CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).– La paciencia y la esperanza que los padres de los 43 le tenían a Andrés Manuel López Obrador terminó cuando se cuestionó el papel del Ejército. Nunca imaginaron que llegarían a 10 años buscando a sus hijos, tampoco que un presidente podría ser más incumplido, agresivo e insensible que Enrique Peña Nieto, consideran familiares de los estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y el periodista John Gibler, quien ha investigado el caso desde el inicio de la desaparición.

Cuando los padres plantearon que el Ejército sabía el paradero de sus hijos, el presidente dio un manotazo, al grado de decir que él metía las manos por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ahí presente, el general Luis Cresencio Sandoval. Ahí inició la hostilidad.

La información que tuvieron los padres de la implicación del Ejército en la desaparición de sus hijos desde 2019 y la solicitud de 83 órdenes de aprehensión por parte del exfiscal especial Omar Gómez en 2022 generaron ámpula y malestar en el presidente de México, al grado de propiciar una fractura en la relación, asegura Barrera Hernández.

“Se cotejó que había personas en el interior de la Normal de Ayotzinapa, Órganos de Búsqueda de Información (OBI) y que personal del centro monitoreo de llamadas y cámaras de video (C4) dieron seguimiento a los estudiantes de todo el trayecto del 26 de septiembre de 2014, desde la salida de la escuela hacia Chilpancingo hasta que los jóvenes desaparecieron”, explica.

Abel Barrera desde 2014 ha seguido con lupa el caso Ayotzinapa.

Asegura que con la identificación del modus operandi del Ejército en el caso, los padres y madres constataron el papel importante que tuvieron militares en los hechos trágicos de Iguala, donde se consumó la desaparición de los 43 jóvenes. 

“El Ejército bien o mal sabe el paradero de sus hijos. Esto se ubicó en el 2019. Al primer año del presidente se vislumbró esa línea”, explica.

El tema se empezó a poner sobre la mesa en las reuniones más frecuentes que los padres tenían con el mandatario, dice.

“De ahí se dio una reunión donde estuvo presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Las madres y padres plantearon al presidente que el Ejército sabía el paradero de sus hijos.

“Notaron que al presidente no le agradaba que se señalara eso y llegó a decir que él metía las manos al fuego por el general (Luis Cresencio Sandoval) ahí presente, dando a entender que esa versión no era para él convincente”, recapitula el antropólogo.

La esperanza

Habían pasado 44 meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y los padres llegaron al mitin del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Éste pidió con señas a su equipo de seguridad dejarlos subir al templete. Era el 25 de mayo de 2018.

Los recibió con sentimiento. Con los años se dieron cuenta de que estaba haciendo política y no cumpliría. Les prometió una comisión encabezada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas para llegar a la verdad y la justicia.

“Sé cómo se sienten y todo lo que han sufrido (...) y yo voy a cumplirles a todos ustedes y el tiempo lo dirá”, dijo con voz entrecortada y lágrimas en los ojos.

Cristina Bautista Salvador, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, estaba a un costado del candidato. 

“Vimos la esperanza, entonces quedamos de acuerdo como madres y padres: pues tenemos que retirarnos, tenemos que irnos a nuestras comunidades para ir a votar y para que gane, porque él se pronunció públicamente que va a esclarecer el caso Ayotzinapa”, dice la madre a seis años de esa promesa incumplida.

Cristina Bautista ha dedicado 10 años de su vida a buscar a su hijo y sus compañeros desaparecidos en 2014 en Iguala por criminales y policías municipales, en coordinación con corporaciones estatales y federales. Todos los movimientos fueron seguidos en tiempo real por el Ejército.

Relación con el presidente

La madre habla con Proceso de la relación de los padres de los 43 con el mandatario.

Es la tarde del 16 de marzo en Chilpancingo. Los padres de los 43 continúan su lucha incesante por encontrar a sus hijos en el punto más crítico de su relación con el gobierno federal y ya están en otra lucha que no pidieron.

