CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Cámara de Diputados aprobó una reforma que establece que serán los estados y municipios los responsables de destinar recursos para la atención de desastres naturales.

Morena y sus aliados aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, para establecer las bases sobre las cuales la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, coordinarán sus acciones en la materia.

La nueva normatividad considera obligación y responsabilidad de los gobiernos de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales, conforme a su disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgo de desastre para la cobertura de daños causados por un desastre originado por amenazas naturales.

El documento, que abroga la Ley General de Protección Civil publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, fue avalado el viernes en lo general por 242 votos a favor, 204 en contra de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y cero abstenciones.

En lo particular recibió 245 votos a favor, 205 en contra y cero abstenciones.

El dictamen establece que las entidades federativas tendrán que contar con centros de estudio y capacitación en materia de protección civil y gestión del riesgo de desastres.

Además, las entidades federativas deberán prever recursos en sus presupuestos de egresos para atender a la población en situación de emergencia y, en su caso, la infraestructura pública estatal que hubiera quedado afectada por la ocurrencia de una o más amenazas naturales.

Avalado en lo general y en lo particular, el dictamen se canalizó al Senado para sus efectos constitucionales.

La iniciativa fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 3 de octubre, esto es, 19 días antes de que el huracán Otis devastara Acapulco.

En la fundamentación del dictamen, el diputado morenista Jorge Ángel Sibaja Mendoza expuso en tribuna que la ley vigente provocó la formación de grandes vicios, como la dependencia entre las entidades federativas de los recursos provenientes del Ejecutivo Federal, y con el dictamen se busca erradicar por completo, ya que se establece que serán ellas quienes prevean los recursos para atender una situación de emergencia.

La reingeniería, destacó, permitiría una mejor comunicación y trabajo coordinado entre las entidades y la Federación, por medio de un mecanismo de transferencia de recursos. “La nueva ley está pensada en que los recursos sean ejecutados de manera coherente, evitando el desvío de los mismos. La Ley es clara, transparente y eficiente en el uso de los recursos; responde a las necesidades inmediatas de la prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción en caso de emergencias o desastres”. 

Sibaja detalló que ahora los estados serán los que darán los recursos para atender alguna situación de emergencia y que sólo el Gobierno federal apoyará a las entidades cuando la situación lo amerite, como ocurrió en Acapulco con el huracán “Otis”.

La también morenista Olimpia Tamara Girón Hernández destacó que los gobiernos estatales deben ser los primeros en dar atención sobre protección civil y gestión del riesgo de desastres y crear políticas que establezcan mecanismos en temas de transparencia, eficacia, eficiencia y honradez.

Rechazo opositor

Los legisladores de las bancadas de oposición mostraron su desacuerdo con esta nueva ley, por lo que anunciaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad, pues argumentaron con esta nueva reforma se está dejando solas a las entidades federativas.

Humberto Rodarte de Lara, diputado del PAN, dijo en tribuna que aprobar esa reforma es una ‘chicanada’ por lo que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Si este dictamen es aprobado con su mayoría y en los términos propuestos, anunciamos desde esta tribuna que presentaremos acción de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desde ahora se los aseguro, les volveremos a ganar y tener la razón, como cada vez que con su mayoría y con "chicanadas" legislativas violan el procedimiento legislativo”, enfatizó.

La diputada panista Ana María Balderas Trejo anunció que votarían en contra porque es una traición a la confianza y seguridad del pueblo, además de denunciar que en la aprobación se violó el debido proceso legislativo.

Rogelio Peña Salinas, del PRI, señaló que el Gobierno Federal tiene la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas afectadas por desastres naturales, reciban asistencia y facilitar su recuperación, pero el nuevo ordenamiento señala que estados y municipios deben responsabilizarse de los daños ocasionados.

“Estamos en contra porque no representa un futuro para la sociedad y se les está dejando en el abandono total ante la catástrofe”, acusó.

El diputado Álvaro Jiménez, de Movimiento Ciudadano, indicó que dejar a ayuntamientos y gobiernos municipales a merced de instituciones de financiamiento privado y aseguradoras es un paso peligroso para que organizaciones del crimen organizado se queden con lo que le pertenece al orden público.

La perredista Elizabeth Pérez Valdez (PRD) señaló que el dictamen no fue analizado, estudiado y trabajado desde la Comisión de Protección Civil, y se pretende presentar algo que “no tiene ni pies ni cabeza”, pues les regresa a estados y municipios la responsabilidad absoluta de cuidar a las y los ciudadanos sin el acompañamiento de la Federación.

Añadió que la propuesta no establece un porcentaje de gasto programable para atender la prevención y atención de desastres naturales por parte de la Federación.

Edna Gisel Díaz Acevedo, también del PRD, consideró que el dictamen se centra en la atención de desastres, pero no en la prevención y desaparece definitivamente al Fonden.

En votación económica se desechó una moción suspensiva del diputado panista Miguel Humberto Rodarte de Lara para interrumpir la discusión del dictamen, al argumentar que presenta vicios evidentes al procedimiento legislativo, pues no se circuló formalmente, fue elaborado por integrantes y no por la Comisión, y se dieron de alta diputadas y diputados para aprobarlo y considerarlo como urgente.

El gobierno evadirá su responsabilidad: PAN

Jorge Romero, coordinador de Acción Nacional en San Lázaro, acusó al actual gobierno de haber dejado en el olvido a las familias mexicanas y a las comunidades que sufren desastres naturales.

“Un desastre natural es inevitable, pero cuando lamentablemente ocurre y afecta a las familias y su patrimonio, lo que más necesita la gente es solidaridad y apoyo. Se aprobó un dictamen con el que el gobierno federal evadirá su responsabilidad de atender a la población, por ello, no dejaremos de insistir en acciones de prevención y respuesta rápida”, afirmó en un comunicado difundido este domingo.

“No permitiremos que intereses políticos mezquinos prevalezcan sobre la protección y el cuidado de las familias. Sabemos lo importante que es contar con recursos para atender los impactos de los desastres naturales.  Necesitamos un gobierno que actúe con responsabilidad y empatía ante los desafíos que enfrentamos como sociedad”, concluyó Romero.