CIUDAD DE MÉXICO (apro).-).- A través de un recurso legal, el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador busca participar en el debate jurídico que tiene la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para determinar si el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu –o si el Estado de Israel en conjunto-- está perpetrando actos de genocidio en Gaza.

En un escrito entregado a la CIJ en el marco de la demanda presentada por el gobierno de Sudáfrica, la Cancillería pidió a los jueces que tomen en cuenta que los actos de genocidio pueden perpetrarse durante un conflicto armado y de manera paralela a la comisión de crímenes de guerra; que deben valorarse el “elemento mental” para definir un genocidio, y no solo el “elemento físico”, y que tienen que tomar en cuenta la destrucción de bienes culturales en su valoración sobre las acciones de Israel en Gaza.

En la carta, firmada por Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno de López Obrador también solicitó a la CIJ determinar si la obstrucción de la ayuda humanitaria, perpetrada por el gobierno israelí en la franja de Gaza, puede representar una violación al artículo II de la Convención sobre el Genocidio, y si la misma convención permitiría considerar que el Estado de Israel es responsable de un genocidio.

De esta manera, el gobierno mexicano asume un papel más activo en el juicio en curso en la CIJ, derivado de la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio. El pasado 14 de mayo, el fiscal Karim Khan solicitó a los jueces de La Haya la emisión de órdenes de aprehensión contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Joav Galant, así como contra tres líderes del Hamás, por la presunta comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.