CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones sociales consideraron “verosímil” la información publicada este miércoles sobre la existencia de un documento con nombres de presuntas víctimas de “vuelos de la muerte”, realizados por el Ejército en los años setenta como una estrategia contrainsurgente.

Tras darse a conocer una investigación de la periodista Marcela Turati en los portales adondevanlosdesaparecidos y Quinto Elemento Lab sobre “una lista presumiblemente del Ejército Mexicano con nombres de 183 posibles víctimas de los llamados ‘vuelos de la muerte’, en 1974”, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Fundar Centro de Análisis e Investigación y Articulo 19, informaron que pudieron confirmar la veracidad de 160 nombres incluidos en esa relación.

En un comunicado conjunto, las organizaciones abundaron que de los 183 nombres incluidos en una lista que habría sido entregado a la fundadora de Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, en 2004, de supuestas víctimas de los “vuelos de la muerte”, 160  están registrados en los informes de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), a la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Archivos de la Represión  y en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

“Hemos podido corroborar la existencia de elementos de verisimilitud con relación a las fechas de desaparición, corporaciones aprehensoras y lugares donde se llevó a cabo la detención de dichas personas entre los años 1972-1974”, señalaron las organizaciones.

Enteradas de que el documento es del conocimiento de autoridades del Estado mexicano, las organizaciones exigieron que se entregue de manera oficial la “información de manera sensible y responsable a las víctimas” y que se lleve a cabo una investigación “exhaustiva y diligente del contenido del documento y todos los documentos relacionados con los Vuelos de la Muerte”.

Acotaron que “no se trata de crímenes del pasado, sino heridas del presente, y el paso del tiempo interpela hoy más que nunca a que el Estado adopte un sentido de urgencia frente a las exigencias históricas de las víctimas”.

Al destacar que la información entregada a Ibarra de Piedra en 2004, corresponde a vuelos ocurridos entre 1972 a 1974, las organizaciones exigieron la entrega de “la totalidad de las listas de los diferentes vuelos que se han requerido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y dicha institución ha negado la existencia de tales listas en múltiples ocasiones”.

Para las organizaciones “el hallazgo de este documento dota de mayor relevancia la próxima presentación del informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico creado para investigar el periodo”.

Agregaron que la presentación del informe debe contar con “todo el respaldo institucional y que las autoridades del Estado mexicano, incluyendo a Ejército, acepten y asuman sus conclusiones para actuar en consecuencia”.

Como antecedente reciente, las organizaciones recordaron que en marzo SITU Research, Alicia de los Ríos y el Centro Prodh dieron a conocer una reconstrucción de “los vuelos de la muerte”, a partir de testimonios y documentos contenidos en una investigación de la Procuraduría de Justicia Militar contra los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quirós Hermosillo, así como el capitán Javier Barquín Alonso, por la desaparición de 148 personas en los años setenta.

De acuerdo a la indagatoria, “integrantes del Ejército Mexicano trasladaban a la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta en Acapulco, Guerrero, a personas consideradas como disidentes políticas; posteriormente las ejecutaban arbitrariamente y realizaban vuelos nocturnos para arrojar sus cuerpos al mar, desapareciendo así todo rastro de ella”, práctica que habría sido realizada “de manera sistemática, por lo menos durante seis años, durante la década de los años setenta”.