CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A pesar de que hace tres años la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) cimbró consciencias con un primer informe sobre la violencia sexual organizada contra niños y niñas en 18 escuelas de siete estados de la República, en 2024 el número de escuelas con el mismo patrón de violencia contra la niñez aumentó 50%, sin que hasta el momento la Secretaría de Educación Pública (SEP) haya tomado medidas para prevenir más agresiones.

En un informe de seguimiento al primero de 2021, titulado “Es un secreto. La explotación sexual infantil en escuelas”, la ODI recordó que derivado de la judicialización de las denuncias presentadas por esta organización en contra de algunos de los agresores de menores, un juez condenó “al Estado mexicano como responsable solidario para la reparación del daño”; un maestro fue sancionado a 494 años de cárcel; “la Escuela Pública Mexicana debía incorporar educación sobre violencia sexual en las aulas dentro de sus enseñanzas”, mientras que la Ciudad de México “debía garantizar escuelas transparentes, sin espacios ocultos y la Fiscalía General de la República debía ampliar su investigación”.

Sin embargo, la denuncia pública y el conocimiento que de esta situación tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se tradujo en un cambio, por el contrario: ODI ha documentado violencia sexual en 27 escuelas de 12 estados de la república, 9 más de las que había detectado en 2021.

La organización lamentó que la respuesta de López Obrador a cuestionamientos sobre los abusos documentados en 2021 sólo haya sido de reprobación, pues aunque aseguró que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana “estaba muy pendiente del tema” y que daría un informe, ello “nunca sucedió y las denuncias por violencia organizada se ignoraron”.

En el informe de seguimiento, la organización señaló que no se ha esclarecido “cómo delincuentes se infiltran en las escuelas haciéndose pasar por maestros, directores del plantel o personal de incidencia”, en tanto que “no ha cambiado una sola política de la SEP”, no hay transparencia en las escuelas ni investigación suficiente sobre “posibles conexiones entre los casos”.

En el documento, la ODI resaltó que los abusos documentados ocurren contra niños y niñas de entre tres y cinco años de edad, estudiantes de escuelas prescolares públicas y privadas, que de manera recurrente describen situaciones similares, sin que las víctimas tengan conexión entre sí, pero que las coincidencias “deben ser investigadas”.

Las víctimas “narran que las agresiones sexuales son cometidas por varios adultos de manera conjunta”; que niños y niñas “son agredidos de manera grupal, incluso obligándoles a lastimarse entre sí”; de acuerdo a las denuncias, los menores “refieren la presencia de cámaras y el uso de disfraces, algunos describen ingerir algo que les da sueño o la presencia de compañeros dormidos”.

De acuerdo a la investigación, “sólo el 52% de las denuncias por violencia sexual escolar que recibe la SEP son de conocimiento de la fiscalía”, debido a que la dependencia “de manera ilegal, establece que será la propia institución quien investigue si existe un delito para luego decidir sida aviso a quien debe investigar”.

Peor aún, de acuerdo al informe la SEP ha reconocido que “se reporta por lo menos un abuso sexual dentro de una escuela diariamente”, e incluso “las propias autoridades consideran que existe un subregistro de denuncias”.

La organización puntualizó: “La escuela mexicana es un contexto en el que denuncias de abuso sexual en contra de los alumnos y alumnas es común y por tanto es más fácil que la violencia organizada pase desapercibida”, en buena parte porque “no se investigan las acciones para la contratación de pederastas dentro del plantel”.

De acuerdo a la revisión de expedientes judiciales, recomendaciones de derechos humanos y de archivos hemerográficos, integrantes de la ODI alertaron que no hay una explicación de lo ocurrido, aun cuando haya casos en que se haya fincado responsabilidades a agresores de manera individual.

A lo largo de estos años, la ODI ha encontrado que “las condiciones administrativas en las que se contratan a los docentes no garantizan transparencia, trayectoria o información sobre los criterios de designación”.

La organización resaltó muchas de las narraciones de niños y niñas violentados, coinciden con patrones detectados por organizaciones internacionales, entre ellas información recabada en 2022 por   la National Center for Missing and Exploited Children (NCMC), que  recibió 32 millones de reportes de páginas en la web abierta “con material de explotación infantil”; datos como que el 63% de los perpetradores “consume material que involucra a niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 13 años de edad y el 24%  ven material que involucra a víctimas de cero a tres años, material brutal o sádico y otro material violento”; y desde 2016 el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la existencia de “casos de explotación transmitida en tiempo real por medios electrónicos”, siendo el 60% de los agresores “un adulto cercano a la víctima”.

La ODI puntualizó que pese a la existencia de estos antecedentes, “es común que los niños y niñas no sean creídos cuando denuncia lo que han vivido”, ni siquiera por autoridades especializadas en temas de explotación infantil, negación que ha tenido como consecuencia “la perpetración de la violencia”.

En el informe se cita uno de los casos documentados por ODI en el que se demostró la culpabilidad de siete empleados de una escuela pública, entre ellos la directora, maestros y persona de intendencia, en el abuso sexual de más de 30 niños y niñas, violencia que tuvo lugar en “varios baños, la oficina de la dirección y en la casa particular del encartado de intendencia ubicada dentro de del plantel escolar”.  

