CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Eduardo Fernández García, uno de los responsables del costoso rescate bancario (Fobaproa) que se sigue pagando con recursos públicos, acusado de ejercicio indebido de funciones en el caso de Los Amigos de Fox, e investigado en México y Estados Unidos por transferencias de recursos, fue detenido el viernes 23 de febrero último en Madrid, a petición de la justicia mexicana que lo investiga por tentativa de extorsión a Televisa.

Mediante la empresa financiera Diversity, que creó en Nueva York después de sus escándalos en México, Fernández García, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio servicios financieros, de 2009 a 2012, a algunos ejecutivos de la televisora, particularmente a Emilio F. Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, y a Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, sus copresidentes.

De acuerdo con la denuncia presentada por la televisora, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que Proceso tuvo acceso, Fernández pretendió que los directivos de Televisa regresaran a ser sus clientes, pero una vez que tuvo que disolver Diversity, por la supervisión a la que fue sometida en México y Estados Unidos, buscó otro tipo de apoyos. Al no encontrarlos, luego de años, según consta en la carpeta judicial D/ 00466/04-2023, envió un escrito a la televisora pidiendo el pago de 250 millones de pesos.

En su intento Fernández estableció, incluso, la manera en que debían darle el dinero. Pidió que fuera entregado en un vehículo de carga, sin logos, en la cochera de un edificio ubicado en Ejército Nacional número 86, de su propiedad, en la Ciudad de México. 

La autoría de la carta y los anexos, según se desprende en la investigación, fueron acreditados al propio Fernández. Se valió de su secretaria particular, con iniciales PG, para hacer la extorsión, según las periciales hechas por la fiscalía capitalina al revisar las cámaras de vigilancia de la empresa y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México.

También se la identificó por la geolocalización de llamadas entre ella y Fernández al momento de los hechos, la cual fue hecha bajo autorización de jueces federales especializados en intervenciones telefónicas. A partir de esas pruebas, desde el año pasado se emitieron órdenes de aprehensión contra Fernández y otras personas, presuntos copartícipes en los hechos.

De acuerdo con el expediente, Eduardo Fernández amenazó con denunciar ante las autoridades de México y de Estados Unidos un mal uso y adquisición, por parte de los directivos de la empresa, de un avión de Gulfstream Aerospace y un yate, ambos adquiridos entre 2009 y 2011. Fernández envió documentos para extorsionar y amenazó con usar a varios medios de comunicación y conductores radiofónicos para lograr su propósito.

Proceso (edición 1857) dio a conocer en 2012 la adquisición del yate TV por parte de Emilio Azcárraga, por casi 180 millones de dólares. En las investigaciones realizadas por la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República), sobre la relación de Televisa con Diversity, el propio Eduardo Fernández testificó el 11 de octubre de 2016 y deslindó de responsabilidades a los ejecutivos de la televisora.

En su declaración ante el Ministerio Público federal, conocida por este medio, Fernández aseguró que se desempeñó como “un broker dealer (agente financiero) en cuentas personales” y para el manejo de recursos, “incluida la compra de bienes”, como coches y embarcaciones, pero de manera reiterada negó que los directivos de Televisa hubieran cometido irregularidades. Pero en su extorsión, amenazó con cambiar esas declaraciones.

Fernández alega que, en octubre de 2022, presentó una denuncia ante la Securities Exchange Comission (SEC), de Estados Unidos, acusando a directivos de la empresa de haber realizado entre 2008 y 2011 “transacciones ilegales y una serie de maniobras furtivas” para supuestamente lavar 40 millones de dólares, procedentes de “sobornos de las arcas públicas o de otras actividades ilegales y delictivas”, según publicó el viernes 23 de febrero último el portal Aristegui Noticias. 

Consultada sobre la investigación judicial contra Fernández, el área de Comunicación de Televisa respondió, por conducto de Javier Tejado, que las autoridades en México y Estados Unidos ya habían investigado los hechos que imputa Fernández a funcionarios de Televisa, “a raíz de una denuncia anónima presentada en 2016” y de la cual “no se había encontrado irregularidad alguna”.

En las diferentes ocasiones en que estuvo cerca de ir a prisión, su abogado y exsocio Juan Collado Mocelo lo defendió, pese a las muchas evidencias en su contra. Collado asegura que ya no forma parte de la defensa legal de Fernández García.

“Me he distanciado del señor Fernández y no comparto muchas de las actuaciones que desafortunadamente ha venido haciendo, incluidas sus indebidas pretensiones económicas mediante el uso de información falsa”, respondió por escrito al ser consultado. 

