CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Renato Sales Heredia, quien funge como fiscal general de Campeche, entidad gobernada por la morenista Layda Sansores San Román, agregó su firma a la carta “Ya basta”, a través de la cual diversas personalidades sostienen que el presidente Andrés Manuel López Obrador “rompe los límites legales, pero también morales” al publicar el expediente de Pemex sobre el esposo fallecido de María Amparo Casar, directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Ya basta” empezó a circular ayer, firmada por 15 personalidades, incluyendo los exconsejeros electorales Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama y José Woldenberg, así como por la activista Jacqueline Peschard.

El documento manifiesta su “solidaridad” con Casar ante la publicación del expediente “repleto de documentos y datos personales”, y deplora el “afán” de López Obrador para tomar “venganza personal” contra Casar, a lo que se refiere como una “vileza”.

Hoy, la misma carta volvió a circular en redes sociales, pero ahora con decenas de firmas adicionales, incluyendo la de Sales, quien fuera comisionado de Seguridad Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y se incorporó a la llamada Cuarta Transformación al sumarse al equipo de Sansores.

Entre los firmantes aparece también Manelich Castilla Craviotto, quien también estuvo en la administración de Peña Nieto –como comisionado de la Policía Federal (PF)--, y se incorporó al equipo de la gobernadora María Elena Lezama, de Morena, en Quintana Roo, aunque por un periodo muy breve, pues renunció a los cinco días de ser nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En la conferencia matutina de ayer, Octavio Romero Oropeza, el director general de Pemex, y el presidente López Obrador dieron a conocer el expediente de Carlos Fernando Márquez Padilla, el esposo fallecido de María Amparo Casar, y acusaron a la directora de MCCI de haber cobrado 31 millones de pesos a la petrolera por seguro y pensión después que su marido se suicidara en la torre de Pemex, en 2004.

Acto seguido, la Presidencia de la República publicó en sus canales oficiales las 374 cuartillas del expediente de Pemex sobre Márquez Padilla, sin testar ningún dato, incluyendo los personales de María Amparo Casar y de sus hijos, en aparente violación a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Los simpatizantes del presidente y los periodistas afines utilizaron el expediente para acusar a Casar de ser corrupta y, de rebote, para pegar a MCCI, una organización fundada por el empresario Claudio X. González –uno de los organizadores del bloque opositor—que ha publicado investigaciones periodísticas sobre casos de corrupción del gobierno de López Obrador.

En contraste, un sector de la sociedad civil y de la oposición condenó con firmeza la publicación de los datos personales de la activista, que atribuyeron a una represalia del mandatario contra la labor de Casar. Señalaron, aparte, que los documentos exhibidos no muestran ninguna ilegalidad, pero reflejan una “conducta enfermiza” y un “abuso de poder inusitado por parte del presidente de la República”.

Entre ellos figuran, ahora Sales y Manelich, dos figuras que han transitado del peñanietismo a la Cuarta Transformación.