CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con grandes avances “institucionales” como la reforma laboral, que entró en vigor el 1 de mayo de 2019, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hereda un país con cerca de 40 millones de trabajadores que no rebasan los límites de la pobreza laboral, con un incremento de personas ocupadas en el sector informal, sin oportunidades de ocupación para jóvenes preparados académicamente, mientras que el crimen organizado se ha convertido en el “quinto empleador” más grande del país.

A partir de la sistematización de datos oficiales, Willebaldo Gómez Zuppa, integrante del Centro de Apoyo a la Libertad Sindical (Calis), doctor en Estudios Laborales por la UAM Iztapalapa, expone para Proceso algunos de los pendientes que deja el gobierno de López Obrador, que generó grandes expectativas en 2018, pero que en los hechos “no modificó la matriz económica productiva”, de corte neoliberal, que tiene México desde el gobierno de Miguel de la Madrid.

Investigador y académico de la UAM Cuajimalpa y de la Facultad de Economía de la UNAM, Gómez Zuppa reconoce que la matriz económica laboral del país “no se puede cambiar en un sexenio”, y que ha significado “una pesada losa que los gobiernos neoliberales desde los años ochenta empezaron a implementar, colocando a México como un país atractivo para el capital extranjero, mediante la inversión extranjera directa a través de los recursos naturales y a través de la oferta de la mano de obra barata y muy calificada”.

Continuar con este modelo ha significado descuidar “la innovación tecnológica, donde hay empleos más ligados a los desarrollos científicos y tecnológicos”.

El investigador, que se define como “un optimista informado”, admite como uno de los grandes avances en el país el incremento del salario mínimo, por arriba de la inflación, al pasar de 88.40 pesos en 2018 a 248.90 en 2024, aumento que dio pauta a los empleadores para fijar un tope para no pagar más de uno a dos salarios mínimos, de manera que la pirámide salarial se ensancha en quienes tienen esas percepciones.

“En 2018 teníamos 8 millones 487 mil trabajadores que ganaban el salario mínimo, en diciembre de 2023, según datos del INEGI, quienes ganan un salario mínimo son 20 millones 670 mil trabajadores, un incremento de 143.5%”, explica Gómez Zuppa.

Si a esa cifra se le agregan otros 20 millones de personas que ganan dos salarios mínimos, resulta que la mayor parte de los 58 millones de trabajadores que hay en el país no pasan de percibir entre 250 a 500 pesos al día, “pero no podemos estar hablando hoy de que este conjunto de personas logren rebasar el nivel de pobreza laboral que define el Coneval”, que se refiere al ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta alimentaria, apunta.

Explica que, considerando que, de acuerdo con el INEGI, una familia promedio está integrada por 4.3 personas, “un trabajador tendría que allegarse poco más de 4 mil pesos, por persona; si pensamos en una familia tendrían que ser 16 mil pesos para rebasar el nivel de pobreza, pero en el caso de las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos no logran llegar a este nivel”.

Para el investigador, pese a los avances registrados en esta administración, “todavía tenemos una pesada losa como país para revertir esa pobreza laboral, porque a pesar de que tú puedas tener trabajo, tengas contrato, trabajes de ocho o 10 horas, no puedes salir de los niveles de pobreza porque los niveles salariales son muy bajos; ahí todavía tenemos un pendiente para desarrollar”.

Gómez Zuppa alerta que mientras la mayoría de los trabajadores se encuentran en pobreza laboral, “las personas que ganan más de cinco salarios mínimos pasaron de 2 millones 385 mil en 2018, a 678 mil trabajadores en diciembre de 2023 hay una caída drástica de 71.5%”.

Como dato adicional, que considera a los 58 millones de trabajadores del país, es que 60.5% no tiene acceso a servicios de salud, “no cuentan con el IMSS, IMSS-Bienestar ni con el ISSSTE ni con otro sistema de seguridad social en los estados o municipios”, mientras que 38.7 de trabajadores sí cuentan con acceso a la salud por el trabajo.

