CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de los mineros fallecidos en la explosión de la mina de “Pasta de Conchos” en Coahuila ocurrida en 2006, realizaron una misa en el “Antimonumento +65” en avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México en conmemoración de los 18 años de la tragedia.       

Los asistentes a la ceremonia vestían playeras negras en las que se leía: “Pasta de Conchos”, “18 años de promesa incumplida”.     

Durante la ceremonia, Elvira Martínez, viuda de una de las víctimas de la tragedia, recordó a Alicia Pecina Carrizales, viuda del minero Jorge de Hoyos, quien murió este domingo en Coahuila.           

Elvira Martínez comentó: “Así como Alicia se ha ido, se han ido otras cinco viudas más, se han ido padres, se han ido madres, se han ido hijos”.           

Y continuó: “18 años es demasiado tiempo y la exigencia sigue siendo la misma: Queremos resultados sobre el rescate, acceso a la verdad, justicia y medidas de no repetición”. 

18 años de la tragedia en Pasta de Conchos. Seguiremos adelante hasta lograr el Rescate, Verdad, Justicia y Medidas de No Repetición. pic.twitter.com/fUZgkhHG0f

— PastadeConchos (@PASTADECONCHOS) February 19, 2024

Tragedia en Pasta de Conchos

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 19 de febrero de 2006 ocurrió una explosión en la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, en Coahuila.

El incidente ocurrió por la acumulación de gas metano “que vio aumentados sus efectos debido a las condiciones deplorables de seguridad de la mina”.

 El accidente ocasionó quemaduras de primer y segundo grado a 11 trabajadores que lograron salir, mientras que 65 mineros murieron. La mina en la que ocurrió la explosión es propiedad de la empresa Grupo México, del empresario German Larrea, el segundo hombre más rico de México.

El lugar ya había tenido reportes de fallas de seguridad desde el 2000 y, en la última inspección, realizada el 12 de julio de 2004, se asentaron “43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas y muchas de ellas de extrema urgencia”.

Tras la explosión, las labores de rescate quedaron en manos del Grupo México, que anunció que mantendría trabajos para la recuperación de cuerpos, al asegurar que en el interior “no había posibilidades de vida, ya que las temperaturas del estallido superaron inclusive las de un horno crematorio”.

 El 4 de abril del 2007, después de rescatar dos cuerpos, identificados como Felipe de Jesús Torres Reyna y Manuel Peña Saucedo, en una decisión sin precedentes en el resto del mundo, la minera “decidió suspender el rescate argumentando que se ponía en riesgo a los rescatistas, la empresa determinó en un análisis, que entre el 25 y el 75% de la mina estaría inundada y que existía contaminación biológica y por esa razón justificó, que los trabajos de rescate fueran suspendidos”.

La autopsia realizada a los cuerpos rescatados reveló que “murieron por asfixia y no calcinados”.

Los familiares de las víctimas acusaron que la suspensión de las labores del rescate fue porque estos “evidenciarían las pésimas condiciones de trabajo en la mina y esto acarrearía sanciones penales, económicas e incluso el retiro de las concesiones de la empresa del Grupo México”.