CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Bajo la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, cerca de 300 mil militares están desplegados en México para asumir las labores de seguridad pública; sin embargo, enfrentan una contradicción: como no tienen el mandato de desmantelar a las redes criminales, su papel consiste principalmente en reaccionar ante las explosiones de violencia, para apagarlas y respaldar la narrativa oficial de que la política de seguridad está funcionando.

“En esto, el Ejército tiene una función publicitaria”, considera Falko Ernst, analista en la organización internacional Crisis Group, que publica hoy un informe sobre la estrategia del gobierno de López Obrador ante los más de 200 grupos criminales que se disputan los territorios del país.

En una amplia entrevista con Proceso, Ernst estima que la política de “abrazos, no balazos” promovida por López Obrador tenía la “aspiración intelectual” de llegar a acuerdos pragmáticos con grupos criminales para cesar la violencia, pero se enfrentó con las ambiciones expansionistas de organizaciones sólidamente armadas, y con conexiones en todos los niveles del Estado, que continuaron sus enfrentamientos. El sexenio ha sido el más violento en la historia reciente del país, con más de 184 mil homicidios y 48 mil 297 desapariciones; a finales de 2022 había más de 386 mil personas internamente desplazadas en México.

El experto recalca que, a lo largo del sexenio, los grupos criminales han aumentado su poder en los territorios que controlan –a través de la extorsión o del monopolio sobre cadenas de suministro–, a menudo bajo un acuerdo tácito con el Ejército de que pueden desempeñar sus actividades siempre y cuando la violencia no atraiga la atención. Esto ha conllevado, entre otros, al aumento de las desapariciones, pues un cuerpo desaparecido ya no es un “problema políticamente”.

Preguntar a los protagonistas

“Partimos de una pregunta principal: tenemos tantos militares en las calles hoy en día y nadie sabe bien qué están haciendo. Entonces fuimos a los lugares de alta conflictividad para hacer esas preguntas a los protagonistas de ambos lados de la ley, para darnos cuenta de qué está pasando bajo el manto de la opacidad de la Sedena”, plantea el analista, quien recalca que el informe es producto de cerca de dos años de trabajo y de más de 80 entrevistas con mandos militares, ministerios públicos, policías, políticos, periodistas, así como con líderes delincuenciales, sicarios y brókeres criminales.

“Pasamos tiempo con diferentes grupos armados, platicamos sobre cómo las cosas han cambiado para ellos, cómo se arreglan con las Fuerzas Armadas, sobre el proceso político y sus metodologías para acceder al Estado, incluso durante las elecciones, para seguir gozando de impunidad, que es todavía el recurso clave para cualquier grupo criminal en México”, dice.

–Señala el informe que en algunas zonas existe un entendimiento a nivel local entre militares y grupos criminales para que ambos convivan bajo ciertas reglas tácitas.

–Ha habido una oferta por parte del gobierno federal y de las Fuerzas Armadas hacia los grupos criminales para que disminuyan el nivel de violencia espectacular y a cambio tengan mayores libertades en la forma de gobernar sus territorios, de lidiar con las poblaciones civiles, la política local y las economías lícitas. Si alguien se pasa las reglas, le envían un operativo militar para aplacar la mala prensa y los problemas políticos que les provocan, porque al final están vendiendo una narrativa según la cual todo va bien en México, que hay paz y tranquilidad.

“En ciertas áreas, grupos criminales y líderes lo ven como una oportunidad de tener menos problemas con el gobierno y sobre todo con los militares, que son a los que temen más, pero otros no piensan tan estratégicamente. Muchos líderes criminales solamente hablan el lenguaje de la violencia, con ambiciones de expandir siempre sus territorios, al fin y al cabo las respuestas por parte del Estado no han sido lo suficientemente contundentes y duraderas para frenar estas ambiciones expansionistas”.

–¿Se pudieron contener estos conflictos?

–La aspiración de pacificación pragmática por parte de López Obrador se ha topado con obstáculos grandes, ya que los conflictos criminales se autoperpetúan y no son tan fáciles de aplacar. Entonces es un ejercicio de luces y sombras. Al final del día tenemos altos niveles de conflictividad y también enfrentamientos entre la Sedena y grupos criminales que se comparan de manera general con los niveles que tuvimos bajo Peña Nieto; hasta hay más homicidios que se relacionan con el crimen organizado.

