TIJUANA, Baja California (apro).- Funcionarios del Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SAT BC) son acusados de presunta extorsión contra una tienda de venta de saldos en el municipio de Tijuana, pues la propietaria aseguró que le pedían mil 500 dólares por mes para “dejarla de molestar” e incluso hasta 20 mil dólares para que pueda trabajar.

Lo anterior fue expuesto mediante una transmisión en vivo de dicho comercio, identificado como Saldos KOKO, en el que la mujer cuestiona el operativo de la dependencia contra su establecimiento, además de que los trabajadores que acudieron no deseaban mostrar una identificación, pero sí le exigían a ella sus datos.

Además, también documentó que, durante la visita, acudió un grupo armado de agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC); también destacó que el funcionariado llegó con rostros cubiertos, pasamontañas y lentes obscuros, según se apreció en las imágenes.

“Estamos tan mal en México que tienen que venir 10 personas dizque a investigar. Está bien, qué investiguen, no pasa nada. Si quieren cerrarme, antes de que me cierren regalo toda la mercancía en primer lugar porque no les voy a dar un peso de lo que piden”, expresó en su transmisión.

De acuerdo a los datos, la mujer se llama Alejandra Sandoval, quien pidió compartir la situación. “Estas personas siguen haciendo sus tranzas porque se comunicaron conmigo y tengo los mensajes donde me piden mil 500 dólares por mes para que me dejen de molestar. Yo les dije que no les iba a dar un solo centavo”, remarcó la propietaria. El operativo causó la indignación de los vecinos de la colonia Libertad, quienes acudieron al sitio para brindar su apoyo.

“Ningún cabrón se está identificando conmigo. Nada más están llegando como narcos a quererme quitar todo. Que se lo lleven, se los regalo cabrones. ¿Eso quieren? Clausúrenme, no hay pedo, pero que se identifiquen. No va a sacar nada de aquí hasta que se identifiquen en vivo”, exigió la afectada.

La transmisión duró dos horas, donde incluso Alejandra señaló que, ante la injusticia, esperaba que el video llegara al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esto no es justo: espero que este pinche video se vaya hasta el presidente y que hagan algo porque no es justo que paren a la gente inocente y le quiten sus mercancías, cuando la mercancía está en importación y ya pasó porque yo ya pagué mi importación. 7 mil dólares pago de importación, cada camión que saco… cuídense bodegas y no paguen ‘piso’. No tienen derecho a pagar ‘piso”, remarcó.

A partir de la hora con 17 minutos de la transmisión, se aprecia como la propietaria decide dejar pasar a la gente para que se lleve la mercancía sin costo alguno; lo anterior generó una discusión y forcejeo con la policía estatal.

De acuerdo a medios locales de Tijuana, SAT BC finalmente decomisó toda la mercancía y para esto utilizó tres camiones; lo anterior, porque supuestamente había irregularidades en la documentación presentada del ingreso a México.

Asegura Estado que revisará procedimiento de SAT BC

Sobre el caso, Alfredo Álvarez Cárdenas, titular de la secretaría general de Gobierno en la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que “ya se realizó una investigación” en torno a los procedimientos y actuar del SAT BC para “no permitir ningún acto de arbitrariedad en contra de la población”.

El funcionario estatal lo estableció mediante un comunicado divulgado a la prensa hasta el sábado 29 de junio, en el que afirmó que siguen “los principios de justicia y transparencia”. Agregó que también tendrán una reunión con la representante del negocio para “analizar el caso a detalle”, al igual que “los señalamientos adjudicados en la intervención del SAT”.

“Conforme a la transparencia de esta administración, la investigación está en desarrollo, y cuando se tengan los resultados, estos se harán públicos”, aseguró en un comunicado de prensa.

Alfredo Álvarez Cárdenas afirmó que, desde el punto de vista legal, los motivos del SAT BC “eran suficientes para hacer la investigación”. “Sin embargo, lo que argumenta la afectada es la forma en que lo hicieron. La representante de la empresa se portó con prudencia y permitió incluso que siguiera la diligencia del SAT, y eso habla de la buena fe como ciudadana. También nos obliga a nosotros como autoridad a vigilar y a revisar lo que pasó y en su caso establecer las responsabilidades”, concluyó el secretario general de gobierno.