CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Además de pelear en tribunales por no pagar los más de 39 mil millones de pesos en créditos fiscales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) impuso a empresas de Grupo Salinas en la última década –y que según el gobierno actual se elevan a 63 mil millones de pesos con multas y recargos--, el emporio de Ricardo Salinas Pliego buscó amparos contra reformas fiscales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En febrero de 2022, dos filiales de Grupo Elektra, la rama financiera del multimillonario, trataron de obtener un amparo contra la reforma fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de noviembre de 2021, que obliga a las empresas y fiduciarias a conservar en su propia contabilidad y proporcionar a las autoridades tributarias la información sobre los “beneficiarios controladores” o “terceros relacionados” de sus esquemas financieros.

Con esta reforma, los sujetos obligados –como Banco Azteca—tendrán que otorgar al SAT toda la información sobre las personas físicas o morales que ejerzan “control” sobre empresas o fideicomisos, en una estrategia para luchar contra los esquemas de lavado de dinero o la evasión de impuestos y para alinearse con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para identificar a los “beneficiarios finales”.

Las dos empresas de Grupo Elektra, que tiene una rama fiduciaria, presentaron un juicio de amparo cuando el SAT le pidió información sobre el beneficiario controlador del fideicomiso número F/1210; entre sus numerosos argumentos, las compañías alegaron que desconocían “el propósito real y concreto que persigue la autoridad al solicitarle información”, lo que dejaría a las “partes involucradas” en un estado de “indefensión”.

Dos veces las empresas trataron de conseguir el amparo contra esta reforma, y dos veces sufrieron rechazos.

En el marco de la pelea pública entre Ricardo Salinas Pliego y el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Presidencia de la República publicó hoy, en un repositorio digital, algunas sentencias de juicios que empresas de Ricardo Salinas Pliego han emprendido –y perdido-- contra autoridades gubernamentales en materia fiscal.

En respuesta, el multimillonario anunció que demandará a Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial, por exponer la información sobre sus empresas; sin embargo, los documentos son sentencias ya dictadas, que tienen un carácter público.

En diciembre de 2021, su Afore trató de combatir un acuerdo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) que planteó la reducción de las comisiones que las administradoras de pensiones cobran a los trabajadores, las cuales quedaron establecidas a un máximo de 0.57% en 2024, contra 0.81% en 2020.

En agosto 2020, sus empresas buscaron un amparo contra el decreto que López Obrador publicó en el DOF el 9 de diciembre de 2019, en el cual modificó unas leyes para dar más “dientes” al SAT contra la elusión de impuestos, ya sea a través de sociedades extranjeras o entidades offshore, o mediante pagos a “partes relacionadas”, es decir, entre compañías del mismo grupo, entre otros.

De esta reforma, empresas de Grupo Salinas combatieron en tribunales unos cambios al Código Fiscal de la Federación que atacan los “actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto”, entre ellos la emisión de facturas por parte de empresas que no cuentan con “los activos, personal, infraestructura o capacidad material (…) para prestar los servicios”.

Y es que, en las últimas dos décadas, los contadores de Ricardo Salinas Pliego se volvieron especialistas en el uso de estas figuras para deducir impuestos, a través de subsidiarias dedicadas a supuestos “servicios administrativos especializados”. En el juicio de amparo 1569/2021, los argumentos de Grupo Salinas fueron desechados.

En otra demanda, presentada por Banco Azteca, la empresa se quejó de la misma reforma, porque aquella contempla una exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que no se le puede aplicar, “por el hecho de que no cuenta con autorización para recibir donativos deducibles”.

En su querella, Banco Azteca aseveró que la empresa se ve obligada a “trasladar” el IVA a sus clientes, mientras que algunas Instituciones de Asistencia Privada (IAP) pueden recibir donativo y a la par entregan préstamos prendarios, lo que les confiere un “beneficio fiscal del que solo pueden beneficiarse” estas instituciones.