BOGOTÁ (Proceso).- El profesor de Teoría constitucional Roberto Gargarella advierte que un desacato del gobierno mexicano al veredicto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad de la reforma judicial implicaría el “quiebre” del país con el sistema interamericano y con las convenciones internacionales sobre justicia y de derechos humanos.

De acuerdo con el jurista argentino, cuya obra sobre filosofía política y derecho constitucional se estudia en las facultades de derecho de la región, un desacato del Ejecutivo a la sentencia de la SCJN sobre la reforma judicial sería, en los hechos, “la salida de México del orden internacional e interamericano”.

En un escenario de esa naturaleza, dice Gargarella a Proceso, el gobierno de México estaría desconociendo las convenciones internacionales que el Estado mexicano se ha comprometido a respetar y hacer respetar. Y asegura:

Sería escalar el conflicto que ya existe (entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Poder Judicial) a un nivel todavía más grave, y eso tendría un impacto en toda la región y generaría más atención del mundo.

Este martes 5, el pleno de la SCJN votará sobre el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propone declarar inconstitucional parte de la reforma judicial que le heredó a Sheinbaum el expresidente Andrés Manuel López Obrador por considerar que afecta normas básicas de la Constitución.

La presidenta Sheinbaum ha dicho que la reforma seguirá implementándose y que la Suprema Corte carece de facultades para hacerle control constitucional. Gargarella, doctor en Derecho por la Universidad de Chicago, señala que la presidenta “puede decir lo que quiera sobre las facultades de la Corte, pero eso no se lo reconoce la comunidad jurídica interna y externa”.

Asegura que entre todos los juristas que han analizado la reforma en el marco de los principios fundamentales del constitucionalismo “hay unanimidad de que esta reforma no pasa ninguna prueba en relación con el derecho local y con el derecho internacional, y esto no es una cuestión de izquierda o de derecha”.

Entre los constitucionalistas, teóricos del derecho y organismos internacionales que defienden la independencia judicial y los derechos humanos “hay un consenso muy profundo de que lo que está pasando en México es algo insólito a nivel mundial, es algo que no hemos visto ni en países con experiencias autoritarias, y todos reconocen la gravedad del caso”.

México, foco de atención

Roberto Gargarella, uno de los autores del Amicus Curiae (opinión jurídica) presentado por juristas de todo el mundo en el proceso de inconstitucionalidad contra la reforma judicial a cargo de la SCJN, señala que México es ya un foco de atención mundial porque lo que está en juego en ese país es la independencia de los jueces, “un elemento básico en cualquier democracia”.

El jurista dice que varios organismos siguen de cerca los acontecimientos en México: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

También, la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo Europeo sobre derecho constitucional y del cual México forma parte. Tania Groppi, experta de ese organismo, es una de las firmantes del Amicus Curiae que el ministro González Alcántara Carrancá retomó en su proyecto de sentencia sobre la constitucionalidad de la reforma judicial.

El próximo martes 12, la CIDH realizará una audiencia pública sobre la reforma judicial de México –que ya ha condenado esa comisión– en la que intervendrán representantes de asociaciones de jueces y magistrados, abogados, juristas, dirigentes de organizaciones de la sociedad civil y representantes del Estado mexicano.

Gargarella afirma que la atención que genera esta reforma en el mundo, y particularmente en América Latina, se debe a que “no es solamente es un mensaje trágico para México, sino que es amenazante para todo el continente”.

Sostiene que ante las tendencias autocráticas en varios países del hemisferio y por la salud democrática de México “es muy importante impedir que esta reforma se consolide”.  

En el siglo XX, asegura, la vía de los líderes autoritarios latinoamericanos para mantenerse en el poder eran los golpes de Estado, pero hoy lo que hacen esos líderes y sus aliados es “degradar los sistemas democráticos de a poco, con mecanismos que tienen visos de legalidad pero que acaban por trastocar las bases del sistema democrático”.

La vehemente continuidad

Para Gargarella, quien es profesor de Derecho constitucional en las universidades de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, existe una “enorme preocupación” en la comunidad académica por las secuelas que pueda tener la reforma judicial mexicana, tanto a nivel interno como externo.

Sostiene que el conflicto del Ejecutivo y el Legislativo mexicanos con el Poder Judicial “ya llegó demasiado lejos”, y con la reforma de “supremacía constitucional”, que busca impedir que los tribunales puedan pronunciarse sobre la constitucionalidad de las reformas constitucionales, escaló “a un nivel todavía más alto”.

Dice que muchos juristas “en un principio dijimos, ‘bueno, es un capricho de un presidente que cierra su mandato con una sed de venganza, y al terminar el mandato ya está, y vamos para adelante’, pero que esto haya tenido esa continuidad tan vehemente del nuevo gobierno, para mí es muy sorprendente”. Y es que “comenzar un gobierno con un incendio de este nivel es una enorme muestra de irracionalidad”, asegura.

El constitucionalista y autor de Manifiesto por un derecho de izquierda y El derecho como una conversación entre iguales sostiene que, en ese sentido, el proyecto de sentencia del ministro González Alcántara Carrancá, que declarara inconstitucionales varias partes de la reforma y salva otras, “es muy interesante y muy digna”.

Además, señala, brinda la oportunidad “para abrir espacios de conversación en un contexto en el que seguramente nadie quiere para México una situación de crisis en momentos en que un gobierno apenas está comenzando”.

Por eso, asegura, “ojalá que la decisión (de la SCJN) sobre la reforma judicial no sea tomada como una provocación, porque no lo es, sino como un llamado a la cordialidad y a sentarse a pensar cómo seguir delante de un modo pacífico y con apertura a las ideas distintas”.

Pero de acuerdo con Gargarella, si el gobierno insiste “en tomar medidas cada vez más drásticas, más brutales, más exageradas, lo que está haciendo es romper la base elemental de una Constitución republicana y democrática”.