CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lejos de dar certeza a los familiares de las victimas de desaparición, la “Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada” impulsada por el gobierno federal, registra irregularidades graves que derivan en “la incertidumbre y la revictimización”, pues mientras miles de nombres desaparecen de los registros oficiales, sus familiares continúan buscándolos, denunció Mónica Meltis, directora de Data Cívica.

Tras una revisión concienzuda de los registros oficiales que tiene el país de personas desaparecidas, desde 2012 a los presentados en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, la organización civil diseño la plataforma “Volver a Desaparecer”, que alerta sobre las inconsistencias de la estrategia federal y proporciona herramientas a familiares de víctimas para exigir al Estado el cumplimiento de su obligación de buscar, encontrar e identificar a las personas desaparecidas.

En conferencia de prensa, Meltis explicó que el objetivo de la plataforma es “rastrear  a las personas desaparecidas” en los registros oficiales que se han publicado hasta hoy, tomando en cuenta que el más reciente reporte dado a conocer por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde es de 99 mil 729 personas, cuando en diciembre del año pasado la cifra oficial, después del “censo de personas desaparecidas”, se ubicó en 94 mil 283 víctimas.

La defensora recordó que la revisión del registro, sólo se ha traducido en la reducción estadística, a partir del cruce de bases de datos oficiales, sin evidencia de que “se hayan emprendido acciones de búsqueda efectivas, mientras que no hay datos suficientes para clarificar la identidad de las víctimas ni siquiera de ubicación de los familiares”.

De acuerdo al análisis realizado por el equipo de Data Cívica, de un universo inicial de 110 mil 964 registros de personas desaparecidas en agosto de 2023, cuando la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana renunció, en una conferencia mañanera en diciembre del año pasado, el gobierno de López Obrador sostuvo que había 12 mil 344 personas localizadas a las que se les dio un Folio Único de Búsqueda (FUB), mientras que el lunes 18 ajustó la cifra a 16 mil 681 personas localizadas vivas o muertas, sin que se explicara sobre la diferencia de ambos datos, es decir, la diferencia de 4 mil 337 víctimas.

Al cuestionar el uso de sub categorías de la de personas “localizadas”,  que generan “una enorme confusión y dolor en las familias” y que además son ajenas a las consideradas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, como “se requieren datos de identidad”, “con identidad sin datos adicionales/se busca reportante”, “personas ubicadas/con indicios”, o “denuncia confirmada”, Mónica Meltis alertó que dos terceras partes de la nueva cifra de víctimas está en riesgo de no ser buscada por las autoridades.

Explicó que de las cifras manejadas por la nueva estrategia como se le denominó a lo que López Obrador llamó “censo”, de las 94 mil 283 personas consideradas como desaparecidas en diciembre pasado 62 mil 112 corren el “riesgo de que el gobierno no las busque”, debido a que la Estrategia clasificó a 28 mil 090 como registros con “datos insuficientes para saber quién es la persona” y 36 mil 022 como “sin indicios para buscarlas”.

La incertidumbre se alimenta ante las denuncias de colectivos de familiares de personas desaparecidas de que del registro oficial han sido borrados nombres de víctimas que siguen sin ser localizadas.

Uno de esos casos es del de Marco Orgen Maldonado, desaparecido en 2013, padre de Irma Orgen Calderón, fundadora del colectivo Uniendo Cristales.

“Mi papá es una de esa personas que han sido desaparecidos del registro oficial, a pesar de que están vigentes dos denuncias por su desaparición, una en el fuero federal y otra en el estado de Puebla, donde desapareció”, denunció Irma Orgen.

Ante la irregularidad, con el apoyo de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en Puebla, interpuso dos amparos, una en nombre de la víctima de desaparición y otra por ser familiar, procedimientos que aún se encuentran siendo desahogados en tribunales federales.

“Fue un horrible diciembre para las familias y ahora vuelven a desaparecer a nuestros familiares, nos parece un golpe bajo para la comunidad de familiares de desaparecidos.

“Quieren borrar a los desaparecidos, quieren borrar nuestra lucha, por eso iniciativas como la plataforma ‘Volver a Desaparecer” es tan importante, para que no se permita manipular las cifras, nosotros sólo queremos tener de regreso a nuestros seres queridos”, sentenció Irma Orgen.

En la conferencia de prensa se dio a conocer la colaboración de otras organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, cuyos representantes, César Contreras y Humberto Guerrero, respetivamente, dieron a conocer algunas de las estrategias jurídicas a las que pueden allegarse los familiares de las víctimas para que sus familiares sean buscados, y que forman parte de la plataforma.