CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tribunal federal confirmó que no hay elementos para continuar investigando el caso Viaducto Bicentenario, en el que la Fiscalía General de la República (FGR) presume un daño al erario de 8 mil 403 millones 242 mil 312 pesos.

En marzo pasado, Proceso informó que la FGR intentó imputar a siete personas, entre ellos ejecutivos de OHL-Aleatica, por asociación delictuosa y explotación ilegal de un bien de la nación, pero el juez de control Daniel Ramírez Peña, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, rechazó vincular a proceso a los implicados.

Este viernes, Aleatica informó que el director general de la compañía y los otros trabajadores de la misma que eran objeto de esta investigación, fueron notificados de que un Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal declaró infundada la impugnación que la FGR presentó contra la decisión del juez Ramírez Peña.

De este modo, el tribunal confirmó que en este caso no existe delito que perseguir con relación a la explotación del “Viaducto Bicentenario”, por lo que la FGR está impedida para continuar con sus investigaciones contra los integrantes de Aleatica.

La sentencia es inatacable para la FGR, por lo que en breve debe cerrar la investigación contra Rubén Gerardo López Barrera, director general de Aleatica; José Andrés de Oteyza Fernández; Sergio Hidalgo Monroy Portillo, ex presidente del Consejo de Administración y exdirector General de OHL, respectivamente.

Así como en contra de Ernesto Javier Nemer Álvarez y Luis Gilberto Limón Chávez, exsecretarios General de Gobierno y de Movilidad; así como Jorge Joaquín González Bezares, director general de la Junta de Caminos; y Alberto Tomás Angulo Lara, director general en Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Sistemas Conexos y Auxiliares, todos del Estado de México.

El juez Ramírez Peña indicó en su resolución, ahora confirmada por el Colegiado, que el Viaducto Bicentenario no cuenta con una concesión federal, pero que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SICT) informó a través de un oficio del 29 de junio de 2023 que en el año 1983 el gobierno del Estado de México sí otorgó el derecho para explotar el tramo carretero que, posteriormente, fue concesionado a OHL-Aleatica.

Por lo que al no haber sido declarada nula dicha concesión por ninguna autoridad judicial con la firma del convenio entre la SICT y el gobierno Mexiquense del 1 de octubre de 2020, la dependencia avaló la legalidad de la concesión de las autoridades estatales a OHL-Aleatica, por lo que dicho instrumento todavía está vigente.