CIUDAD DE MÉXICO. (Proceso).–  En 2021, a medida de que los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) trataban de imponerse en Michoacán con armamento pesado, blindados y drones con bombas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) formó un frente “de facto” con grupos criminales locales para repelar a la poderosa agrupación: en diversos eventos las fuerzas especiales mataron a sicarios del CJNG, cuyos cuerpos eran recogidos por combatientes de los grupos locales y arrojados en fosas clandestinas.

Esta alianza informal entre la Sedena y grupos antagónicos al CJNG, en la que habrían muerto cerca de 400 civiles armados de la organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, está reportada en un informe de la organización internacional Crisis Group, adelantado a Proceso.

El reporte documenta cómo se ha aplicado, “en la práctica”, la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta estrategia, basada en el despliegue masivo del Ejército en México, no ha podido reducir la ola de homicidios –que suman más de 184 mil en el sexenio–, y tampoco ha frenado el poder de los grupos criminales.

De acuerdo con el informe, en línea con su estrategia de “abrazos, no balazos”, y a diferencia de sus antecesores, López Obrador ha sido reticente en atacar de frente a los grupos criminales. En cambio, en varias regiones los militares instauraron una “suerte de modus vivendi en el que los militares no intervienen en los asuntos internos de los grupos criminales siempre y cuando éstos respeten ciertas reglas”, plantea.

Aquellas reglas consisten, principalmente, en evitar los enfrentamientos con militares, en no causar un desbordamiento de la violencia visible y en no tirar cadáveres a la vista de todos. Cuando un grupo rebasa estos límites, con explosiones desmedidas de violencia, por ejemplo, el Ejército interviene con toda su fuerza. De acuerdo con el reporte de Crisis Group, este modus vivendi entre militares y grupos criminales ha tenido dos efectos colaterales.

Primero, con tal de evitar la aparición de cuerpos en espacios públicos –y de reducir las estadísticas oficiales sobre homicidios–, los grupos criminales desaparecen cada vez más los cuerpos de sus víctimas y los esconden en fosas clandestinas en zonas lejanas. Este fenómeno podría explicar el aumento sustancial del número de personas desaparecidas desde 2019, señala el informe.

“Para los grupos criminales, esconder las víctimas de asesinato ha sido una manera cada vez más popular de evitar las represalias de las autoridades del Estado”, plantea el informe, y recalca que, en Sinaloa, la tasa de desapariciones ya rebasó a la de homicidios, y que en la Ciudad de México la reducción de la cifra de asesinatos fue acompañada por un aumento en la de desapariciones.

El documento destaca las “preocupaciones” sobre la veracidad de las estadísticas oficiales en materia de homicidios, pues al menos en una “ciudad grande” un funcionario del Instituto de Ciencias Forenses comentó que recibían órdenes para registrar a personas asesinadas con tiros de gracia como personas fallecidas por “otras causas”.

Segundo: la negativa de las fuerzas de seguridad a chocar con los grupos criminales ha abierto nuevos márgenes para que éstos consoliden su control sobre los territorios, incluyendo sobre sus gobiernos y sus habitantes. Para asegurar sus ingresos, los grupos han generalizado la extorsión, la extracción de recursos naturales o han asumido las cadenas de distribución de bienes básicos, como huevo, arroz, refrescos o alcohol, asevera.

“Las autoridades han cerrado el ojo sobre cierto grado de ilegalidad, lo que permitió a estas organizaciones diversificar sus operaciones de tráfico (incluyendo hacia nuevas drogas como el fentanilo), expandir sus cobranzas de extorsión, lanzarse en los negocios legales y asumir un mayor control sobre comunidades y gobiernos locales”, sostiene el informe, y agrega que, al diversificar sus negocios, los grupos están reclutando a más integrantes y reforzando sus estructuras.

Abrazos...

López Obrador llegó al poder con la promesa de pacificar el país y de terminar la “guerra contra el narcotráfico”, lanzada en 2006 por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Con esta idea en mente, el Ejército redujo sus operativos y enfrentamientos con los grupos criminales. 

“Según un oficial de la Secretaría de Marina (Semar) de alto rango, días después de que López Obrador tomó el poder, en diciembre de 2018, su superior les ordenó a él y sus pares, de manera específica, ‘cesar todas las operaciones de una vez’ en una región (de Veracruz)”, plantea el informe.

Crisis Group reconoce que existen dos visiones sobre la decisión de no enfrentarse con los grupos armados: una lo ve como una muestra del fatalismo, y otra como pragmatismo, ambos ante el poder de los grupos locales y la situación muy degradada que impera en regiones enteras.

Pero no está funcionando: el número de homicidios se mantuvo a niveles históricos, el de desaparecidos aumentó de manera sustancial desde 2019, se siguen produciendo enfrentamientos –especialmente en Tamaulipas y Michoacán–, dos mil 344 policías han sido asesinados desde el inicio del sexenio, y el gobierno no ha desmantelado las estructuras financieras y de corrupción que nutren la violencia armada. En su lugar, el presidente y su gobierno minimizan la situación de inseguridad, presumen las disminuciones en los niveles de delitos de alto impacto, y atribuyen los reportes de violencia a ataques políticos en su contra. 

“Aunque los éxitos modestos de sus políticas no se deben ignorar, tampoco deben obviarse sus fracasos, ni la realidad de que avances importantes en materia de seguridad requerirán de reformas más profundas para mejorar la gobernanza del sector de la seguridad, extirpar la corrupción y asegurarse de que las partes del país más afectadas por la inseguridad reciban la atención que merecen”, dice el informe.

Para Crisis Group su política de seguridad ha sido contradictoria. Mientras promovía la pacificación del país, amplió de manera inédita el poder, los recursos y las atribuciones de los militares, quienes combaten a los cerca de 200 grupos criminales que pelean por el control de regiones de México con armamento cada vez más pesado, y que han diversificado sus actividades hacia la extorsión, extracción de recursos naturales, asaltos a tráileres o el tráfico de migrantes.

De acuerdo con el informe, las instancias militares tienen desplegados a 281 mil 209 soldados en el país, la mayor cifra en la era reciente, que rebasa el número de policías civiles; el presupuesto asignado al Ejército se multiplicó por 8.6 desde 2018, los recursos de los fideicomisos administrados por el Ejército se dispararon en un 1,700% y el aparato castrense absorbe ahora 20% del gasto asignado a las dependencias federales.

Viendo hacia el futuro, Crisis Group descarta la posibilidad de un cambio radical en la política de seguridad. “Una maniobra para regresar precipitadamente a los soldados a sus cuarteles podría desestabilizar áreas plagadas de grupos criminales que compiten en una carrera armamentista y desencadenar riesgos políticos”, plantea. Y concluye: “El mejor punto de partida sería hacer un reconocimiento franco de que el Estado requiere una limpieza profunda”.