TOTALCO, Perote, Ver. (Proceso).- A más de tres semanas de la represión que ejerció la policía veracruzana contra campesinos que realizaban un bloqueo frente a la planta de alimentos de la trasnacional Granjas Carroll, la Fiscalía General de Veracruz informó que dos uniformados fueron detenidos sólo bajo el cargo de “abuso de autoridad”.

Aunque en los hechos fueron acribillados los campesinos Alberto y Jorge Cortina Vázquez y fueron heridos un número no determinado de pobladores, la autoridad veracruzana dio a conocer la detención de los elementos Juan Carlos N., y Joel N., sin levantarles cargos por el asesinato de los campesinos.

Líderes del movimiento, en el que participan productores de Puebla y Veracruz, reclaman al gobierno del morenista Cuitláhuac García que debe esclarecerse y castigar a quien dio la orden para que la policía aterrorizara, persiguiera y disparara contra civiles desarmados.

Aseguran que hay evidencia de que este operativo no fue un desalojo que se salió de control, ni mucho menos un enfrentamiento entre granaderos y manifestantes.

Lo ocurrido el 20 de junio último en esta localidad, acusan, fue una represión ordenada y orquestada para desactivar un levantamiento campesino en defensa del agua de la Cuenca de Libres Oriental que iba en crecimiento y afectaba los intereses de empresas extranjeras y de terratenientes ligados a grupos políticos, como los Yunes.

“Que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dé la cara”, reclama Renato Romero Camacho, “que diga quién dio la orden de matar, a qué intereses obedeció la policía estatal cuando disparó contra campesinos que se manifestaban de manera pacífica en contra de empresas y dueños de ranchos que acaparan el agua, bombardean nubes y contaminan el medio ambiente”.

Para el líder más visible de los defensores poblanos no hay duda de que lo ocurrido en Totalco fue una acción planeada para tratar de aplastar un movimiento social que surgió desde 2005, pero que este año, avivado por la sequía, había escalado no sólo en número de participantes, sino en sus demandas.

Si en 2020 los agricultores tomaron carreteras para exigir que las empresas y agroindustrias dejaran de usar cañones antigranizo para inhibir las lluvias, este año la demanda era “fuera las trasnacionales de nuestras tierras”.

Previo a los hechos del 20 de junio último, los campesinos habían hecho seis movilizaciones. El 7 de junio último, con la participación de comisariados de 20 ejidos, de los municipios poblanos de Libres, Cuyoaco y Tepeyahualco, bloquearon los invernaderos de Driscoll´s, productora de berries estadounidense, que opera en San Andrés Payuca.

Tras la violenta represión, Romero Camacho añade que el reclamo también es para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no sólo por simular un diálogo en el que nunca se dio respuesta a los reclamos y denuncias de los campesinos, sino porque estuvieron presentes y permitieron este ataque.

“La Guardia Nacional nada más se quedó mirando cuando la Fuerza Civil de Veracruz arremetió a matar. El gobierno federal no ha dado ninguna explicación de por qué actuaron así”, refiere. “¿Omisión o complicidad?”, cuestiona.
 

Diálogo de sordos

Desde el 14 de mayo último que iniciaron las protestas, los defensores de la Cuenca tuvieron encuentros con representantes de dependencias federales el 8 y 11 de junio último.

Romero Camacho acusa que en ambas ocasiones fue un “diálogo de sordos”, pues sólo se buscó dividir y desgastar este movimiento, pero no dar soluciones reales a sus denuncias, las cuales requerían acciones concretas de la Conagua, Profepa y Semarnat. “Sólo protegieron a las empresas”, sostiene.

En la asamblea del 11 de junio en esta localidad, los campesinos explicaron a los funcionarios que desde 2006 habían hecho denuncias, oficios, quejas y firmado minutas, pero que el gobierno nunca actuaba contra las empresas y agroindustrias.

“La Conagua nunca nos dijo: hagamos una auditoría a los pozos y concesiones, por ejemplo. No dijo: vamos a establecer una vigilancia ciudadana para obligar a que cumplan, no. Nos dijo: presenten más denuncias, hagan más escritos. Pero de eso ya estamos hartos”, relató otro de los líderes de la resistencia.