Junto a miles de estudiantes han marchado por más de ocho kilómetros para exigir justicia para Yanqui Kothan, un estudiante de Ayotzinapa asesinado, de un tiro en la cabeza, por un policía estatal el 7 de marzo de 2024.

En la víspera el estudiante participó en la protesta en Palacio Nacional para pedir una reunión con el presidente de México.

Cristina recuerda que en mayo de 2018 fueron a buscar al entonces candidato López Obrador a Iguala, lugar de la tragedia.

“Nos recibió con sentimiento al vernos. Se comprometió a que si llegaba a la presidencia iba a regresar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, nombrado por la CIDEH) a investigar el caso para llegar a la verdad.”.

Como presidente electo los escuchó por tres horas y les dijo que crearía un decreto para que lleguen los expertos y va a esclarecer el caso

“Como madres y padres nos sentimos con mucha esperanza de que nos estaba escuchando. Y cuando llegó a la presidencia firmó un decreto el 3 de diciembre.

“Sentimos que iba a ser difícil porque la PGR, en el periodo del presidente Enrique Peña Nieto, había manipulado las investigaciones, pero finalmente creímos que en un año o dos íbamos a saber de nuestros hijos”.

El 15 de enero de 2019, continúa, se formó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), a la que se integran a tres madres y dos padres de los estudiantes desaparecidos.

El fiscal general Alejandro Gertz Manero les dijo que abriría las puertas de la institución para agilizar las investigaciones, porque el presidente era su amigo, pero tardó medio año en nombrar al fiscal especial de investigación y litigación para el caso Ayotzinapa.

“Se llevó seis meses, hasta que fuimos hacer un mitin a la Fiscalía. Se nombró a Omar Gómez Trejo, a quien nosotros le tenemos confianza porque conocía el caso, pensábamos que sí iban a avanzar con las investigaciones”.

Los padres, cuenta Cristina, también se reunieron con mandos de la Sedena, que se comprometieron a entregar toda la información. 

En julio llegó el GIEI. En noviembre, cuando formalmente tenían el equipo completo para trabajar, se acabó el 2019.

“En 2020 llegó la pandemia y nosotros dejamos de manifestarnos por tres meses. Los expertos buscaron la forma de viajar y siguieron.

“Se avanzó poco a poquito, se fue avanzando. Claro que se reconoce, como gobierno, el trabajo de investigación, de búsqueda de campo donde se encontraron dos restos de los estudiantes (Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz)”.

De ahí, continúa, se fue lenta la investigación y cuando el fiscal Omar Gómez Trejo solicitó 83 órdenes de aprehensión fue cuando al presidente ya no le pareció y echó abajo las 20 órdenes de aprehensión contra militares implicados.

A Omar Gómez Trejo le pararon el alto para que dejara de investigar. Su oficina fue desmantelada, la vaciaron. “¿Cómo va a trabajar? Claro que renunció”, expresa Cristina.

“Ahí vemos que era difícil. El Ejército no quiso entregar toda la información que se le solicitó. Después renuncia Alejandro Encinas (presidente de la Covaj), pero publica un informe paralelo al del GIEI cuando se suponía que estaban trabajando juntos”.

Lo único relevante en ese informe, a juicio de los padres, es que se reconoce que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado y que el propio Estado tiene que resolver.

“Pero el presidente ahí no lo vio bien porque se menciona al Ejército”.

El GIEI, dice Cristina, dio su último informe el 25 de julio donde ya no tenía herramientas para seguir trabajando, pero dejó recomendaciones para que se siga investigando y donde hacen falta los folios.

Antes de renunciar, Alejandro Encinas entregó 34 folios a los padres de familia.

En el artículo Ayotzinapa I de Alejandro Encinas, publicado en El Universal del 12 de marzo, el exfuncionario ahora promotor de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, pide atender el reclamo de los padres y madres acerca de la entrega de 866 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, de los cuales han sido cedidos 34, se tiene referencia de otros 36 y existe la transcripción de dos comunicaciones intervenidas al grupo delictivo.

