CIUDAD DE MÉXICO (France24).– El futuro de las pensiones mexicanas se debate semanas antes de las elecciones presidenciales. Con 70 votos a favor, 43 en contra y dos abstenciones, el controvertido Fondo de Pensiones para el Bienestar fue aprobado dentro del Senado, que ahora delega la responsabilidad final al Ejecutivo, que solo tiene que firmar la iniciativa para que sea promulgada como ley.

En su conferencia diaria, López Obrador dio este viernes 26 de abril la bienvenida a la aprobación del Senado, vaticinando que será el próximo 1 de mayo cuando su gobierno delimite los procedimientos prácticos con los que funcionará el fondo, que el presidente espera que comience a operar a más tardar el 1 de julio.

“Se va a crear el fideicomiso, se va a financiar para que tenga recursos y que ya para el día primero de julio se pueda entregar la primera compensación al primer trabajador y a partir de ahí, ya hacia adelante”, afirmó el mandatario mexicano horas después de la aprobación de la reforma pensionaria.

Criticado por la oposición y elogiado por el oficialismo, el Fondo de Pensiones para el Bienestar pretende recaudar fondos públicos para completar las cuentas de retiro de los adultos mayores que tengan una pensión menor al salario promedio de los empleados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con actualizaciones anuales basadas en la inflación.

¿De qué se trata el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

Nacida desde la bancada del partido oficialista Morena en el hemiciclo mexicano, el Fondo de Pensiones para el Bienestar plantea la reforma de la Ley del Seguro Social, la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El ambicioso fondo tiene por objetivo garantizar el acceso a una pensión digna a los adultos mayores de 65 años que comenzaron a cotizar en el Seguro Social después de 1997, cuando entró en vigor la legislación actual en materia de pensiones. El proyecto de ley es parte del ambicioso paquete de reformas propuesto por López Obrador en febrero pasado.

La propuesta busca otorgar una pensión igual al 100% del último salario mensual del pensionado, con un tope del salario promedio registrado en el IMSS, que es de poco más de 987 dólares.

La controversia de la reforma viene de la manera que la iniciativa del oficialismo pretende recaudar fondos para completar las jubilaciones menores a esa cantidad.

Desde 1997, las pensiones mexicanas están bajo el cargo de un sistema privado de administración, conocido como Afore. López Obrador ha mostrado su inconformidad con el esquema pensionario actual, al que ha calificado como "una gran injusticia".

Por ello, la reforma pretende obligar al sistema de Afore a transferir poco más de dos mil millones de dólares al Fondo de Pensiones para el Bienestar, dinero procedente de las cuentas de retiro de los trabajadores con 70 años o más que no hayan sido reclamadas.

Además, la iniciativa también incluye fondos provenientes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de liquidaciones en deudas fiscales, y utilidades de los proyectos estatales en infraestructura, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.

Según datos oficiales, en el 2023 había poco más de 16 millones de adultos mayores de 60 años dentro de territorio mexicano.

Morena busca "manosear y saquear los ahorros de los trabajadores": Xóchitl Gálvez

La oposición mexicana no ve con buenos ojos la aprobación de la ambiciosa reforma. En una conferencia de prensa, el pasado 25 de abril, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México para la Presidencia, Xóchitl Gálvez, criticó la implementación del nuevo fondo pensionario. 

“Es inaceptable que Morena busque manosear y saquear los ahorros de los trabajadores que durante años y con tanto esfuerzo han logrado guardar un poco de toda su vida profesional”, mencionó la candidata conservadora, que señaló al gobierno de Morena de querer "robarle todos sus ahorros a las familias mexicanas".

Por su parte, Ignacio Mier, senador parte de la bancada oficialista que llevó la iniciativa al pleno de la Cámara alta, defendió el proyecto de reforma de su partido, agregando que “el fondo lo que pretende ser es un fondo solidario de compensación, que no afecta ningún derecho, ni le roba a nadie”.

En vísperas de las elecciones generales mexicanas, Andrés Manuel López Obrador busca completar su última megareforma antes de dejar el cargo en diciembre, aunque eso no convence a todos los sectores de la sociedad.