janine Otálora y Reyes Rodríguez votaron a favor de declarar válida la elección presidencial, pero se manifestaron contra el desechamiento de la demanda de Gálvez y contra los argumentos de Fuentes y de la Mata porque, para ellos, sí fueron cometidas irregularidades durante el proceso electoral.

Otálora reprochó la propuesta de declarar que los hechos violentos registrados durante la elección fueron aislados y se relacionaron con procesos locales y no con el federal.

“Considero que no es posible distinguir el impacto de hechos violentos como el asesinato de candidaturas para concluir que afectan procesos municipales pero no federales cuando justamente ambos procesos ocurren de manera concurrente simultánea”, dijo.

“Desestimar estas alegaciones de manera formal sin un estudio integral que analice el impacto de forma contextual y atienda al impacto cualitativo que los hechos de violencia denunciados tienen para la integridad del proceso electoral en su conjunto es un desacierto que ignora la relevancia y afectaciones que produice este fenómeno en nuestra vida democrática”.

La magistrada recordó a sus compañeros que durante el proceso electoral el TEPJF confirmó 20 medidas cautelares, ocho tutelas preventivas y el incumplimiento de las mismas por parte del Ejecutivo federal, por lo que sí incurrió en irregularidades.

“En la historia nacional la intervención de los Presidentes en los procesos electorales ha implicado cuestionamientos tajantes a la validez de procesos electorales anteriores”, señaló.

“No comparto la conclusión de que no se acredita la intervención del Ejecutivo Federal en el proceso electoral, al reducir sus actos a hechos aislados. El contexto de las implicaciones de las conferencias matutinas, el uso de recursos públicos que su realización implica, la agenda que el Presidente impulsa a través de este ejercicio y el número de asuntos en los que se acreditó un actuar indebido o se intentó prevenir, son elementos que ponen en evidencia que no estamos ante declaraciones asiladas, sino ante un actuar sistemático”.

Enfatizó en que es una contradicción que el proyecto señale que no se utilizaron programas sociales para promover a Morena si el presidente López Obrador vinculó la continuidad de estos derechos al triunfo de dicho partido en el Congreso.

“Aunque no se haya demostrado una amenaza directa o condicionamiento explícito de estos derechos, es indudable que la percepción de la ciudadanía puede verse influenciada por la manera en que los programas sociales son presentados y discutidos en público”, dijo.

Dejó claro que para ella existieron las irregularidades manifestadas por los partidos pero que estas no fueron suficientes para invalidar la elección.

“A pesar de las fallas de las autoridades, de los abusos en el ejercicio del poder y de los daños que produce la violencia en el país, considero que estas irregularidades no resultaron determinantes debido a que la ciudadanía ejerció sus derechos y tomó claramente una decisión.

“Con una participación del 61 por ciento del electorado y una diferencia de más de 30 puntos porcentuales, entre el primero y segundo lugar, es indudable que la ciudadanía eligió a una candidata para ocupar la presidencia y es obligación de esta Sala Superior respetar la legitimidad conferida en las urnas y confirmar esa voluntad para justamente salvaguardar la transferencia pacífica del poder”, reconoció.

Reyes Rodríguez Mondragón consideró que el proyecto evita a toda costa aludir a las violaciones al principio de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda cometidas por servidores públicos y acreditadas con sentencias firmes dictadas por la propia Sala Superior.

“Las constantes intervenciones del Ejecutivo Federal durante la elección sí afectaron las condiciones de neutralidad y equidad en la contienda electoral, pero no invalidan la elección. En eso estoy de acuerdo”, aclaró.

“El proyecto debió ahondar en su análisis para valorar si, durante esta elección existieron mensajes coordinados entre partidos y gobierno para pedir el voto desde el Poder Ejecutivo para la continuidad de los programas sociales”.

Coincidió en que la forma en que se comunicaron y gestionaron los programas sociales desde las dependencias gubernamentales se tradujo en malas prácticas en materia electoral.

“En la propuesta se omite reconocer el contexto en el que ocurrió la elección presidencial respecto de la violencia en distintas latitudes de nuestro país.

“La violencia se ha convertido en algo preocupante, así se expresó durante todo el proceso electoral por distintos actores políticos y autoridades electorales. No reconocerla en su justa dimensión, solo profundiza la brecha que ha existido entre justicia y ciudadanía”, agregó.

Por ello, consideró que al ignorar todos esos elementos el proyecto abona a la percepción de que el Poder Judicial es insensible ante las víctimas de la violencia ocurrida durante el proceso electoral.

“La valoración de esta problemática debió tener como objetivo verificar si existió violencia durante el proceso electoral, si el fenómeno fue atribuible al crimen organizado, si las situaciones particulares afectaron las condiciones de la elección presidencial, concurrente con las elecciones locales y si trascendió a sus resultados, finalmente en qué grado.

“No es suficiente afirmar que los hechos se focalizaron en lo local, como si al denunciarlo de esa manera se disipaba el problema. Tampoco es suficiente señalar que los actos afectaron a todas las fuerzas políticas, como si la democratización del homicidio le restara trascendencia. La elección presidencial 2023-2024, fue un proceso de claros-oscuros que nos invita, como sociedad a repensar el tipo de democracia electoral que queremos para el futuro”, comentó.