El bloqueo del 20 de junio se acordó luego de que los funcionarios federales, entre ellos el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Veracruz, Rafael Santana Mendoza, no acudieron –como lo ofrecieron– a una asamblea del día 18.

A las 9 de la noche del 19 de junio, agricultores, ganaderos y apicultores de Puebla y Veracruz, bloquearon la planta de Granjas Carroll de esta localidad, desde la cual se produce y distribuye el alimento para los cerdos de las más de cien megagranjas que operan en esta región. Por la mañana del 20, iniciaron pláticas con Sergio Tonatiuh Ramírez Guevara, director Regional Centro-Noreste de la Segob.

No estaban cerrados al diálogo. El gobierno federal pedía que una comisión de cinco o 10 representantes fuera a Xalapa a una mesa de negociaciones, pero este movimiento había acordado que sólo aceptaría un encuentro abierto y público.

Iban contra los líderes

Cuando aún sostenían estas conversaciones, alrededor de las 11 de la mañana, elementos de la Fuerza Civil –un grupo élite de la policía estatal veracruzana que portaba armas largas y había llegado desde la noche misma en que se instaló el plantón– intentaron detener a Romero, pero los manifestantes se interpusieron.

Fue el único momento en que intervino la Guardia Nacional, pues elementos de esa corporación se confrontaron con los estatales. Incluso, hay un video donde los uniformados golpean a una agente de la Guardia Nacional como parte de este incidente.

Dos horas después, mientras el representante de la Segob ofrecía a los defensores un diálogo con funcionarios federales “de mayor nivel” y capacidad de respuesta, sin mediar advertencia, la Fuerza Civil se formó en bloque y empezó a avanzar contra los campesinos, a lanzar gases lacrimógenos y hacer disparos al aire.

De nueva cuenta trataron de atrapar a Romero Camacho, quien fue sacado del lugar a bordo de una motocicleta.

También intentaron apresar a Guadalupe Serrano Gaspar, un campesino del poblado La Gloria, municipio de Perote, quien, en la asamblea del 11 de junio, recordó que desde 2007 esa localidad exigió la salida de Granjas Carroll de su territorio. En 2008, el defensor veracruzano fue encarcelado y torturado.

En esa asamblea, frente a representantes del gobierno federal, a Serrano Gaspar –un hombre de más de 80 años de edad– se le quebró la voz al recordar que uno de sus hijos estaba desaparecido desde ese entonces. El delegado de la Segob de Veracruz le pidió información para “revisar” el caso.

El 20 de junio, los elementos de la Fuerza Civil ya le estaban poniendo las esposas al luchador veracruzano, cuando fue rescatado por otros manifestantes.

Según testimonios, los hermanos Cortina trataron de llevarse un tractor de su propiedad que usaron para bloquear la carretera Perote-Acatzingo. Lo condujeron hacia los sembradíos, hasta donde fueron perseguidos por los estatales.

Distintos pobladores señalan que, al observar esto, algunos fueron para tratar de ayudarlos, pero metros antes pudieron ver cuando tres elementos de la Fuerza Civil dispararon de manera directa y en repetidas ocasiones contra los campesinos que no llevaban ningún arma. “Fue una ejecución extrajudicial”, sostienen.

Asimismo, los elementos de la Fuerza Civil se fueron directo contra cuatro de los pobladores que encabezaban el movimiento en Totalco, a los cuales persiguieron a balazos hasta sus casas en el pueblo, que se encuentra a casi dos kilómetros de la planta de Granjas Carroll.

Incluso, tres uniformados quedaron atrapados en una casa a la que se metieron para tratar de llevarse a uno de los participantes, pero los familiares cerraron las puertas de la vivienda. Esto generó que elementos de la policía estatal llegaran a rescatarlos.

En los videos grabados por los pobladores se puede observar cuando los integrantes de la Fuerza Civil caminan por las calles de Totalco y detonan armas largas de manera intimidatoria.