—¿Por qué son tan importantes esos folios? —se le plantea a Cristina.

—De los archivos que entregó la Sedena, no están todos juntos, están incompletos, faltan transcripciones de las comunicaciones de la organización criminal con el Ejército. El presidente dice que ya entregó todo, que ya no hay nada. No sé qué tanto esconde.

“Defiende al Ejército, pero ellos manejaron el C4, estuvieron dos agentes. Como ahorita en el caso de Yanqui, ahí están los videos de la cámara”, dice.

No nos vamos a quedar callados

A partir de ahora, advierte Cristina Bautista, “no nos vamos a quedar callados”.

“Vamos a estar en las calles marchando para lograr que nos volteen a ver, porque pues al presidente le dimos mucha paciencia, porque tuvimos la esperanza de que va a esclarecer el caso, entonces vemos que ahora nos cierra las puertas y no nos quiere recibir.

“Es por eso que nos estamos reorganizando para manifestarnos y para que nos vea el presidente que aquí estamos, que no nos rendiremos”.

—¿Qué le diría al presidente?

—Que nos reciba, así como a nuestros representantes legales, porque no es justo que son nueve años y cinco meses que hemos caminado juntos, que nos han apoyado; gracias a ellos el caso no se ha cerrado.

Los folios

A pesar de la molestia, dice Abel Barrera, el presidente después de la reunión con los padres y el secretario de la Defensa Nacional, acordó con las madres y padres que se abrirían los archivos de inteligencia militar y que se entregarían al GIEI y a la Covaj.

“Así se hizo, el GIEI empezó a hacer su trabajo, a tener documentos de la Sedena. Sin embargo, en la revisión, análisis e identificación de los documentos se observó que había un faltante de 866 folios, que son los que se siguen reclamando”.

Otra causa de la ruptura de la relación, considera Barrera Hernández, es el hecho de que el fiscal especial Omar Trejo quiso ejercer acción penal contra 83 personas, entre policías, servidores públicos y 20 elementos del Ejército, como resultado de una investigación avanzada y nuevos datos. 

“Esto generó un conflicto del fiscal especial con el fiscal general Alejandro Gertz y el presidente, que dijo que estas órdenes era un intento de dinamitar la investigación y que se quería provocar una reacción de Ejército.

“Además que estaban moviéndose otros intereses, manos externas moviendo las aguas con la intención de afectar al Ejército, entonces se dio la renuncia del fiscal especial.

“El presidente notó que se había focalizado toda la demanda hacia el tema del Ejército. En la última reunión de septiembre de 2023, la Sedena mandó una carta diciendo que ya se había entregado todo.

“El presidente respaldó esa postura; eso hizo que los padres vieran que la postura del presidente estaba más cargada a proteger al Ejército”.

Al asumir la investigación, dice el defensor, el mandatario empezó a dar sus propias versiones. En el caso del Centro Proh, que supuestamente había avalado una investigación para liberar a detenidos implicados en la desaparición y que responden a otros intereses.

“Esto hizo que quedara zanjada la relación y la situación se ha complicado más porque el presidente ha dicho que sólo va a dialogar con los padres y no con sus representantes.

“Hay una fractura en la forma en la que percibe el presidente la posibilidad de un diálogo y ahí los padres y madres tendrán que decidir”, concluye.

Padres muertos y enfermos

En esta década han fallecido cinco padres de familia y las enfermedades crónico-degenerativas acechan día a día al resto, quienes no cuentan con las condiciones de acceder a servicios médicos ni medicinas.

Minerva Bello Guerrero murió a causa de un cáncer el 4 de febrero de 2018. Su último suspiro, a sus 52 años, fue por su hijo Everardo Rodríguez Bello, a quien nunca pudo ver ni abrazar.

