CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la marcha por los 118 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, padres y madres de los normalistas exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador respeto a su lucha y a su dolor que cargan a cuestas durante casi diez años de búsqueda de sus hijos, y que no intente desviar la atención con una “conspiración internacional contra el Ejército que no existe”.

En una segunda respuesta al informe del presidente sobre el caso Ayotzinapa que se hizo público este lunes 20 y que, reclamaron, no fue conocido por todos los familiares de los estudiantes, los padres y madres fueron enfáticos en defender su derecho a saber qué ocurrió con sus hijos y hacerlo de manera firme.

“Exigir justicia y verdad no nos convierte en opositores políticos, mucho menos en sujetos pasivos de la supuesta manipulación de nuestros abogados, y menos aún representantes de intereses extranjeros. A nosotros esas cuestiones políticas no nos interesan”, puntualizaron los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

“Tenemos diez años luchando, con nuestra salud física y mental mermada, y es triste que terminemos este sexenio debatiendo sobre una conspiración internacional contra el Ejército que no existe”, señalaron los padres y madres en un mensaje leído por Hilda Hernández, madre de César Manuel González, al hacer referencia al informe de López Obrador que niega cualquier participación castrense en la desaparición de los jóvenes y atribuye la mención a un intento por desprestigiar a las Fuerzas Armadas.

En vísperas de que se reúnan con la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el lunes 29 de julio, los familiares de los estudiantes desaparecidos hicieron votos para que en la siguiente administración se esclarezca lo ocurrido con sus hijos, para lo cual consideraron indispensable que “la siguiente administración se forme su propia lectura e interpretación del caso”.

Solicitaron que “se remueva a quienes hoy están a la cabeza de las investigaciones y de la interlocución con nosotros, que han mostrado su ineficiencia”, es decir, que se releve de su cargo al fiscal especial Rosendo Gómez Piedra, y a quien relevó a Alejandro Encinas, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos.

Exigieron que “se continúen las búsquedas en terreno; se asegure la entrega la información militar faltante, que se aceleren las extradiciones pendientes, que la asistencia victimal sea oportuna y digna, y se agoten todas las líneas de investigación pendientes”.

En el posicionamiento, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos hacen un reconocimiento de los avances en la investigación por la decisión del propio López Obrador por esclarecer el caso, y que precisamente por la indagatoria que ellos exigen que se indague a los militares involucrados.

Recordaron que la misma investigación ministerial reveló que el Ejército tenía personal de inteligencia infiltrado en la normal de Ayotzinapa, uno de ellos parte de los 43 estudiantes; que los militares presenciaron la desaparición de los estudiantes, situación que trataron de ocultar.

Aunado a ello, la indagatoria incluye afirmaciones de testigos protegidos que refieren la participación directa de militares en la desaparición de estudiantes, en tanto que las intervenciones de teléfonos celulares de integrantes del cártel de Guerreros Unidos por parte de la DEA, revelaron complicidades de mandos militares de Iguala con los delincuentes.

Al destacar que durante estos años la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha actuado con opacidad al no entregar los 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, detectados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los padres y madres de los jóvenes desaparecidos consideraron que el Ejército ha engañado al presidente, lo que se deduce del informe dado a conocer el lunes 20 de julio.

En su mensaje, los padres y madres de los normalistas desaparecidos toman como ejemplo de “la mala fe” del Ejército, la referencia que hace López Obrador del militar desaparecido, Julio César López Patolzin, quien sostiene el presidente no era integrante de un cuerpo de inteligencia militar y que ingresó a la normal de Ayotzinapa por deseo de ser maestro rural.

Sin embargo, los padres y madres señalaron que en el mismo expediente de la carpeta de investigación está un documento fechado el 21 de octubre y firmado por quien entonces comandaba la 35 Zona Militar, Alejandro Saavedra Hernández, quien reconoce que el militar “había recibido entrenamiento para el manejo de información sensible, que estaba desplegado en el municipio de Tixtla como Órgano de Búsqueda de Información (OBI); que seguía órdenes de sus superiores y se encontraba con éstos una vez a la semana para dar al ejército información sobre la normal, donde se inscribió con la finalidad de adquirir  ‘la fachada’ de estudiante. Es decir, realizaba labores de inteligencia militar en el plantel”.

Apuntaron que “el mismo documento refiere cómo, tras los hechos, se ordenó una intensiva vigilancia” sobre los familiares de López Patolzin.

Tras comparar lo que anotó López Obrador en su escrito con lo que está consignado en la carpeta de investigación, “solo ahonda nuestra desconfianza de que el Ejército a usted le miente a usted, nos miente a nosotros y al pueblo de México en su último informe”.

Añadieron: “Si en este tema de los militares le presentaron a usted información falsa, se confirma que tenemos razón para no confiar a ciegas en las palabras castrenses”.

Tras señalar que van a continuar exigiendo que se investigue la participación militar en los hechos de hace casi 10 años, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, insistieron en que “nunca ha sido nuestro interés debilitar al Ejército como institución ni para servir a intereses ajenos, nuestra única prioridad es saber qué pasó con nuestros hijos (…) Tenemos dignidad, exigimos justicia y verdad, no más pero tampoco menos”.

Insistieron en que la exigencia de que se investigue a los militares “nunca ha implicado que se deje de investigar a las otras corporaciones y actores civiles criminales implicados en la desaparición de nuestros hijos ni en su posterior encubrimiento.

En su posicionamiento al cumplirse 118 meses de la desaparición de sus hijos, los padres y las madres de los estudiantes defendieron el acompañamiento legal que les han dado las organizaciones civiles, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, así como de los expertos que integran el GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que echaron abajo la “verdad histórica”, y que ésta estuvo basada en tortura. 

Tras lamentar que en su versión, López Obrador ubique a esos organismos como parte de una confabulación, calificaron como “falsa” su afirmación de que el Centro Prodh defendió a presuntos integrantes de Guerreros Unidos que fueron liberados tras denunciar la tortura.

“Ni siquiera tenemos relación con muchas personas y situaciones mencionadas en el reporte. Las hipótesis que quisiéramos conocer son las relacionadas con lo que ocurrió a nuestros hijos”, puntualizaron los padres y madres de los 43 normalistas.