OAXACA, Oax. (apro).- En el marco del tercer aniversario del asesinato del periodista Gustavo Sánchez Cabrera, cometido el 17 de junio de 2021 en el Morro de Mazatán, Oaxaca, Propuesta Cívica presentó una denuncia de hechos contra servidores públicos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que fallaron en brindarle seguridad a tal grado de costarle la vida.

“No he recibido contacto con autoridades a fin de garantizar integridad física al realizar trabajos periodísticos, quedando como al inicio, no hay avances en la protección al medio periodístico, por parte del gobierno federal y estatal”, afirmó Gustavo Sánchez Cabrera un día antes de su asesinato.

Lo preocupante, destacaron es que, a la fecha, existen al menos 9 casos documentados de periodistas asesinados que estaban incorporados al Mecanismo de Protección, sin que ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno hayan sido sancionados por tales hechos.

Estas deficiencias en el caso de Gustavo Sánchez quedaron documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Recomendación 121/2022, realizadas por exservidores públicos integrantes del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y de quien resulte responsable.

Propuesta Cívica, en colaboración con la familia del periodista oaxaqueño Gustavo Sánchez Cabrera, presentó hoy una denuncia por hechos ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión dependiente de la Fiscalía General de la República.

Propuesta Cívica detalló que ha decidido emprender acciones legales en contra de, al menos, 9 personas funcionarias públicas que incurrieron en omisiones graves que tuvieron repercusiones en la vulnerabilidad de Gustavo frente a sus agresores.

“Consideramos la acción legal necesaria ante las lamentables consecuencias de los hechos - la pérdida de la vida de Gustavo y, por tanto, de su periodismo en la región del Istmo-“. Cabe mencionar que el análisis que sustenta la demanda se encuentra en los hallazgos de la Recomendación 121/2022 de la CNDH.

A la fecha de la presentación de la acción legal no hemos tenido conocimiento de sanciones

legales por las omisiones de las y los servidores públicos del orden federal y estatal.

Consideran que “los procesos administrativos iniciados contra las y los servidores públicos que incumplieron en sus deberes de protección se encuentran estancados en las áreas de Control interno de la Secretaría de Gobierno federal y de Oaxaca, ello a tres años de haber sucedido los hechos”.

Mencionó que la Visitaduría General de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca es la única autoridad que ha avanzado en las investigaciones internas y que está próxima a emitir una determinación.

Esto implica que, a tres años del asesinato de Gustavo, las personas que fueron omisas en

cumplir con sus obligaciones de garantes de derechos, así como los perpetradores directos del homicidio, se encuentran sin una sanción legal por los hechos.

Por tales circunstancias, decidieron presentar formal denuncia ante FEADLE para la

investigación de los hechos documentados por la Recomendación 121/2022.

Finalmente resaltaron que las instituciones del Estado mexicano deben de considerar el impacto y mensaje de impunidad que envían a las víctimas y a la sociedad mexicana ante la falta de rendición de cuentas por su actuar deficiente, el cual puede traer graves consecuencias como la privación de la vida de un periodista.