CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tribunal federal ordenó al Congreso de la Unión a poner manos a la obra en la reforma para prohibir a nivel nacional los plásticos de un solo uso.

El Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva a Greenpeace México, el Poder del Consumidor y la Red Mexicana de Acción Ecológica, que demandaron al Congreso por no cumplir con su obligación de prohibir este tipo de plásticos.

“Este Tribunal Colegiado considera que es procedente conceder la medida cautelar solicitada por las quejosas, para que las autoridades responsables comiencen a ejercer sus facultades legislativas conforme al contenido de los tratados internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito de manera voluntaria y a las recomendaciones de la Relatoría Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en estricto respeto de sus funciones”, señala la sentencia en el recurso de revisión 162/2023.

La suspensión definitiva únicamente ordena al Congreso informar si ya existen iniciativas legislativas que prohíban los plásticos de un solo uso; de no haber estas iniciativas, trabajar en la creación de una e informar qué acciones está tomando para concretar una reforma en este sentido.

“Debe concederse la medida cautelar definitiva solicitada por las quejosas para que las autoridades responsables del Congreso de la Unión lleven a cabo lo siguiente: Informen a las quejosas sobre las posibles iniciativas de ley existentes y sus avances, dirigidos a cumplir con el deber de regular las actividades comerciales y de empleo de los plásticos de un solo uso como el PET y el unicel y, de ser el caso, su prohibición legal.

“En caso de que el Congreso de la Unión haya omitido cumplir totalmente con sus deberes constitucionales e internacionales dirigidos a regular las actividades comerciales y de empleo de los plásticos de un solo uso como el PET y el unicel, se concede la suspensión para que, de acuerdo al amplio margen de apreciación de sus facultades legislativas, comience a realizar las acciones dirigidas a cumplir con los derechos a la salud y al medio ambiente que podrían resultar afectados por la falta de regulación de las actividades relacionadas con la comercialización y el empleo de los plásticos de un solo uso. Informen periódicamente y rindan cuentas a las quejosas sobre los avances de las acciones y gestiones dirigidas a cumplir con los derechos humanos a la salud y al medio ambiente”, ordenaron los magistrados.

En conferencia de prensa, el abogado de las organizaciones, Luis Miguel Cano, explicó que en el amparo que tramitaron todavía falta que el mismo tribunal se pronuncie sobre el fondo.

Es decir, que resuelva si el Congreso de la Unión ha sido omiso y con ello ha vulnerado el derecho humano de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente sano y ha incumplido con los estándares internacionales que indican que el Estado tiene el deber de proteger el ambiente, para ordenar irremediablemente la expedición de una regulación que prohíba los plásticos de un solo uso en México.

Ello, debido a que en la demanda de amparo el Juez Décimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México consideró que no existió la omisión por la que las organizaciones demandaron el amparo contra el Congreso de la Unión, por lo que sobreseyó el asunto.

En consecuencia, las organizaciones tramitaron un segundo recurso de revisión, el número 279/2023, contra la resolución del juez de Distrito que está pendiente de resolverse.

“Lo que esperamos en una decisión de fondo es que ya obligue a un resultado, esto es, con esta suspensión (el juez) le pide (al Congreso) que informe, que se ponga a trabajar, que rinda cuentas de su trabajo; mientras que con una decisión de fondo tendría que decirle al Congreso  ‘tú tienes la obligación de crear una ley que prohiba estos plásticos de un solo uso’, esa es nuestra batalla”, detalló Cano.

Actualmente 29 estados de la República Mexicana tienen reglas que prohíben los plásticos de un solo uso, sin embargo, hace dos años la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un criterio que establece que los congresos locales no tienen competencia para regular en esta materia, dejando todo en manos del Congreso de la Unión.

Con este criterio, las empresas productoras de este tipo de plásticos o de productos que los incluyen en sus empaques, han podido ampararse para evadir las reglas prohibicionistas que existen a nivel local.