“Examinamos un poco más de cerca la baja oficial de los homicidios en México, que es uno de los grandes argumentos de que sí está funcionando la estrategia de seguridad. Hablamos con quienes están involucrados en la compilación de esas estadísticas, y nos dijeron que no graban todos los homicidios para esconder las cifras. Esto siempre ha existido, pero por la importancia de la narrativa de que las cosas van bien en México hoy en día, hay más incentivo de maquillar las estadísticas.

“También lo hemos visto en la subida de las desapariciones. Una variedad de actores criminales y de mandos militares nos han dicho que los grupos siguen matando, pero desaparecen los cuerpos, por lo que no se vuelven problemáticos políticamente. El jefe de un grupo mediano de Michoacán me dijo con mucha claridad que están matando el mismo número de gente que antes, incluyendo policías, pero que los desaparecen para no tener problemas con el Ejército”.

Un ejemplo del poder del Estado

–¿El Ejército juega entonces un rol de árbitro, de administrador de la violencia?

–Administra la violencia y deja hacer a ciertos grupos, pero cuando se pasan de la raya sí interviene, y ahí se ve el poder del Estado, porque sí pueden ser eficientes en algunos casos. Se han visto situaciones donde hubo una exigencia política de aplicar la fuerza y lo han hecho de manera bastante drástica.

“Hay un ejemplo que retomamos en el reporte, que es el de Michoacán en 2021, donde hubo un empuje muy fuerte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para tomar el estado. Se veía muy oscura la cosa entre los grupos criminales locales, porque el CJNG quería imponerse como fuerza hegemónica, sin alianzas estables con ellos. Para el gobierno, los combates dañaban su narrativa de que las cosas iban bien, sobre todo cuando se generó una cobertura mediática, nacional e internacional, por el tema de los desplazamientos.

“Se dio un interés compartido entre los grupos criminales de Michoacán y la federación para enfrentarse de manera conjunta, y hasta coordinada, contra el avance del CJNG. Y según las fuentes, esto acabó en que hicieron equipo contra el CJNG. El acto más fuerte ocurrió en un frente de batalla entre los municipios de Buenavista y de Tepalcatepec: había un destacamento de fuerzas especiales de la Sedena que todavía no tenían el permiso de intervenir pero que atacaron a los sicarios del CJNG. Según nuestras fuentes —del Estado y de los grupos criminales locales—, hubo diferentes grados de coordinación. Cada uno operaba sus grupos de combate por su lado y en su área, pero se pasaban información sobre el paradero del CJNG o de sus propios hombres, no enfrentarse por accidente, y en algunas ocasiones estuvieron peleando conjuntamente”.

–Después de esta alianza de facto del 2021, ¿han seguido las relaciones entre militares y estos grupos?

–No, y en parte esto es un problema, porque aquí no hubo un seguimiento bajo una perspectiva de pacificación. La ofensiva del CJNG se vio abatida, esta amenaza exterior desapareció, tanto para la narrativa gubernamental como para los grupos criminales locales, y de nuevo los grupos de Michoacán entraron en una guerra interna. Intentaron negociar un acuerdo de paz, pero fracasó porque no existía una autoridad para forzar los participantes a respetar sus reglas. Aparte surgieron acusaciones de que la Sedena tenía una postura de favoritismo hacia un bando.

–Cuando López Obrador llegó al poder y decretó el fin de la guerra contra el narcotráfico, ¿buscaba regresar a la situación que existía antes de Felipe Calderón, con acuerdos entre el Estado y grandes grupos criminales a cambio de paz social?

–Yo creo que ésa era la aspiración intelectual, si la queremos llamar así. Pero la situación se ha complicado tanto, con tantos grupos más, enfrascados en un caos de competencia violenta unos contra los otros, que la violencia no se puede simplemente erradicar con un deseo de regresar al pasado.

