CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La desmitificación del paradigma militar a través del informe “La otra militarización: Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de seguridad pública en México, 2011-2024”, permite a las autoridades recién electas a hacer una revisión profunda para “recuperar progresivamente la rectoría de las instituciones civiles en el diseño e implementación de las políticas públicas en materia de seguridad”, consideró Denise González, oficial de Derechos Humanos de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Durante su participación en la presentación del documento elaborado por la organización México Evalúa, la funcionaria de ONU-DH resaltó como parte de los hallazgos de la investigación “que la violencia del país no se ha logrado resolver a pesar del transcurso de distintas administraciones a nivel nacional y subnacional bajo partidos gobernantes distintos”, que han dejado en manos de mandos castrenses la seguridad pública, marcadamente desde 2006, que Felipe Calderón lanzó la llamada “guerra contra el crimen organizado”.

De la revisión del documento, González consideró revelador que 39% de los titulares de las secretarías de Seguridad Pública de los estados, entre 2011 y 2014, hayan estado en manos de integrantes del Ejército y la Marina, y que en esas entidades las tasas promedio de homicidios “estuvieron por arriba de las tasas promedio de estados y años con secretarios de perfil civil”.

Tras alertar que “el estudio es cuidadoso de no señalar la existencia de una relación de causalidad”, González apuntó que aporta “argumentos de cómo el despliegue de las fuerzas armadas no resuelve los problemas de inseguridad que aquejan al país”, y que resulta preocupante que “a partir de 2021, los estados con secretarios de seguridad púbica provenientes de las Fuerzas Armadas (de manera creciente integrantes de la Marina) registraron tasas más altas de homicidios de mujeres”.

Para la defensora, el informe de México Evalúa no sólo aporta datos duros, a partir de solicitudes de información, sino que “atinadamente menciona la importancia de realizar análisis desde la óptica de derechos humanos, que nos llevaría a mencionar los casos graves de violaciones a derechos humanos que han ocurrido y siguen ocurriendo en el contexto de la implementación de políticas de seguridad, bajo el paradigma actual”, en el que organizaciones de la sociedad civil han documentado casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

La funcionaria de ONU-DH resaltó que el documento de México Evalúa “sugiera la importancia de detener el proceso de debilitamiento que han registrado las corporaciones policiacas” , sobre todo si se toma en cuenta que la investigación demostró que los mandos castrenses permanecen un promedio máximo de dos años en un cargo al frente de la seguridad pública, contrario a lo que ocurre con “entre los perfiles civiles con y sin carrera policial” que suelen permanecer más tiempo en el cargo.

Apuntó que “lo anterior constituye un argumento central a  favor de la implementación de políticas de fortalecimiento institucional que favorezcan a su vez la estabilidad en la conducción de las políticas en materia de seguridad”.

Denise González retomó una de las recomendaciones que diversas agencias de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como organizaciones de la sociedad civil nacionales y extranjeras, han planteado al país desde que decidió poner al centro de la seguridad pública a las fuerzas armadas.

Para los tomadores de decisiones, analizar el informe de México Evalúa, implicaría  “establecer un calendario verificable del retiro gradual de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, diseñar e implementar un programa de reclutamiento a gran escala, que nutra progresivamente de elementos civiles a la Guardia Nacional, hasta llegar a un 100%, siempre asegurando que cuenten con las condiciones de trabajo y con las capacidades que se requieren”.

Para la ONU-DH, apuntó, dar ese paso exige “respaldar y legitimar públicamente la labor de la policía y eso pasa por presupuesto, programas, políticas, estrategias que permitan generar las condiciones para que se pueda ejercer una labor con dignidad, pero además correspondiente con la realidad que se nos impone”.

Agregó que entre las recomendaciones que los organismos internacionales han dado a México, está también la de “garantizar definitivamente la existencia de controles democráticos efectivos, transparencia y rendición de cuentas sobre quienes están en la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos a todas las personas en el país”.

Por su parte, Estefanía Vela, directora ejecutiva de la organización Intersecta, comentó que ,“frente a un problema de enorme violencia”, con 85 personas asesinadas al día, y más de 115 mil personas desaparecidas, el informe de México Evalúa demuestra que el despliegue militar para abatir la delincuencia es “una gran promesa que no se cumple”.

La defensora resaltó que, paradójicamente, en el imaginario de los mexicanos otorgan a los militares atributos que hasta ahora no han demostrado que tengan, como garantizar la seguridad pública y prevenir la violencia, como lo demuestra la investigación de la organización.

Al señalar que las encuestas ubican a los policías como los agentes del Estado “más corruptos, por encima de políticos, diputados, fiscales partidos políticos o jueces”, resulta contradictorio que a las Fuerzas Armadas le tengan mayor confianza cuando es el sector que menos presuntos  delincuentes pusieron a disposición de autoridades, pues “en 2020 el número puestas a disposición de policías ante fiscalías estatales fue de 2.5 millones de personas, mientras que en caso de las Fuerzas Armadas fue de 12 mil personas”.

Ante las evidencias de que el despliegue de personas provenientes de fuerzas armadas, no han significado una disminución real de la violencia cotidiana, Estefanía Vela alentó a las próximas autoridades a preguntarse “cuál es el ideal de las policías, si realmente lo que se quiere es tener a la Guardia Nacional como un Ejército, con la misma jerarquía, equipo o algo distinto”.

Vela alertó que es sintomático que gobiernos estatales y municipales estén dispuestos a disponer recursos para la Secretaría de la Defensa Nacional, para que se envíen tropas a sus localidades, aportando prestaciones y equipo que a sus policías les han negado.

“Por lo pronto, lo que demuestran los datos es que el ideal de policía es un militar, eso lo vemos analizando las cabezas de seguridad de los estados y de todo el entramado burocrático, que de cada diez titulares de Seguridad Pública, cuatro son militares o marinos, esos nombramientos en aumento, demuestran que la expectativa no es sólo que la cabeza sea un militar, sino que la lógica militar va a permear en el resto de las instituciones”, consideró.

La presentación del documento que detalla la prevalencia el modelo militar en el país, fue presentado por Sandra Ley, una de las coautoras e investigadora de México Evalúa.