SALTILLO, Coah (Proceso).- En Coahuila, presidentes municipales que buscan la reelección cometieron irregularidades en el manejo de recursos públicos que tenían como destino obras, servicios, seguridad y hasta la operación administrativa de los ayuntamientos, de acuerdo con el informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2022, que fue el primer año de gobierno de los alcaldes.

Por el PRI buscan la reelección en 17 de 25 presidencias municipales, entre ellos el de Torreón, Román Alberto Cepeda González. En su gobierno se encontraron las más graves observaciones por parte de la ASF. En la anterior elección por las presidencias municipales, Cepeda fue en alianza con el PRD y en la del presente año se sumó Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

En el caso de Morena buscan la reelección en dos ayuntamientos: Frontera y Múzquiz. Ciudad Acuña, cuyo alcalde ganó con las siglas de ese partido, hoy va por la Alianza Ciudadana por la Seguridad, del PRI, PRD y UDC. En el PAN sólo uno de los cuatro presidentes municipales busca repetir.

En el municipio de Torreón el órgano fiscalizador federal detectó que el presidente municipal priista realizó pagos por obras inconclusas y hasta desvió recursos a la empresa PASA, concesionara del servicio de limpieza, por el “barrido manual” en las oficinas municipales. Las irregularidades observadas ascienden a poco más de 193.9 millones de pesos.

El documento se hizo público en febrero último y en él se establece que el municipio de Torreón autorizó pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM), por “conceptos que no se encontraron en operación”, por un importe de un millón 658 mil pesos, y por volúmenes de obra pública no ejecutados por un monto de 574 mil pesos, lo que implica “que no proporcionaron los beneficios programados a la población objetivo del fondo”.

Eso fue el resultado de la inspección física a cinco obras por parte del órgano fiscalizador, entre las que se encuentran la rehabilitación del drenaje sanitario en la colonia Morelos, así como la rehabilitación de la red de agua en las colonias Tercero de Cobián y José R. Mijares, además de trabajos en parques públicos de colonias populares como La Merced II y Ex Hacienda la Perla.

Aunque la autoridad municipal entregó documentación para acreditar el gasto, la ASF mantuvo la observación porque el gobierno local “no aclaró ni justificó las razones por las cuales se autorizaron y realizaron los pagos de los conceptos y los volúmenes no ejecutados de los contratos”; por ello determinó la promoción de una sanción de responsabilidad administrativa.

En entrevista con Proceso, Cepeda González aseguró que cuenta con finanzas sanas y que las observaciones son parte de un proceso normal que se atiende. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la obra revisada por los montos no ejecutados, se molestó. “¿Quién te mandó?”, inquirió dos veces antes de que su jefa de Prensa cortara abruptamente la entrevista, agrediendo a la reportera.

El edil torreonense también cuenta con solicitudes de aclaración por 57.9 millones de pesos por haber considerado las participaciones federales como ingresos propios.

El monto observado es de 98% del recurso que recibió el gobierno de Cepeda González y con los cuales adquirió 40 vehículos para la Dirección de Seguridad Pública y realizó obras para el programa sectorial de gestión de agua potable. El gobierno municipal trató de justificar la clasificación del origen del recurso, pero no entregó los registros contables necesarios, por lo que se promovió una sanción de responsabilidad administrativa.

En cuanto al gasto federalizado que comprende los recursos de varios fondos, el municipio se ubica en el segundo lugar con mayor cantidad de dinero por comprobar, con 133.8 millones de pesos, después de Juárez, Chihuahua, cuyas observaciones ascienden a 151 millones y están relacionadas con incumplimientos en la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. El ayuntamiento lagunero se ubica en tercer sitio nacional respecto de esa irregularidad.

En ese rubro la ASF encontró pagos indebidos a la empresa Concesionaria y Alumbrado de Torreón, por 89 millones 556 mil pesos, de los cuales 76.4 millones corresponden al Fondo de Fortalecimiento Municipal, mismos que se pretendieron justificar, pero el órgano fiscalizador consideró que “no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia para el desahogo de las observaciones”.

