Transporte público

El PT propone que el robo a transporte público amerite prisión preventiva oficiosa

El diputado Emilio Manzanilla Téllez presentó la iniciativa, que fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
miércoles, 18 de diciembre de 2024 · 19:54

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido del Trabajo (PT), por medio del diputado Emilio Manzanilla Téllez, presentó una iniciativa para que el delito de robo en el transporte público se incluya en el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. 

La iniciativa, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, expone que la seguridad en el transporte público es un derecho fundamental para los ciudadanos, quienes deben desplazarse con la confianza de que no serán víctimas de delitos que atenten contra su integridad física y patrimonial. 

Asimismo, la iniciativa hace mención que el robo en el transporte público se ha convertido en una problemática que afecta gravemente a la población, particularmente en zonas urbanas y conurbadas del país, como es el caso del Estado de México.  

“A pesar de los esfuerzos por reducir la incidencia delictiva, el robo en el transporte público sigue siendo un fenómeno que pone en peligro no solo el bienestar de los usuarios, sino la estabilidad social”, detalló el diputado. 

El legislador resaltó que el robo en este tipo de transporte es uno de los delitos que más afecta a la población mexicana y mencionó que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que el robo con violencia es una constante en muchas entidades federativas. 

El legislador explicó que el artículo 19 constitucional amplía el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa y se justifica por la necesidad de proteger a la sociedad ante la alta reincidencia y peligrosidad de ciertos delitos; pero el robo en el transporte público, a pesar de su alta incidencia y gravedad, no ha sido incluido. 

"La prisión preventiva oficiosa permitirá que los delincuentes que cometen este tipo de robos enfrenten su proceso legal desde el interior de un centro penitenciario, reduciendo el riesgo de que continúen delinquiendo mientras se lleva a cabo su juicio, y es una respuesta a la exigencia de la sociedad para tener un sistema de justicia más efectivo y protector de los derechos de las víctimas”, finalizó. 

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