Acusado de extorsión, la Interpol circuló la ficha roja de Fernández entre sus 196 países miembros, razón por la que fue detenido la mañana del viernes 23 en el aeropuerto de Madrid, procedente de Estados Unidos, por elementos de la Policía Nacional de España adscritos a la policía internacional. El exfuncionario mexicano también es investigado por delitos financieros por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en Estados Unidos por la propia SEC.

Fobaproa y Amigos de Fox, escándalos de Fernández

Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el periodo 1994-2000, Eduardo Fernández García es señalado como uno de los principales responsables del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), mediante el cual deudas privadas de los bancos fueron asumidas por el gobierno federal, y cuyo costo aún significa, según el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a fines del año pasado, un billón 96 mil 359 millones de pesos.

El detenido está identificado como un actor central que contribuyó al muy costoso rescate bancario que instrumentó el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, a partir de 1995, y que se convirtió en una enorme deuda pública para todos los mexicanos desde 1998, toda vez que tuvo una deficiente supervisión de los bancos cuando presidía la CNBV.

Así lo señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe de fiscalización sobre el proceso del rescate bancario “Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004”, en el que expresamente asentó que “en el Programa de Intervención se observó el deterioro al que habían llegado los bancos, como uno de los factores, la deficiente supervisión de la CNBV, y no se tuvieron todas las evidencias documentales que dieran transparencia al proceso de intervención”.

El actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pabló Gómez Álvarez, cuando era diputado federal por el PRD, calificó el Fobaproa, en los años del rescate bancario, como “un atraco”, “el gran robo del siglo”, “dirigido y conducido por delincuentes asociados al poder y al partido oficial (el PRI)”. Eduardo Fernández fue una de las personas a las que responsabilizó del costoso rescate.

Como presidente de la CNBV, Fernández permitió que diversos banqueros realizaran operaciones indebidas, con las que financiaban a sus empresas emproblemadas, lo que terminó por contaminar los balances de diversos bancos. Un primer caso de estos fue el de Banca Cremi/Unión, en aquel momento propiedad de Carlos Cabal Peniche, al que se señaló de haber incurrido en operaciones fraudulentas contra su propio banco por alrededor de 800 millones de dólares. También estuvo el caso de Banca Confía, en el que Jorge Lankenau, su entonces propietario, incurrió en el mismo tipo de prácticas.

De acuerdo con el proceso legislativo para la expedición de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y con diversos documentos publicados en los últimos 20 años, el monto del rescate bancario convertido en deuda pública, en 1998, fue de 552 mil 300 millones de pesos, que para 2003 ya se habían traducido en un costo de 1 billón 215 mil millones de pesos. Según datos revelados por el IPAB, en 2003, ese costo representó 18% del PIB y, de acuerdo con algunos analistas, equivalía a 83% del presupuesto anual del sector público. Al 31 de diciembre de 2023, el pasivo del IPAB, asumido por ese rescate bancario, era aún de 1 billón 96 mil 359 millones de pesos.

Entre 1997-2000, la Cámara de Diputados realizó diversas actuaciones para investigar el proceso de rescate bancario y determinar responsables. Incluso contrató al auditor Michael Mackey para que hiciera una auditoría de todo el proceso. Este auditor hizo saber en diversas ocasiones que Eduardo Fernández, aún presidente de la CNBV, se negaba a tener reuniones de trabajo para analizar la información del caso.

La propia Cámara de Diputados creó una comisión para investigar el proceso del rescate bancario, que presentó sus conclusiones a finales de julio de 2000. En el informe final, el PRD asentó que resultaba necesario “dictaminar en torno a la solicitud… e iniciar los trámites legales (penales) procedentes para fincar responsabilidades” a Eduardo Fernández, en su calidad de presidente de la CNBV.

Fernández volvió otra vez a escena en 2003. En ese entonces denunció públicamente de lavado de dinero a la organización Amigos de Fox, con la que el entonces ya presidente Vicente Fox había construido su candidatura. El PRI presentó varias denuncias ante la entonces PGR, pero las acusaciones de Fernández se volvieron en su contra cuando se reveló que la información que había usado el PRI habría venido de información confidencial, de cuentas bancarias privadas que tenía bajo su resguardo en la CNBV.

A principios de ese año se hizo pública información que vinculó a Fernández con la extracción de información oficial a cambio de favores económicos y políticos: buscó ser diputado federal por el PRI y habría recibido cien millones de pesos a cambio de entregar la citada información a ese partido.

