CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Una jueza local ordenó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) que investigue quién ordenó falsificar una licencia de conducir a nombre de Rosario Robles Berlanga, que fue utilizada por el ministerio público federal para mantenerla en prisión preventiva como parte de su proceso por la Estafa Maestra.

La juez rechazó vincular a proceso a un exfuncionario de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), al considerar que la FGJCDMX no aportó elementos para acreditar que él, dolosamente, falsificó la licencia de Robles Berlanga para perjudicarla.

Sin embargo, la juzgadora reconoció que dicho documento sí es apócrifo y ordenó a la FGJCDMX continuar sus investigaciones para determinar quién dio la orden de tramitar la licencia, por lo que el asunto no ha concluido.

La licencia fue utilizada en agosto de 2019 por el ministerio público federal para acreditar que Rosario Robles tenía un segundo domicilio y que, por ello, había riesgo de que se diera a la fuga, por lo que la exfuncionaria permaneció durante más de tres años sujeta a dicha medida en el penal de Santa Martha Acatitla.

A través de su cuenta de X, la exsecretaria de Estado indicó que no impugnará la no vinculación a proceso a favor del ex funcionario de la Semovi.

“Le pedí a mis abogados no apelar la decisión de la juez Mora Brito porque ella acreditó lo más importante: que la licencia que se utilizó para privarme ilegalmente de mi libertad era falsa. No quiero afectar a un empleado que hasta su trabajo perdió. Mi verdad se confirmó”, señaló.

En el caso de la Estafa Maestra, Rosario Robles fue acusada de ejercicio indebido del servicio público por supuestamente no evitar que se realizaran desvíos millonarios de recursos cuando ella era titular de Sedesol y Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Es decir, que la FGJCDMX no la acusó de desviar el dinero. Sin embargo, recuperó su libertad en el año 2022 luego de que un juez determinó concederle libertad provisional y para noviembre de 2023 el caso en su contra fue cancelado al considerar que los hechos por los que fue procesada no son delitos sino faltas administrativas pues para cuando fueron cometidos, no estaban contemplados en el Código Penal Federal.

La absolución de Robles fue suspendida en enero pasado por un tribunal federal luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) impugnó dicha determinación.