CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El ministro Alberto Pérez Dayán afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no debió revisar la acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, sin embargo, esto no define el resultado de la discusión.

Durante la sesión en la que el pleno de la Corte analiza la propuesta del ministro Juan Luís González Alcántara Carrancá para invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados, Pérez Dayán adelantó que, para él, la reforma judicial no es de materia electoral, como planteó el ponente y que, por ello, no procede la acción de inconstitucionalidad como medio para impugnarla.

“Por más que me trate de convencer a mi mismo de lo contrario, resolver en el sentido del que propone la propuesta sería, lo digo con todo el respeto y en fuero de mi propia persona, responder a una insensatez del texto supremo con otra insensatez, al forzar una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”, dijo.

La intervención del ministro ocurrió mientras la Corte apenas analizaba si los partidos políticos que impugnaron podían o no inconformarse con la reforma judicial.

Aunque la postura de Pérez Dayán rompe el bloque mayoritario de ocho ministros, la Corte sólo requiere de seis votos para continuar con el análisis del proyecto.

Una vez que el Máximo Tribunal analice el fondo del asunto, el propio Pérez Dayán podría adoptar una de dos posturas, la primera, votar en contra de toda la propuesta por considerar que ni siquiera debió analizarse el caso; la segunda, adoptar el criterio de que, por razones diferentes al proyecto, la elección de jueces y magistrados sí debe ser declarada inválida.

Mientras tanto, en su primera intervención el ministro aprovechó para reprochar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por intentar intervenir en el tema previo a que la Corte emita su pronunciamiento.

“Lamento profundamente que aquellas instancias del orden electoral, tanto en el ámbito administrativo y después en el jurisdiccional, renunciando así de sus competencias esas sí ciertas y no cuestionadas, haya privilegiado intereses estrictamente personales”, enfatizó.