También existe daño o perjuicio a la hacienda pública federal por el pago de 56.1 millones de pesos “improcedentes o en exceso” que se hicieron a la empresa concesionaria del servicio de limpieza, PASA. Se trata de varios conceptos, pero uno de ellos corresponde al “barrido manual” de oficinas de Servicios Públicos Municipales, por los cuales se erogaron 305 mil pesos. El total es de 133.8 millones.

Para atender las observaciones de este rubro, el ayuntamiento comunicó que entregaría toda la información y documentación que avala el contrato con la concesionaria. Pero en octubre de 2023 presentó otros documentos, lo que generó “incertidumbre jurídica” de los mismos, y, por ello, se le notificó al ayuntamiento que “la negativa a entregar información a la Auditoría Superior de la Federación, así como los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán sancionados”.

Un contrato para la compra de combustible también fue auditado y se encontró que se pagó por producto mayor a la capacidad de las unidades que lo recibieron y se suministró diésel o gasolina a unidades que no estaban autorizadas.

“En conclusión, el municipio de Torreón no realizó un ejercicio eficiente ni transparente en el cumplimiento de la legislación y normatividad administrativa aplicable a los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, para los contratos y convenios financiados con recursos del gasto federalizado”, precisa el documento.

Otros municipios bajo la lupa

La revisión de la cuenta pública de Monclova no arrojó observaciones, pero sí hubo una recomendación al alcalde, Mario Alberto Dávila Delgado, a quien el órgano fiscalizador le señala que hay omisiones para incorporar al sistema las estrategias y mecanismo de control desarrollados para un mejor gestión y seguridad en el cumplimiento de objetivos y el manejo de los recursos.

En el caso del municipio de Frontera, gobernado por Roberto Piña Amaya, de Morena, la ASF emitió una recomendación y dos pliegos de observaciones por el daño a la Hacienda pública que asciende a 2.3 millones de pesos.

Las observaciones están relacionadas con irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) y se enfocaron al contrato ADQ-CLIMP-001-2022, por el cual se pagaron cinco millones 287 mil pesos por la compra de dos camiones usados para el departamento de limpieza municipal. La ASF considera que hay un daño a la hacienda pública federal por más de un millón 371 mil 800 pesos por el sobreprecio pagado por dichas unidades, en cuya factura no aparece que no serían nuevas.

La Auditoría Superior de la Federación detalló que dicho contrato se hizo el 10 de marzo de 2021; es decir, 11 meses antes de la sesión del cabildo donde se aprobó la adquisición de las dos unidades seminuevas, y en la inspección de dichos bienes se detectó que contaban con los logotipos del municipio cuando se realizó el avalúo, lo que significa que éste se hizo después de la compra.

Otra irregularidad es que el avalúo reflejó montos inferiores a lo que se pagó. Por estas irregularidades se abrieron también dos procedimientos de responsabilidades administrativas.

El órgano fiscalizador precisó también que no se hizo una licitación pública para la adquisición de dichos vehículos, como lo establece la normativa por el monto.

Otra irregularidad detectada en dicho contrato es que el ayuntamiento adquirió un financiamiento por casi un millón de pesos con la empresa a la que le compró los camiones, pero no se especificó el fin, las características, ni mecánicas de cálculo, así como si dicho monto fue originado por el otorgamiento de algún crédito en favor del municipio.

En el proceso de la auditoría se logró recuperar sólo 123 mil 290 pesos, por lo que más de 2.3 millones de pesos están pendientes de aclaración.

Sin embargo, Piña Amaya negó tener dichas observaciones y aseguró que el caso de los camiones es resultado de una denuncia que hizo un medio de comunicación al que no le quiso pagar publicidad.