Para la organización, la coordinación de siete adultos en la comisión de delitos “implica de manera obligada alguna irregularidad en los procesos de contratación”, situación que es negada o minimizada por parte de las autoridades, “en lugar de revisar los procedimientos de contratación y supervisión del personal escolar”.

La organización narró que durante el litigio de los casos “ha resultado imposible determinar cómo, cuándo, bajo qué estándares y por autorización de quién los maestros acusaos fueron contratados”, prevaleciendo la opacidad al no existir “una normatividad cara sobre cómo se contrata al personal escolar”, y califica a las designaciones de plazas en las escuelas como “una caja negra”.

Al señalar que muchas de las designaciones “tiene que ver con intereses económicos, políticos o personales”, la ODI consideró que la “corrupción en la contratación docente y administrativa deja a la escuela vulnerable a la infiltración por parte de delincuencia que utiliza su puesto para la comisión de delitos”.

Añadió que la vulnerabilidad de los estudiantes se acentúa en espacios escolares en los que “no hay transparencia”, como en casos en los que “algunos salones o la escuela en su totalidad se encontraban tapados con tela negra o cartones”, o bien casas particulares dentro de las escuelas públicas, donde vive personal de intendencia, fueron utilizadas para las agresiones.

La situación se agrava al confirmarse que “no existe supervisión independiente o transparente”, pues en la investigación de los casos la ODI no encontró “registros homologados de supervisión ni mecanismos independientes que den cuenta de la actuación dentro del plantel escolar”.

La ODI resaltó que derivado de su trabajo de defensa, un juez penal ordenó a la SEP a tomar medidas preventivas, como la publicación de “materiales didácticos y audio visuales relacionados con las experiencias que vivieron las víctimas en la búsqueda de justicia”, así como para la prevención de delitos de abuso sexual.

De acuerdo a la sentencia, confirmada por un tribunal de alzada, la SEP está obligada a instrumentar políticas públicas “relativas a la creación de espacios escolares seguros para todos los jardines de niños de la Ciudad de México”, garantizando la visibilidad interior y exterior de los salones de clase, áreas administrativas, baños y juegos, así como personal encargado de la vigilancia de las y los estudiantes.

Asimismo, establecer políticas públicas para sensibilizar a los especialistas de la salud que tienen contacto con las víctimas de delitos sexuales; implementar cursos de capacitación para el personal académico y administrativo sobre “la prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia sexual contra niñas o niños en el ámbito educativo”; establecer un día en el calendario escolar para concientizar sobre la gravedad del abuso sexual y maltrato infantil en las aulas, así como realizar un aco público de reconocimiento de su responsabilidad “en relación con los hechos del caso cometidos por el sentenciado”.

Desde que fue notificada, en agosto de 202,3 hasta ahora, “la SEP no ha dado cumplimiento” a las tareas encomendadas por el juzgado, “ha presentado avances parciales, simulaciones y copiosas cantidades de papel”, de tal manera que “no se han modificado las circunstancias que hacen posible que sucedan estos casos”.

La organización lamentó que a tres años de la integración de una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), “no se tiene ningún avance”, y que por el contrario “se trata de una investigación simulada”, aún cuando como denunciantes, los abogados de la ODI coadyuvaron en la indagatoria.

“No se tiene un solo elemento de información útil para entender cómo, de manera reiterada en diversos estados de la república, se contratan a personas que delinquen conjuntamente dentro de un mismo plantel escolar”, apuntó ODI.

Agregó que hasta ahora la FGR no ha logrado obtener las carpetas de fiscalías estatales u otras unidades de la institución “con patrones similares”; no ha obtenido los expedientes laborales de las personas sentenciadas “que se infiltraron en la escuela como maestros y personal de intendencias”, ni la documentación de quienes están acusadas de agresiones con patrones similares, ni mucho menos si las acusadas tienen otras denuncias en su contra.

En tres años, la FGR no ha entrevistado “a una sola persona sobre cómo se supervisan las escuelas o sobre como se contrata al personal”, ni mucho menos ha indagado “si la SEP tiene registradas denuncias con patrones de violencia similares a los investigados”, es más, ni siquiera ha interrogado a los sentenciados.

Sobre la investigación de la existencia de redes internacionales de pornografía infantil, ODI criticó que la FGR no ha llevado acciones encubiertas en escuelas con denuncias anónimas; no se ha realizado un análisis de geolocalización “de las alertas internacionales sobre imágenes de explotación infantil para identificar correlación con las denuncias”, ni ha recabado imágenes de alumnos de las escuelas denunciadas, “para realizar una búsqueda en bases internacionales de explotación sexual infantil”, sólo se tienen las imágenes aportadas por ODI.

Tampoco se ha solicitado la colaboración internacional; no se  atendieron recomendaciones de un especialista internacional en delitos contra la infancia traído a México por ODI; no se han investigado las cuentas bancarias de los señalados ni sábanas de llamadas de sospechosos; no se identificaron las escuelas anteriores en las que laboraron los acusados; ni se pidió copia del contenido de los teléfonos celulares de los denunciados, “a fin de investigar si hubiera material de explotación, contactos entre personas de interés u otras comunicaciones de utilidad”.

Sin avances claros, para la ODI  “la fiscalía acumula una carpeta de más de cuatro tomos y cerca de mil fojas”, que contienen “información recabada sin hilo conductor, sin un plan de investigación y si un análisis de contenido”, es decir,  una “acumulación ociosa de papel”.