CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una persona privada de la libertad presentó una queja ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) porque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no le entregó completa la información que solicitó vía Transparencia.

En uso de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales que no pierde al estar en prisión, la persona solicitante pidió al área de Prevención y Readaptación Social, perteneciente a la SSPC, la relación o estado de cuenta de los depósitos de dinero que su familia que le ha hecho para comprar medicina y productos de tienda para uso personal.

Según un comunicado del INAI, también pidió una relación de los días y nombres de las personas que lo visitaron en todos los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) en los que ha estado recluida durante aproximadamente 11 años.

Sin embargo, la institución que encabeza Rosa Icela Rodríguez, mediante el área de Prevención y Readaptación Social no le entregó los datos completos, pues omitió la información correspondiente a dos de los Ceferesos en los que ha estado recluida la persona solicitante, lo que generó la queja de ésta ante el INAI.

El Instituto informó que el equipo del comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, concluyó que Prevención y Readaptación Social “turnó la solicitud al área correcta, que entregó parte de la información y que si bien, después de la queja de la persona privada de la libertad, extendió la búsqueda a la Coordinación General de Centros Federales, los datos entregados son incompletos".

Alcalá Méndez resaltó que, “en México, las personas acusadas e, incluso, las que ya cuentan con una sentencia, mantienen algunos de sus derechos fundamentales, tal como lo establece nuestra Constitución Política y los Tratados Internacionales, y que ejemplo de ello, son los dos derechos humanos que garantiza este Instituto; es decir, el derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales, que pueden ejercerse ya sea por sí mismos, o bien, a través de sus representantes.

El comisionado detalló que esos derechos “son conocidos como llave o instrumentales, ya que a través de ellos se pueden ejercer otros derechos, como una defensa adecuada, un juicio justo, a la salud, la reinserción social y a tener contacto con el exterior, como también el derecho a recibir visitas y llamadas telefónicas”.

Por ello, en voto unánime, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta de Prevención y Readaptación Social y le instruyó realizar una nueva búsqueda y entregar a la persona privada de la libertad la totalidad de la información solicitada.