“No tengo ninguna observación de fondo, todas son de forma y son de las adquisiciones de camiones, la denuncia me la puso el periódico el Zócalo porque no le quise dar dinero de un convenio que tenían. Yo no tengo nada real ni fuente fidedigna. Hay dos cosas que no soy: no soy ratero ni soy huevón, y no me rodeo de rateros”, dijo, pese a que informe de la ASF es público y el ayuntamiento le informó del inicio de procedimientos administrativos.

La ASF también hizo observaciones en torno a que la cuenta bancaria en la que se recibieron los recursos de dicho fondo no fue productiva y tampoco fue abierta para dicho fin, como debió de ser, ya que se detectaron recursos de otras fuentes de financiamiento y no se generaron rendimientos financieros. Por ello, se promovió una acción de responsabilidad administrativa de parte del municipio al igual de las irregularidades al reportar una cifra diferente del gasto de dicho fondo en el cuarto trimestre y otra al final del año.

Contratos irregulares

La presidenta municipal de Múzquiz, Tania Flores Guerra, candidata por Morena, pidió licencia el 1 de enero de este año como diputada local, cuando iniciaba la actual Legislatura, para buscar la candidatura al Senado. Al no obtenerla regresó al ayuntamiento, donde ahora quiere reelegirse.

La auditoría se enfocó en la revisión de un contrato de obra por la construcción de una cancha en la plaza principal de la población de Esperanzas, en la cual se invirtieron 273 millones de pesos. Se hicieron observaciones porque durante la inspección física se observó el deterioro en las gradas y en el pasto de la cancha deportiva, pero no se aplicó una póliza de garantía porque no se contaba con ella para atender vicios ocultos.

En el transcurso de la auditoría se proporcionó la documentación y se inició el procedimiento administrativo correspondiente. En este caso, las observaciones fueron solventadas.

Pese a ello, la alcaldesa no aceptó la entrevista. Su equipo de comunicación solicitó adelantar las preguntas que se le harían y cuando se le mencionó el tema de las observaciones por el órgano fiscalizador de la federación, ya no respondió los mensajes.

En tanto, Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, munícipe de Acuña, fue postulado para esta administración por la coalición de UDC y Morena, pero hoy es abanderado del partido local en la Alianza Ciudadana por la Seguridad (en la que también participa el PRI y el PRD), al inconformarse porque el partido guinda aplicaría encuestas para determinar si él o alguien más contaba con más preferencias.

Al ayuntamiento acuñense se le revisó el recurso operado a través del Fortamun, por un monto de cinco millones 435 mil pesos, con el que se adquirieron seis camionetas doble cabina modelo 2022, equipadas con patrulla, torreta, sirena, gancho de arrastre y estructura metálica trasera con lona, entre otro equipamiento.

Aunque se hizo una licitación nacional, el procedimiento estuvo plagado de irregularidades: cuando se dio el fallo no se mencionó la cotización del resto de los participantes, sólo la del proveedor al que le adjudicaron el contrato. Éste no estaba inscrito en el padrón municipal, por lo que careció de su certificado de aptitud vigente durante este proceso.

La autoridad municipal integró un expediente por posibles responsabilidades administrativas, ya que en la minuta de la sesión para aclarar dudas se establece que se entregaron bases y anexos equivocados a los participantes y no se resolvieron preguntas; tampoco fue reagendada la sesión.

El proceso fue verificado por el director de Obras Públicas y no por la representación jurídica del ayuntamiento o el área de Seguridad.

Las irregularidades continuaron una vez que las unidades fueron entregadas, pues no existe un documento que permite verificar que éstas se recibieron en el plazo, lugar y condiciones establecidas en el contrato, además de que se pagó al proveedor recursos sin haber entregado el comprobante fiscal correspondiente para su validación.

En la inspección física encontraron que cuatro de los seis vehículos estaban funcionando y son utilizados por elementos de la policía municipal, mientras que los dos restantes se encontraron en reparación en un taller. El municipio aplicó la garantía otorgada por el proveedor.

El alcalde no respondió a las solicitudes de entrevista que se le hicieron.