“De ahí deriva la decisión de desplegar al Ejército en muchos lugares para reaccionar, para decirles que si no se comportan se les echarán los militares encima. Pero hay dos problemas con esto: los mensajes no son duraderos y no tienen efectos reales sobre la impunidad de los grupos, cuyos líderes no se ven afectados. El otro problema es que el Ejército, la Marina, en cierto grado, han tenido una fragmentación interna importante, con el surgimiento de redes y grupos de oficiales que jalan por su cuenta para enriquecerse y colaboran con intereses criminales que están en competencia uno contra el otro. Esto impide tener una política informal coherente hacia el crimen organizado, porque el Estado está fragmentado en un mosaico de redes y cruces con actores en competición al interior del mundo ilícito”.

–Dejar a los grupos expandir su control sobre los territorios también provoca estragos a nivel local, ya sea por la extorsión, el control de las materias primas o la carrera por armarse.

–Es una apuesta muy peligrosa. Por un lado, podríamos pensar que un acuerdo en el que los grupos criminales se portan bien y el Ejército los deja en paz tiene sentido, pero no ha funcionado así.

“Vemos en algunas zonas que ciertos grupos están amasando más recursos políticos, sociales y económicos con la extorsión y la monopolización de cadenas de suministro. En ciudades como Apatzingán, por ejemplo, ya controlan toda la canasta básica, no sólo por la extorsión, sino porque ellos son los monopolistas, los capitalistas en este momento. Les da una palanca enorme, podrían quitarle la comida al municipio para responder a cualquier acto del gobierno.

“Estamos viendo cómo, en el ciclo electoral, es a nivel local municipal que estos grupos usan sus recursos para ejercer un poder mucho más abierto y descarado. Los gobernadores tienen mucho poder todavía, ya que pueden activar a las Fuerzas Armadas, pero a nivel local ha cambiado la situación. Antes, los grupos criminales se acercaban a un candidato para cooptarlo, por lo que tenían que encontrar el candidato correcto. Ahora vemos que el líder se queda en su cerro y son los candidatos los que van a verlo para ofrecer su colaboración. Él puede escoger, y esto le da un poder casi total sobre el actuar del Estado a nivel local: puede poner a su gente en la nómina, asegurarse de los contratos públicos o controlar las policías”.

Todo mundo lo sabe

–¿Cómo explicar que no exista más información sobre lo que sucede en las regiones más conflictivas?

–En muchas zonas, todo el mundo sabe todo. Te pueden decir dónde vive el jefe local, quiénes son sus familiares, dónde tienen a su gente o sus armas. Hay mucha inteligencia, pero hay mucho miedo. Se gobierna a través del miedo, y para los periodistas locales hay una ley de silencio, que durante este sexenio ha sido más fuerte y más explícita que antes. Y más efectiva: en Veracruz ya no están matando tantos periodistas porque no hace falta, pero hay un silenciamiento muy proactivo. Además, en las Fuerzas Armadas hay una ley de silencio, una omertá, que es más fuerte que la propia ley de silencio del narco. Entonces si no tienes esta parte de la ecuación es difícil entenderla y tener una imagen más justa.

–¿Las propuestas de las candidaturas a la Presidencia de la República en materia de seguridad son factibles?

–Hágase lo que se haga, no es un problema que se va ir ni rápida ni fácilmente. Si seguimos vendiendo soluciones fáciles habrá una expectativa a nivel nacional e internacional que obstruirá las solucionas más factibles. Hay que empezar a bajar las expectativas para hacer cosas más pragmáticas y materialistas.

“Las propuestas de Claudia Sheinbaum aportan un poco de luz, porque ella y su equipo hablan de concentrar los esfuerzos y los recursos en ciertas regiones, en los 10 estados con más homicidios, que concentran las zonas de hiperviolencia. En México la violencia todavía está bastante concentrada, y esto es una buena noticia de cierta manera, porque indica dónde empezar.

“Pero necesita abandonar, aunque no lo diga públicamente, la noción de poder reformar todas las instituciones de un golpe, porque se ha intentado en el pasado y ha fracasado. También es una ilusión, en este momento, el quitar de un golpe el poder a los grupos delictivos. A corto plazo la prioridad deber ser proteger a la población contra una depredación cada más fuerte, que se basa en estrategias muy agresivas. Debe haber un mensaje contundente en contra de ese tipo de actores, donde el Estado muestre que estas prácticas ya no van a ser toleradas. Tiene que identificar a los blancos prioritarios para enviar la advertencia a los demás de que deben comportarse un poco mejor”.