La exesposa del secretario particular de Eduardo Fernández denunció que éste y su secretario particular, Luis Felipe González Villarreal, habían recibido del PRI esa cantidad por vender, para fines políticos, información que tenía calidad de secreto bancario. (Proceso 28 de febrero 2003). Debido a la intervención de quien fuera su abogado, Juan Collado Mocelo, Fernández sólo fue arraigado por la PGR, pero no se le condenó judicialmente.

Investigado por delitos financieros y lavado 

Dentro de sus actividades financieras posteriores a su paso por el gobierno federal, Fernández se dedicó a los empeños y microcréditos, asociado con Mauricio Sánchez Carmona.

Documentos de inteligencia financiera obtenidos por Proceso revelan que, desde 2021, Eduardo Fernández es investigado por transferencias irregulares desde el extranjero, además de que empresas en las que él aparece como apoderado y accionista, como Microcréditos Familiares, SA de CV (Micro Apoyos); Inmobiliaria Ferasa, SA de CV, y Adquisiciones de Carteras, SA de CV, cuentan “con clave interna restrictiva por acumulación de dos o más reportes”. 

En la revisión de sus cuentas en Banamex, Afirme, Scotiabank y Monex, la investigación señala que se detectaron “esquema de operatividad incongruente”, por lo que lo describen como “un cliente que presenta riesgos por esquema de operatividad incongruente”.

Además, empresas que le han generado ingresos a Fernández, como Richmond Administración, SA de CV; Almaria Services, SA de CV, y Kairos Soluciones, SA de CV, han sido catalogadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) como empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. En el armado de todo su complejo esquema de operaciones, las autoridades investigan también a los contadores Daniel Rábago Boschetti y Jorge Javier Rizo Rodríguez.

En Estados Unidos la SEC investiga la creación y operaciones de Diversity Investment Corporation, de acuerdo con fuentes de inteligencia financiera en México.

Diversity Investment Corporation fue creada en Delaware, Estados Unidos, al ser una jurisdicción que requiere poca información y se conoce que sus reglas favorecen un clima jurídico favorable para crear empresas fiscalmente eficientes y ocultar datos de accionistas y sus recursos. 

Según la información de inteligencia financiera, Diversity se expandió a Texas y Nueva York. Para esconder los nombres de sus accionistas utilizaron como “cascarón corporativo” a una empresa holandesa Wolters Kluwer, que se dedica al negocio de agente registrado para terceros. Ante la SEC sólo reportó Diversity 300 mil dólares de activos totales, pero estos montos son mucho menores al flujo de efectivo que recibían, valuado en millones de dólares.

Agrega que en 2014 las sociedades de Diversity fueron disueltas e identifica como “persona clave” en la trama de varias de las operaciones financieras, que hoy están bajo escrutinio, a Mauricio Sánchez Carmona, quien tiene licencia de corredor ante la SEC. Una vez que Diversity fue disuelta, Sánchez Carmona fue designado como director de Micro Apoyos, la empresa investigada en México por la UIF. 

Borrar su pasado

El 17 de febrero de 2023 el reportero Mathieu Tourlière dio a conocer en proceso.com.mx que empresarios influyentes, contratistas de Pemex, políticos, integrantes y operadores financieros del crimen organizado, presuntos delincuentes, prestanombres de gobernadores corruptos y estafadores han pagado importantes sumas a la empresa española Eliminalia para limpiar su reputación.

Con oficinas en más de 11 países, Eliminalia se dedica a desaparecer noticias en internet para lo que se vale de presiones judiciales a medios de información. 

Entre los más de nueve mil clientes internacionales de la empresa, se tuvo registro en 2023 de cien clientes en México. Entre ellos, el líder sindical pro 4T Pedro Haces Barba, el exgobernador priista de Coahuila Humberto Moreira Valdés, el extitular del DIF durante el sexenio de Peña Nieto, Antonio de Jesús Naime Libien; contratistas de los controvertidos exgobernadores del PRI Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz, y Francisco Javier Cabeza de Vaca, del PAN, en Tamaulipas. En la lista también figura Eduardo Fernández García.

Con el propósito de eliminar notas publicadas por Proceso, Eliminalia intentó gestionar el caso del exregulador financiero. También aparece su empleado y ahijado, Mauricio Sánchez Carmona, quien realizó los trámites ante la empresa española para retirar las notas sobre la detención de Fernández en 2003. El argumento fue que las noticias tenían más de diez años de antigüedad y referían hechos supuestamente probados como falsos.