El catedrático de la UAM y la UNAM advierte que ese porcentaje de trabajadores sin seguridad social prácticamente se mantuvo inamovible en los últimos años, pues en 2018 era 61% de la base trabajadora, por lo que “el problema es la inspección al trabajo”.

Se incrementó el trabajo informal

El investigador considera como una de las grandes deudas el crecimiento del trabajo informal, que representa 30% de la base trabajadora, lo que habla de “una economía que no logra dar los mínimos establecidos en la ley, son sectores donde no se reconoce una relación laboral y que no pagan impuesto por la vía del producto del trabajo”.

Recuerda que cuando se declaró la pandemia por covid 19, “se dice que no se cayó mucho el consumo, porque la mayor cantidad de gente que perdió su empleo se fue al sector informal, siguió ganando dinero, no se iba a quedar a morir de hambre en su casa, pero el sector de la informalidad se mantiene prácticamente en el mismo nivel que con los gobiernos neoliberales”.

Gómez Zuppa alerta que una de las consecuencias de no modificar la matriz económico laboral es que el sector de servicios, “donde se requiere poca calificación”, sigue creciendo, y es donde se ubica 60% de los trabajadores.

Preparados pero sin empleo

En ese sentido, para el investigador se deja una gran deuda para los jóvenes, sobre todo a quienes tienen educación media superior, superior o nivel posgrado.

“En 2018 tenía 875 mil trabajadores con educación media superior y superior como desempleados, y en 2023 estamos hablando de más un millón de personas, es decir, en cuanto tenemos trabajadores más preparados con bachillerato, licenciatura, ingeniería o posgrado la posibilidad de quedarse sin empleo es mucho mayor. Ahí sí sigue un tema de preocupación”.

En sentido contrario, “los sectores que más se ocuparon son aquellos que tienen primaria completa. El nivel de desocupación pasó de 215 mil trabajadores en 2018, a 150 mil trabajadores, reducción de poco más de 60 mil que lograron tener empleo, situación derivada de no cambiar la matriz económico laboral”.

Ante la falta de oportunidades, Gómez Zuppa advierte que muchos jóvenes preparados, incluso con dominio del inglés, “terminan migrando al otro lado (Estados Unidos), haciendo una actividad igual a la que harían en México, vincularse al sector servicios o a cualquier otro sector, pero ganando diez veces más de lo que se ganaría en nuestro país”, migración que se traduce en el incremento de remesas.

“Se presenta como una buena noticia que hayan crecido las remesas, pero es evidencia de que México sigue teniendo esta gran deuda con sus trabajadores jóvenes para brindarles buenos empleos y bien remunerados”, apunta.

Crimen organizado sale ganando

Peor aún, esa deuda con los jóvenes se ha convertido en una oportunidad para organizaciones criminales, resalta el investigador, al citar un estudio publicado en la revista Science, en septiembre de 2023, que revela que en México los cárteles contarían con 175 mil integrantes, convirtiendo al narcotráfico en el quinto empleador más grande del país.

El estudio, titulado “Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico”, alerta de que la estimación del número de personas que estarían al servicio de los cárteles estaría sólo por debajo de grandes corporativos, como Femsa, con 321 mil; Walmart, con 231 mil; Manpower, 203 mil, y América Móvil, con 181 mil.

El cálculo de 175 mil empleados del narcotráfico, que surge de considerar que para operar los grupos criminales reclutarían entre 350 y 370 por semana, sería superior a los empleados con que cuenta la cadena Oxxo (168 mil), Bimbo (138 mil) y Pemex (124 mil).