Ya no dependen de la droga

–¿Combatir el tráfico de drogas debe ser la prioridad?

–El ingreso por el tráfico de drogas sigue siendo fuerte, pero los grupos ya no dependen de esto, y su poder tampoco. Si quitas las drogas de un golpe, todavía tendrás un gran problema. Ya está en otro nivel, y por esto hay que dibujar nuevas líneas para proteger mejor a la población contra las prácticas más dañinas, como la extorsión, que destruye la economía local y el empleo, o como el reclutamiento forzado y la devastación ambiental.

“Debe ser una lista de objetivos establecidos con jerarquía de lo que es más dañino y debe frenarse a corto plazo, y con base en ello atender las otras cosas. Hay pocos recursos institucionales, entonces hay que tomar decisiones muy duras. En zonas de alta conflictividad, como Chiapas actualmente, con altos niveles de depredación, frenar las drogas ya no es una prioridad, excepto la venta en menudeo de cristal, que tiene un efecto perverso en las comunidades.

“Y allí de nuevo estamos viendo una pregunta bastante complicada, desde los puntos de vista legales y morales, pero también en temas de aceptación internacional, pues puede haber presión que mine esos procesos más pragmáticos a nivel local, si te metes en la mira de Estados Unidos, por ejemplo.

“También se debe identificar cómo las redes de élite dentro del Estado y del mundo de cuello blanco participan en la guerra. Se debe romper la impunidad de los nodos centrales de estas redes, en conexión con el Estado. La parte visible de los grupos criminales son los sicarios, los chicos malos estereotipados, pero atrás está la cadena grande, que se conecta con las élites, con los procesos políticos, con las campañas. Si quieres quitar la corrupción del sistema político debes apostarle a la transparencia, al seguimiento financiero, al combate contra el lavado de dinero, a romper con la impunidad. Y esta parte falta por completo en la discusión, pues se conecta con esferas del poder donde impera una autoprotección entre actores de todos los colores”.

–¿Qué papel juegan las fiscalías?

–Es interesante tener conversaciones con quienes están dentro de las fiscalías. Ver cómo entran jóvenes pensando que pueden cambiar las cosas y hacer lo correcto, y cómo el proceso de socialización y violencia interna minan estas nociones. Y si hay algo problemático es el actuar de las fiscalías: son los mejores socios de muchos grupos criminales, y esto explica en gran parte la tasa de impunidad. La Fiscalía General de la República (FGR) ha estado totalmente ausente de la discusión sobre la situación de la violencia.

“Tampoco se ha hablado lo suficiente de los intereses económicos de alto nivel, incluyendo la inversión extranjera y el comercio global. Cuando sus intereses son tocados por la inseguridad, la cosa se mueve muy rápidamente, porque el Estado mexicano es muy capaz y tiene toda la inteligencia para actuar en contra de redes criminales. Cada vez que se matan turistas extranjeros se ven resultados en tiempo récord. Esto muestra que existen mecanismos que no se utilizan para exigir resultados”.

–A petición de Estados Unidos, el gobierno capturó a Caro Quintero y a Ovidio Guzmán, y tomó acciones contra los Chapitos, por ejemplo. ¿Por qué en otros casos no?

–Creo que es una expresión de que simplemente las víctimas de la violencia no tienen peso político, no tienen lobby, no tienen protección porque, en su gran mayoría, los que son desaparecidos y los que ponen los muertos, los que peor han sufrido la violencia en las últimas décadas son personas pobres.

“Otros actores no enfrentan tanto los costos de la violencia. Hay actores del poder o inversionistas que ven con cierta preocupación una caída de gobernanza o un riesgo en la factibilidad de sus inversiones, pero por el momento no se ven lo suficientemente afectados como para actuar de manera contundente. Y creo que esto es una apuesta ciega y a corto plazo, porque no hay garantías de que el aumento del poder y de la autoestima de ciertos grupos criminales frente al Estado no vayan a replicar el modelo en otras áreas”.