CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y El Poder del Consumidor, alertaron que 98% de las escuelas del país venden comida chatarra a menores de edad, por lo que exigieron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitir nuevos lineamientos para prohibir la venta de estos productos en las escuelas del país, como la reforma a la Ley General de Educación.

Con diez años de monitoreo de la venta de alimentos en las escuelas del país, las organizaciones puntualizaron que la exigencia a la dependencia encabezada por Leticia Ramírez Amaya, deriva de “las epidemias de diabetes, sobrepeso y obesidad” que arrastra el país, enfermedades de las que no son ajenos los niños y niñas.

En el contexto del Día Internacional de la Niñez, las organizaciones informaron que “uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes viven con sobrepeso y obesidad, y uno de cada dos vivirán con diabetes”.

Al señalar que cada año el Estado se ve obligado a solventar 650 millones de pesos por la atención esas enfermedades, las organizaciones alertaron que en el caso de niños y niñas con esos padecimientos, “se estima que vivirán cuatro años menos que sus padres, y además, lo harán enfermos la mayor parte de su vida”.

De acuerdo a un estudio realizado por Redim y El Poder del Consumidor, en las escuelas del país los menores de edad “consumen cada día 550 calorías sólo de productos chatarra, pudiendo aumentar hasta siete kilogramos de peso al año”, generando “complicaciones gastrointestinales, ortopédicas, apnea de sueño, estigma y la manifestación temprana de enfermedades cardiovasculares y diabetes”.

Titulado “Mi escuela Saludable”, el informe sobre la plataforma que lleva el mismo nombre, resalta que en el periodo escolar 2023-2024, las organizaciones recibieron 13 mil 437 reportes correspondientes a 9 mil 582 escuelas del país, “denunciando que la mayoría de los espacios escolares a nivel nacional incumplen con la regulación obligatoria y sancionable”, de vender comida saludable.

De acuerdo con la información recabada por las organizaciones, en 98% venden golosinas, dulces, frituras y/o helados; en 79% de las escuelas reportadas, venden refrescos; sólo en 19% los menores tienen acceso a frutas, verduras y agua potable para el consumo, en tanto que en apenas 4% de las más de 9 mil escuelas “cuentan con un comité que vigila el cumplimiento de la ley”.

La coordinadora de la plataforma, Liliana Bahena, calificó como “alarmante e indignante” que después de diez años de monitorear el tipo de alimentos que se venden en las escuelas, la situación “es grave y cada ciclo escolar empeora”, orillando a los niños, niños y adolescentes a consumir comida chatarra, “a veces como única opción de consumo, dañando su salud, nutrición y aprendizaje”.

La investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Ana Abreu consideró que, de aplicarse de forma efectiva la reforma al artículo 75 de la Ley General de Educación, que prohíbe la preparación, venta y distribución de alimentos y bebidas con bajo nivel nutricional, disminuiría la prevalencia de obesidad infantil en un 80 por ciento.

Al recordar que la SEP tiene como límite el mes de junio para emitir los lineamientos sobre la venta de alimentos en las escuelas, la investigadora urgió a que estos sean “de fácil implementación, así como el monitoreo continuo, incluyendo la aplicación de sanciones cuando sea necesarias”.

La directora ejecutiva de Redim insistió que la reforma a la Ley General de Educación “y el reconocimiento al derecho a la alimentación adecuada son parte del marco de derechos que deben de ser velados y garantizados para niñas, niños y adolescentes”, de ahí que el Estado mexicano deberá rendir cuentas a la Convención de Derechos del Niño en Ginebra, por la continua violación de derechos a un entorno escolar saludable”.

Las organizaciones exigieron a la SEP “a diseñar e implementar efectivamente los nuevos lineamientos generales para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas en las escuelas del sistema educativo nacional en junio” de este año, como marca la ley.

Asimismo, pidieron a los aspirantes a la Presidencia de la República “incorporar en sus planes de trabajo acciones concretas y esfuerzos coordinados en políticas públicas e salud y nutrición que protejan y garanticen entornos saludables para niños, niñas y adolescentes”.