El investigador alienta a imaginar lo que significa para los jóvenes mexicanos enfrentarse a una encrucijada ante la pobre oferta laboral que ofrece el país, en donde la mayor aspiración es “trabajar por dos salarios mínimos, que representan algo así como 500 pesos, 15 mil pesos al mes, que significa trabajar por más de 48 horas a la semana, pero si se vincula a cualquier trabajo ilegal, en este caso la distribución o comercialización o trasiego de narcóticos, eso es lo que se puede ganar en un día”.

Gómez Zappa lamenta que “para muchos jóvenes no hay otro espacio laboral” más que el ilegal, sólo así se explica que el crimen organizado esté entre el “top cinco de los más importantes empleadores, un dato para asustarse, porque significa que tienes una economía con este gran déficit de brindar espacios laborales que permitan el desarrollo armonioso de la vida social para los trabajadores”.

El investigador apunta que, ante esos datos, poco ha logrado el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, supuestamente diseñado para alejar a la juventud de las redes criminales, pero que en los hechos sólo ha permitido que las grandes empresas vean crecer sus ganancias.

Explica que si bien a través de ese programa los jóvenes adquieren experiencia laboral, “esa formación no le cuesta al empleador, lo que significa un financiamiento al capital privado, por eso observamos que las ganancias de los grupos empresariales crecieron en este sexenio”.

Agrega que “el gran problema es que nada los obliga a darle trabajo al joven que tuvieron durante un año o dos, sino que lo desecha y van por otra persona que van a usar por unos años y les va a salir gratis la capacitación”.

Esta situación lleva al investigador a referirse a la rotación laboral, que ronda en 40%, es decir, que por cada 100 que entran al mercado laboral en enero lo más seguro que al final del año 40 se hayan ido. Eso sigue siendo un problema, porque entonces los trabajadores no generan antigüedad, no generan derechos, no generan esta vinculación con sus espacios laborales, más aún cuando más de 50% de los 58 millones de personas ocupadas son menores de 40 años”.

Los sindicatos

El profesor e investigador considera que sin duda una de las apuestas que se tuvo con esta administración fue la democratización sindical, es decir, “construir nuevos espacios de representación, tener una conexión con la base y que los trabajadores pudieran elegir libremente a sus dirigentes”.

A cinco años de la reforma laboral, Gómez Zappa alerta que sólo 5% de las representaciones sindicales del país han sido electas de manera democrática, y que corresponden a los sectores automotriz y manufacturero, que son los que los socios comerciales del T-MEC, Estados Unidos y Canadá, tenían interés en cambiar las condiciones laborales.

“Tenemos prácticamente las mismas estructuras sindicales que han dominado el escenario laboral, este corporativismo sindical del Congreso del Trabajo, la CTM, la CROM, la CROC la CTC, y se presentan en la actualidad con un halo supuestamente democrático, porque ahora cumplen con la ley, desde ahí sostenemos que se vive un proceso de simulación.

“Sin duda en este sexenio hubo un cambio importante en materia institucional, la modificación de las leyes, pero el otro tema es la aplicación y la revisión de lo que sucede dentro de los espacios laborales, insistimos en que lo que falta por afinar es el tema de la inspección en materia de trabajo”, sostiene el investigador.

Al destacar que el trabajo de Calis es precisamente analizar los datos para “ubicar los puntos conflictivos”, Willebaldo Gómez Zuppa refiere que la herencia en materia laboral para el próximo gobierno es muy compleja, y que hasta ahora no se ve reflejado ese diagnóstico en las propuestas de los aspirantes a suceder a López Obrador.

“Las cosas no se resuelven con una varita mágica, que es un poco el discurso de este gobierno, que llegando al poder, teniendo democracia y no corrupción las cosas van a cambiar. Es algo más complejo, tiene que ver con muchos más factores.

“Lo que no leemos en las propuestas, los programas de gobierno, en los planes de las candidatas y el candidato es cómo lograr resolver estos problemas que en el ámbito laboral aquejan a la clase trabajadora mexicana”, alerta el investigador del Centro de Apoyo a la Libertad Sindical.