Tomás Ramírez Jiménez, padre del estudiante Julio César Ramírez Jiménez, murió, por una complicación de diabetes, la madrugada del 1 de diciembre de 2018.

Julio César, su hijo, fue asesinado a balazos por policías de Iguala cuando ofrecían una conferencia de prensa para dar a conocer los ataques que estaban sufriendo sus compañeros.

También por diabetes Saúl Bruno Rosario, padre de Saúl Bruno García, uno de los estudiantes desaparecidos, falleció el 24 de agosto de 2021, a los 62 años. Saúl Bruno y su esposa Nicanora García González fueron los primeros padres en presentarse en la Normal de Ayotzinapa después de enterarse del ataque a los estudiantes. En siete años su salud se deterioró sin conocer avances de las investigaciones. Se fue sin conocer el destino de su hijo.

La mañana del 3 de septiembre de 2021, Bernardo Campos Cantor, padre del normalista desaparecido José Ángel Campos Santos, falleció en el hospital general de la Ciudad de México a causa de complicaciones por covid-19. Tras siete años de dolor y de haber desatendido su diabetes y su úlcera gástrica, el Tío Venado no pudo volver abrazar a su hijo.

Y la tarde del domingo 28 de agosto de 2022, murió por un infarto Ezequiel Mora Chona, padre de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en 2014. Ezequiel Mora falleció en el hotel “Vida en el lago” del empresario Pedro Segura Valladares, ubicado en las afuera de Tepecoacuilco.

El resto de los padres andan con hipertensión arterial, artritis o diabetes.  

“Unos ya andan mal de las rodillas u otras enfermedades, pero pues aquí estamos, por eso a veces no nos ven completos, porque unos se recuperan, vienen y otros van, pero mantenemos la lucha viva”, dice Cristina Bautista, ahora de 49 años.

Abel Barrera, por su parte, denuncia que las madres y padres son pobres y que no tienen acceso a medicinas, menos a atención médica especializada a pesar de que las autoridades federales asumieron ese compromiso.

“Se encuentran en sus comunidades trabajando, atendiendo a su familia o en la lucha; la atención médica en esos lugares es deficiente, no hay médicos. Para tener atención especializada tienen que trasladarse hasta Chilpancingo, hacer citas, esperar, gastar dinero dando vueltas para pedir una cita.

“Son problemas de salud básicos. Los padres han muerto por diferentes causas y en condiciones sumamente precarias. Hoy muchos de ellos están enfermos y se las ingenian para atenderse. Acuden con algún médico o farmacia donde la consulta es lo más económica, porque no tienen fondos”.

Por eso su fortaleza es admirable, dice.

John Gibler, autor del libro Una historia oral de la infamia. Los ataques a los normalistas de Ayotzinapa (Tinta Limón Ediciones, 2016), donde revela la presencia de un quinto autobús, y del reportaje La instrucción: cómo el gobierno dinamitó el caso Ayotzinapa, cuestiona la falta de compromiso de López Obrador.

“¿Qué se puede esperar de un político que dice que su autoridad moral está por encima de la ley? ¿Se sorprenderá entonces que ahora, después de casi seis años, después de prometer todo y luego desviar y frenar las investigaciones y tomar el control del caso, que ese político quiera condicionar el cumplimiento de su compromiso de hacer justicia a que los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos renuncien su derecho de que los acompañen su representación legal?”

Y advierte: ¿quién hubiera creído que un presidente podría ser más irrespetuoso, más agresivo, más insensible que Enrique Peña Nieto?

Todo indica, agrega el periodista estadunidense, que Andrés Manuel López Obrador decidió proteger la imagen del mismo Ejército que participó en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y ha mentido durante todos estos años en lugar de atender a las familias y cumplir con su compromiso de investigar y hacer justicia.

“Y ahora, en unos meses, se va. El hecho de que las familias quieran todavía sentarse a dialogar con él muestra un grado de paciencia y respeto difícil de sostener después del trato que han recibido”, concluye.