CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia contra actores políticos en el contexto del proceso electoral del domingo 2 de junio en México, en que han perdido la vida al menos 57 personas, desde junio de 2023.

Desde la sede de la CIDH en Washington, el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó su preocupación por “distintos hechos de violentos contra personas candidatas acaecidas en el contexto electoral” que vienen registrándose por lo menos desde el año pasado.

En comunicado de prensa, la CIDH aseguró que ha tomado nota de que “desde el mes de marzo de 2024 se registró, por lo menos, “el asesinato de 15 personas precandidatas o candidatas”, y adicionalmente, el Estado informó sobre “el homicidio de nueve personas aspirantes o que no contaban con registro de candidatura oficial, pero que habían manifestado su deseo de competir en la contienda electoral”.

A estos datos se añaden los datos públicos de que “entre el 4 de junio de 2023 y el 7 de febrero de 2024, 33 personas con intenciones de postulaciones habrían sido asesinadas, de las cuales 16 eran aspirantes a una candidatura”, señaló la CIDH.

El organismo exhortó “a las distintas autoridades públicas y a las diferentes fuerzas políticas de México a fortalecer las medias necesarias para garantizar la seguridad de las personas candidatas e investigar los hechos acaecidos de conformidad con las garantías del debido proceso”.

Para el organismo regional las investigaciones de los asesinatos en el contexto electoral “deben estar dirigidas a establecer los autores materiales de los hechos, así como el motivo específico de cada hecho y los autores intelectuales.

Al recordar que el próximo 2 de junio están en juego 20 mil 700 puestos de elección popular, la CIDH advirtió que “se encuentra monitoreando las medidas adoptadas” para la prevención de la violencia, la CIDH reconoció los esfuerzos del Estado para evitar la violencia y responder cuando ocurra.

El organismo lamentó las pérdidas humanas, y destacó que “ha observado con preocupación la ocurrencia de una serie de hechos de violencia -entre los que destacan asesinatos, amenazas, secuestros- en contra de personas precandidatas, candidatas y de dirigentes o militantes de distintos movimientos o afiliaciones políticas”.

En el comunicado la CIDH informó que el Estado mexicano le informó que, “en la actualidad, la protección se otorga a priori ante la mera solicitud para evitar actos de violencia por trabas administrativas”, y que dese el 2 de febrero se puso en operación un protocolo específico para la atención de peticiones de protección a candidaturas correspondientes al Proceso Electoral 2023-2024.

Al considerar que brindar protección genera un “impacto positivo en el ejercicio de los derechos políticos” de las personas candidatas, la CIDH insistió al Estado mexicano “continuar fortaleciendo estas medidas de prevención, tendientes a garantizar elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreteo como expresión de la soberanía del pueblo”.

Tras recordar que la Convención Americana de Derechos Humanos “garantiza el derecho de toda persona a votar y ser elegida en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal y secreto”, la CIDH hizo un llamado a las autoridades judiciales competentes “a investigar y sancionar los hechos de violencia ocurridos en el contexto electoral, ya que combatir la impunidad es condición esencial para prevenir nuevos actos de esta naturaleza”.