Desde ese día, el movimiento de defensa del agua de Totalco quedó descabezado, pues sus líderes ya no aparecieron públicamente. Las manifestaciones siguientes las realizaron habitantes indignados por la actuación de la policía y por familiares de los dos campesinos asesinados, pero los ejidatarios que iniciaron la lucha por el agua tuvieron que resguardarse por el temor a ser asesinados o apresados.

A Justo Soto, un hombre de la tercera edad, líder en Tepeyahualco, la policía estatal lo sacó herido y prácticamente desnudo de un hospital de Perote, sólo con la bata de hospital puesta, y escoltado por más de 10 patrullas, para llevarlo a Xalapa.

El defensor fue liberado por el gobierno de Veracruz, luego de que el 21 de junio, los vecinos de Totalco retuvieron al subsecretario de gobernación, Sergio Ulises Montes, y al alcalde de Perote, Delfino Ortega.

“Esto fue planeado, porque la Fuerza Civil nos traía identificados y nos dispararon, no sé si la intención era detenernos o matarnos”, cuenta uno de los dirigentes bajo anonimato, quien refiere que otra señal de sospecha es que antes del operativo había en el lugar personal de la Fiscalía estatal.

Terratenientes

En este municipio, las denuncias por el acaparamiento del agua, abusos y daño al medio ambiente son contra Granjas Carroll, pero también contra terratenientes.

En particular, previo a la represión, los pobladores habían señalado a Vinicio Ascencio Fernández, quien de acuerdo con el Registro Público de Derechos del Agua (Repda), cuenta con cuatro concesiones para aprovechar cerca de 800 mil metros cúbicos anuales de agua subterránea.

Los ejidatarios calculan que este terrateniente siembra más de 3 mil hectáreas en esta región. En las asambleas pidieron que la Conagua atendiera sus denuncias sobre la existencia de pozos clandestinos y de huachicoleo del riego, pues expusieron que de una misma perforación se saca, a través de tuberías, agua para otros sembradíos.

Publicaciones de la prensa regional ubican a Ascencio Fernández como “socio” de la familia Yunes.

Estrategias

Tras la violenta incursión de la policía estatal, el 24 de junio último, los habitantes obligaron al alcalde Delfino Ortega Martínez a participar en una nueva protesta contra Granjas Carroll.

La mañana del 25 de junio, supuestos hombres armados llegaron al plantón en dos vehículos y amenazaron a los participantes. A esta intimidación se sumó la estrategia del edil de acusar a los poblanos de azuzar a los pobladores de Totalco para retenerlo y advertir que podría presentar denuncias en su contra.

El bloqueo se levantó, porque además empezó a llover y los ejidatarios decidieron sembrar sus tierras luego que por tres años no han producido.

El 30 de junio último, organizaciones poblanas y veracruzanas se reunieron en Ocotepec, Puebla, cuna de esta lucha. Además de solidarizarse con el pueblo de Totalco, agrupaciones como La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), el Consejo Tiyat Tlali, el Consejo Regional Totonaco, la Coordinadora Regional de Comisariados Ejidales y Comunales de la Cuenca Libres Oriental, entre otras, acordaron unirse, acuerpar sus demandas y hacer un llamado a otras agrupaciones en resistencia del país.

“¿Cómo es posible que a los narcotraficantes abrazos y a los campesinos balazos?”, resumió uno de los participantes en este encuentro.

Romero dice que las acciones que anunció Cuitláhuac García tienen más la intención de encubrir, pues al desaparecer la Fuerza Civil, esta corporación sólo fue integrada a la policía estatal. Calificó como una burla que sólo se proceda contra dos elementos de las decenas que participaron en esta represión y que, además, los cargos sean sólo por abuso de autoridad.

Las investigaciones supuestamente fueron turnadas a la Fiscalía General de la República, pero hasta ahora a la mayoría de los participantes no se les ha tomado declaración, ni se buscó a los líderes que fueron perseguidos –algunos de ellos heridos– y que estaban ocultos. El gobierno estatal sólo se reunió con los familiares de los campesinos asesinados para ofrecerles una indemnización.