CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La iniciativa de reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional militariza totalmente la seguridad pública a nivel federal y afecta la impartición de justicia.

Además de que empodera política y económicamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues le da facultades ilimitadas en materia de seguridad pública, incrementa el número de sus efectivos bajo sus órdenes en 118 mil y le otorga un presupuesto muy alto, sólo por debajo de las secretarías de Educación y Bienestar.

De acuerdo con un análisis de la organización civil México Unido Contra la Delincuencia, la iniciativa de López Obrador implica la militarización total de la función de seguridad pública en el ámbito federal, ya que la Guardia Nacional es la única corporación federal de seguridad pública que existe en México.

La propuesta de reforma del Ejecutivo federal con proyecto de decreto, presentada el pasado 5 de febrero, reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para adscribir la Guardia Nacional (GN) a la Sedena y la reconoce como parte de la Fuerza Armada Permanente.

De esta manera, la Guardia Nacional queda sujeta al fuero militar, ampliando las facultades del presidente de la República para disponer del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en tareas de apoyo a la seguridad pública de manera ordinaria.

Asimismo, le concede a la Guardia Nacional, que tiene un origen militar en la integración de sus efectivos, la facultad de investigación bajo la conducción del Ministerio Público.

Dicha iniciativa, que ya está en la Cámara de Diputados, transfiere a la Sedena todo el personal naval y militar que está comisionado a la Guardia Nacional.

Con ello, retira a todo el personal proveniente de la Policía Federal de carácter civil de la Guardia Nacional y lo transfiere a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).

Militarización total

En el análisis de la iniciativa de reforma constitucional propuesta por López Obrador, la organización México Unido Contra la Delincuencia advierte que la militarización total de la seguridad pública a nivel federal es muy grave, porque elimina la existencia de una institución civil dedicada a la persecución de delitos federales y cierra toda posibilidad de construir una corporación civil de carácter y entrenamiento policial que pueda hacerse cargo de dicha función y de coadyuvar a estados y municipios en tareas de seguridad pública.

Además, advierte que al militarizar la Guardia Nacional “se pervierte la función misma de seguridad pública, pues los militares no saben ni deben hacer prevención, investigación y persecución del delito”.

Dado que la Guardia Nacional tiene facultades de investigación del delito, enviarla a la Sedena militariza y deforma también la función de justicia, asegura esta organización creada en 1998.

Según el análisis que hicieron de la propuesta de reforma constitucional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el paso de la GN a la Sedena “tendríamos una fuerza armada desempeñando una tarea civil -investigando delitos- mientras su actuación y disciplina es militar y estaría únicamente sujeta a la supervisión y sanción de tribunales militares”.

Sostiene que aprobar la reforma en sus términos significa que la Fuerza Armada Permanente, incluyendo Ejército, Fuerza Aérea y Armada, “no salga nunca de las tareas de seguridad pública como indica el plazo perentorio contemplado en el régimen transitorio de la reforma constitucional de Guardia Nacional de 2019”.

Esto, porque hacer uso de ella queda como facultad discrecional del presidente, y aunque se otorga al legislativo la facultad de legislar para regular los requisitos y límites de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la seguridad pública, no hay lineamientos mínimos sobre dicha regulación, precisa la organización ciudadana.

Además de esos impactos en la responsabilidad de la seguridad pública, señala que con dicha iniciativa presidencial aumenta el poder político y económico de las Fuerzas Armadas, específicamente de la Sedena.

“Entregar el control de la Guardia Nacional a la Sedena aumentará a cuatro el número de corporaciones armadas que compongan la Fuerza Armada Permanente, pues la Guardia Nacional se suma al Ejército y la Fuerza Aérea, comandadas por la Sedena, y la Armada de México, dirigida por la Secretaría se Marina (Semar).

“Crecerá en más de 118 mil elementos el número de efectivos bajo el control de la Sedena -de acuerdo al último informe de integrantes de la Guardia Nacional-, lo que significa un aumento de 40% en su estado de fuerza”, advierte el análisis de México Unido Contra la Delincuencia.

“Policía naval”

Precisa que la Sedena se quedará con 14 mil 510 elementos de la “policía naval” con los que inicialmente se pobló la Guardia Nacional y cuya institución armada de origen es la Armada de México, que depende de la Semar.

Además, el régimen transitorio contemplado en la reforma permite que los recursos presupuestarios, financieros y materiales de la Guardia Nacional sean transferidos a la Sedena. Esto incluye aquellos recursos generados por la institución de 2019 a 2023 (incluidos cuarteles, compañías, vehículos, armas, equipos de seguridad, etc.), así como la asignación presupuestal para el ejercicio fiscal de 2024, que representa 37 mil 810 millones 495 mil 053 pesos.

“Dicho presupuesto, sumado al asignado a la Sedena por gasto programable 259,433,804,766, Prestación de Servicios Públicos de Transporte Masivo de Personas y Carga Tren Maya $5,937,262,358 y Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros $119,999,999,999, da a esa dependencia $423,181,562,176 sólo para el ejercicio fiscal 2024” indica la agrupación dedicada al estudio e investigación de la seguridad.

Esto significa que la Sedena administraría el tercer presupuesto más grande de la administración pública federal, sólo por debajo de las Secretarías de Educación Pública y Bienestar.

Otro punto es que con esta iniciativa presidencial se centraliza el poder en manos del Ejecutivo Federal y amplía las facultades del presidente, ya que la reforma le otorga una facultad nueva, que es disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, además de las ya contempladas, como disponer de la Fuerza Armada permanente en casos de seguridad nacional y afectaciones a la seguridad interior.

“Dicha facultad se le da, además, sin tener que acatar los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre participación de Fuerzas Armadas (FFAA) en seguridad pública, mismos que consisten en demostrar que esa participación será extraordinaria, subordinada a autoridades civiles, complementaria y no sustitutiva a la acción de los civiles, fiscalizada y correctamente regulada”, advierte el análisis técnico de la iniciativa de reforma constitucional.

Tareas de policías

México Unido Contra la Delincuencia señala que la razón por la que no deberá observar estos criterios es porque el texto constitucional le otorgará la facultad de usarlas únicamente observando disposiciones de leyes secundarias. Sin embargo, la obligatoriedad de cumplir con ellos está expresada sólo en el régimen transitorio de la reforma constitucional de Guardia Nacional, que permite a los militares hacer tareas de policías hasta 2028.

Observa que dicha propuesta presidencial dificulta el funcionamiento operativo de la Guardia Nacional y merma su estado de fuerza, ya que dispone que dicha agrupación será una fuerza de seguridad pública integrada por personal de origen militar con formación policial.

“Sin embargo, no establece cómo habrá de garantizarse su entrenamiento policial y evitar que tengan, al contrario, entrenamiento e integración militar, tomando en cuenta que forman parte de una institución militar sujeta a un régimen disciplinario militar.

Advierte que retirar de la Guardia Nacional al personal proveniente de la Policía Federal, que regresa al mando de la SSyPC, “no sólo significa la pérdida de la poca capacidad de funcionamiento policial de la Guardia Nacional, sino una eliminación total de su carácter civil, pues el resto de sus elementos ya provenían de instituciones militares.

Y si bien estos elementos podrían seguir operando en la Guardia, dependen de convenios de colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, precisa el análisis técnico de la iniciativa de reforma constitucional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.