CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).–La Asamblea Nacional Popular acordó el plan de acción para exigir una reunión inmediata al presidente Andrés Manuel López Obrador por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que en septiembre cumplirá una década y que el hoy mandatario se comprometió resolver. 

“Si no hay diálogo, la fiesta electoral se empañará con la voz de Ayotzinapa”.

Advirtieron que ampliarán las protestas con maestros y campesinos para llevar su lucha de justicia a las calles. Y llamaron a un boicot a las campañas electorales.

Este sábado, organizaciones sociales, colectivos y estudiantes sesionaron en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante seis horas para definir un plan de acción ante la postura del mandatario de recibir a los padres de los 43 después de las votaciones del 2 de junio.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, dio a conocer el plan de acción “La verdad y la justicia a la deriva” del 26 de abril al 1 de mayo que arrancará con una marcha nacional y la instalación de un plantón den el zócalo de la Ciudad de México.

Otra será un mitin den el juzgado quinto de distrito en materia administrativa para exigir agilizar el trámite de amparo contra la negativa del Ejército a entregar información relevante del caso Ayotzinapa.

Además de una manifestación en la Fiscalía General de la República y una movilización masiva en Guerrero y la capital del país.

El comunicado firmado por las madres y padres de los 43 dice de manera textual:

Ayotzinapa, Guerrero, a 13 de abril del año 2024.- Las madres y padres de los 43 les saludamos fraternalmente y les decimos que seguimos firmes en la lucha por verdad y justicia.

A casi 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes la investigación que encabeza el presidente de la república ha fracasado, porque hoy no sabemos el paradero de nuestros hijos, sólo existen hipótesis que distan mucho de ser verdad.

En el actual gobierno los grandes problemas continúan irresueltos, los grupos de la delincuencia controlan amplias zonas del país mientras la violencia lacera la vida de las familias de nuestro país, principalmente los pobres, la violencia contra las mujeres se acrecienta, los derechos laborales siguen siendo precarizados en la que los patrones salen ganando, los derechos a la educación, salud y vivienda son negados.

Mientras esto ocurre, el movimiento social sigue disperso y la fiesta electoral marca la agenda pública. Prevalecen discursos vacíos, de candidatos impuestos por una clase política disociada de los pueblos y la gente de abajo, varios de ellos de la derecha y con vínculos con grupos delictivos.

La candidata (presidencial) del partido Morena (Claudia Sheinbaum) que es la que se dice representar el movimiento progresista, sus 100 puntos de propuestas de campaña corresponden a obras y megaproyectos que terminará profundizando el capitalismo y enriqueciendo a las élites económicas. Esas propuestas no tienen nada de izquierda y sí de capitalismo salvaje y depredador.

Por otro lado, las líneas de investigación relevantes del caso no se han impulsado por que no se cuenta con una fiscalía especial y Comisión para la Verdad y el Acceso a la justicia imparcial e independiente. Estos mecanismos especiales se han desmantelado y no existen condiciones para realizar una investigación pronta e independiente a la altura que exige el caso Ayotzinapa.

Existen pruebas de que las investigaciones avanzaban, pero cuando la misma tocó al ejército mexicano el presidente frenó las pesquisas, para encubrirlos.

A la fecha existen elementos de pruebas contundentes que el ejército mexicano debe ser investigado por sus acciones y omisiones en la desaparición de los 43 por las siguientes razones:

a) El 50 batallón de infantería del ejército mexicano infiltró a dos soldados en la normal inscribiéndose con fachada de alumnos de esta manera informaban las actividades de los estudiantes desde antes del 26 de septiembre. Cabe destacar que uno de los 43 estudiantes desaparecidos era un soldado infiltrado.

b) Cuando los estudiantes arribaron a Iguala cuatros soldados dieron seguimiento a los estudiantes (dos soldados de manera directa y dos más a través del C4) siendo testigos de las agresiones que sufrieron de principio a fin.

c) Un testigo que declaró ante Ministerio Público y ante Juez refirió que 25 estudiantes fueron ingresados al 27 Batallón de infantería con sede en Iguala, torturados y asesinados, posteriormente entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos.

d) El Ejército Mexicano tenía intervenidos los teléfonos de los cabecillas del grupo delictivo Guerreros Unidos y a los policías municipales de Iguala, cobra relevancia la intervención telefónica a los cabecillas del grupo delictivo Guerreros Unidos y de la Policía Municipal de Iguala en la que en horas clave de la desaparición a los jóvenes referían que 17 estaban siendo trasladados de barandilla Municipal a Loma de Coyotes.

Por lo tanto, las pruebas existen y están en manos del gobierno, concretamente de la CoVAJ. Es claro que no hay voluntad política de AMLO para investigar seriamente al ejército mexicano, por el contrario, su narrativa de culpar a los abogados de las madres y padres de los 43 es una táctica deliberada de encubrir al ejército mexicano por sus crímenes cometidos contra los estudiantes de Ayotzinapa.

A la fecha es importante para las madres y padres que tenga lugar una reunión con el presidente para hacer un balance de las investigaciones y el gobierno dé cuentas de los resultados en el caso y donde están los jóvenes. Para las madres y padres es fundamental que el gobierno diga qué se logró esclarecer y qué está pendiente.

El caso Ayotzinapa no camina por la ruta del calendario electoral sino por la senda de la verdad y justicia, por lo tanto, no podemos esperar a que termine el proceso electoral, la reunión con el presidente tiene que ser en los plazos que el propio jefe del ejecutivo refirió.

Mientras el diálogo no tenga lugar, la lucha de las madres y padres de los 43 seguirá.

Ampliaremos las protestas incorporando a otros sectores, haremos alianzas con los maestros, campesinos e indígenas que hoy ven sus derechos conculcados. Llevaremos la lucha a las calles, particularmente llamamos al boicot a las campañas y al proceso electoral.

No podemos permitir que mientras las madres y padres de los 43 sufren el dolor de no saber de sus hijos el sistema de partido se arremoline en la fiesta electoral con discursos vacuos que no incorporan el tema de los desaparecidos.

Es inconcebible que en los 100 puntos de la candidata de Morena no figure una sola mención al caso Ayotzinapa, cuando es la candidata del partido del gobierno que prometió el esclarecimiento del caso y no lo ha logrado.

(A) Las madres y padres de los 43 nos guía la necesidad de saber el paradero de nuestros hijos. No militamos ni obedecemos a ningún partido político, pero estamos en nuestro derecho de protestar y exigir diálogo con el presidente y mientras esto no ocurra la protesta llegará a las campañas electorales.

Si no hay diálogo, la fiesta electoral se empañará con la voz de Ayotzinapa exigiendo verdad y justicia por los 43.