CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La colaboración de México con Estados Unidos en materia migratoria ha derivado en violaciones al derecho internacional al implementar una política de “prohibición de asilo” en el país del norte, acusa el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

“Se desconoce el número exacto de personas no mexicanas devueltas a México desde el fin del Título 42, ya que ni el gobierno de Estados Unidos ni el de México han publicado estadísticas completas sobre el número o las características de las personas expulsadas bajo esta política”, sostiene la organización en el informe “Deportación y retorno de personas no mexicanas de Estados Unidos a México".

Entre las inconsistencias sobre la dimensión de las expulsiones, Imumi resalta que en octubre de 2023 un funcionario de inmigración de Estados Unidos sostuvo que entre el 12 de mayo y el 30 de septiembre de 2023, “alrededor de 23 mil personas no mexicanas habían sido devueltas o expulsadas a México”, lo que contrasta con información del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que “afirmó que había expulsado a 17 mil personas no mexicanas desde el 12 de mayo de 2023”.

Hasta ahora, el gobierno estadunidense se ha reservado informar sobre las características de los solicitantes de asilo rechazados, así como del número exacto de personas migrantes que fueron enviadas a México.

En el caso de México, el Instituto Nacional de Migración (INM) respondió a una solicitud de información de la organización que del 11 de mayo al 24 de noviembre de 2023, “México había recibido a 19 mil 561 personas no mexicanas expulsadas de Estados Unidos, de nacionalidad hondureña, guatemalteca, salvadoreña, venezolana, cubana, nicaragüense y haitiana”, de las cuales 248 eran menores de edad.

La organización resalta la persistencia de violaciones a derechos humanos por las llamadas “deportaciones en caliente”, por las que autoridades del INM trasladan en avión o en camiones a migrantes expulsados de Estados Unidos a ciudades de la frontera norte México, a los límites de Guatemala sin el consentimiento de las personas afectadas, a las que “someten a riesgos e violencia por parte del crimen organizado y de las autoridades mexicanas, en su repetido tránsito hacia el norte de México”.

De acuerdo al informe, “en 2023 el INM realizó aproximadamente 3 mil 153 reubicaciones de personas migrantes vía terrestre en autobuses”, siendo 47 mil 260 las personas migrantes movilizadas en contra de su voluntad. Del total de esas personas, 25% eran mujeres, 4% menores y 71% hombres.

La organización explica que del total de viajes organizados por el INM, más de la tercera parte, mil 047 viajes, “fueron desde estados fronterizos del norte (Baja California, Chihuahua Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas) a lugares clave en el sur de México: Villahermosa (Tabasco), Tapachula (Chiapas) y Acayucan (Veracruz)”.

Sólo entre enero y abril de este año, “el INM realizó aproximadamente mil 425 reubicaciones de migrantes en autobuses”, en los que viajaron 12 mil 099 personas, de las cuales 27% eran mujeres, 10% niños y 63% hombres, la gran mayoría originarias de Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Cuba.

Legislación antiinmigrante y antiasilo

La organización resalta en su informe la importancia que ha tenido México en la aplicación de su legislación antimigrante y antiasilo, al aceptar las expulsiones de Estados Unidos bajo el Título 42, aceptando recibir hasta 30 mil personas al mes originarias de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.

“El acuerdo fue importante para la política fronteriza de Estados Unidos, ya que las tensas relaciones diplomáticas con estos países significaron que, en general, no podía expulsar a estas poblaciones a sus países de origen “, destaca Imumi.

Al señalar que al no comprometerse a regularizar la estancia de los migrantes expulsados, el informe destaca que estas personas quedaron a expensas de “detenciones y deportaciones del Instituto Nacional de Migración (INM)”, muchas de ellas en condiciones de protección internacional “fueron deportadas vía área o trasladadas a la frontera sur mexicana para ser expulsadas a través de la frontera con Guatemala, sin oportunidad de solicitar asilo en México".

Al destacar que hasta ahora ni México ni Estados Unidos “ha publicado formal o documento que explique los términos y limitaciones de esta política”, la organización destaca que la colaboración mexicana permite a sus vecinos aplicar para los migrantes solicitantes de asilo “una orden de deportación acelerada”, a que a su vez “conlleva una prohibición de inadmisibilidad de cinco años, lo que limita la capacidad de una persona de solicitar y recibir una visa en el futuro”.  

Mientras, con base en entrevistas realizadas con personas migrantes, Imumi alerta que “los funcionarios mexicanos no brindan a las personas ningún documento migratorio que les otorgue un estatus temporal y, en la mayoría de los casos, no examinan ni brindan información correcta sobre cómo solicitar asilo o protección complementaria en México”, dejando a estas personas vulnerables ante una deportación a sus países de origen “donde enfrentan persecución o tortura, sin haber recibió nunca la oportunidad de solicitar asilo, ya sea en Estados Unidos o México”.

De acuerdo con denuncias recabadas por Imumi, de manera recurrente autoridades de migración de Estados Unidos les retiran sus documentos de identidad y, cuando llegan a México, “los funcionarios del INM se negaron a brindarles asistencia”, lo que les imposibilitó transitar de manera libre y segura  por el territorio mexicano.  

“Después de transportarles lejos de la frontera norte, los agentes migratorios liberan a las personas en el sur de México, sin proporcionarles ninguna información ni documentación migratoria”, apunta Imumi, al destacar que testimonios recabados sostienen que las personas migrantes “fueron liberadas por funcionarios mexicanos en calles desconocidas en medio de la noche sin ningún lugar dónde ir”, incluso sin documentación.

En el informe, la organización destaca que al intentar regresar a la frontera norte, los migrantes rechazados se exponen a graves riesgos, por la operación del crimen organizado en el país.

Los gobiernos de Estados Unidos y México, “deben reconocer su responsabilidad compartida por lo que les sucede a estas poblaciones y detener esta práctica, así como implementar y publicar políticas para que estos retornos cumplan con las obligaciones de ambos países, bajo el derecho nacional e internacional”, concluye el informe de Imumi.