CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La integrante de Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW, por sus siglas en inglés), Leticia Bonifaz Alfonzo alertó sobre las dificultades para las víctimas para litigar sus casos como una secuela de la supremacía constitucional recientemente aprobada por el Congreso mexicano.  

Durante su participación en el conversatorio “Madres luchando por la verdad y la justicia”, organizado por el Colegio de México, como parte de la conmemoración de Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la también exconsejera jurídica del Distrito Federal durante el gobierno de Marcelo Ebrard, Bonifaz Alfonzo se declaró “pesimista” ante la reforma del Poder Judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por la incertidumbre de las personas que se encargarán de la impartición de justicia en el país. 

Exdirectora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Leticia Bonifaz enfatizó que, ante las reformas impulsadas por la mayoría de Morena en el Congreso, “las posibilidades de defensa se están reduciendo para las víctimas, porque la intención de la supremacía constitucional es evitar que los criterios internacionales se antepongan a la Constitución, y no se sabe hasta dónde va a llegar la afectación”.  

Experta en derecho internacional en materia de derechos humanos, Bonifaz Alfonzo, recordó que gracias a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), es que el caso de Mariana Luna Buendía, víctima de feminicidio en junio de 2019, “fue atraído por la SCJN y ordenar que se hiciera una revisión directa con perspectiva de género”. 

La sentencia que obliga a las autoridades ministeriales a integrar carpetas de investigación por feminicidio en casos de muertes violentas de mujeres, aun cuando se hayan considerado como suicidios o a causa de accidentes, gracias a que se incorporó “el contexto internacional, es una de las cosas que ya no se van a poder hacer” con las reformas consumadas por la mayoría de Morena en el Congreso.  

“He pasado por muchos estados de ánimo, pero no podría dar un mensaje de esperanza, sino fuera por mujeres tan valientes como doña Irinea Buendía (madre de Mariana Lima), pero en frío, las cosas no son nada halagüeñas, persiste la incertidumbre sobre el proceso de elección de jueces, no sabemos ni de qué calidad ni en qué condiciones se estará reestructurando el Poder Judicial”, sostuvo Leticia Bonifaz Alfonzo.  

La experta resaltó que durante los cuatro años que ha formado parte del Comité CEDAW, ha advertido que la violencia contra las mujeres es generalizada en el mundo, “hasta en los países escandinavos”.  

 Sin embargo, resaltó que mientras en esos países, cuando ocurre un feminicidio “en el 90% de los casos, hay justicia para las víctimas, en México, es al revés, en el 90% persiste la impunidad”.  

La experta insistió en no ser optimista porque “todo lo que se ha avanzado desde 2010, la reforma a derechos humanos en 2011”, incorporando en la Constitución tratados internacionales y la jurisprudencia internacional a favor de los derechos humanos, anteponiendo el principio pro persona, “ha sido frenado por esta reforma, que hasta ahora no sé si los diputados que la aprobaron entendieron la magnitud de lo que significa la supremacía constitucional” 

Leticia Bonifaz lamentó expresiones de legisladores que sostuvieron que “ellos quisieran jueces como Benito Juárez, cuando sólo tenía en su mesa la Constitución y el Código Civil. ¿De veras creen que si Benito Juárez viviera haría justicia sólo con el Código Civil?”, 

Durante el conversatorio, Irinea Buendía narró de forma detallado el caso de su hija y de los 14 años de lucha, hasta conseguir que el feminicida, Julio César Hernández Ballinas recibiera una sentencia en firme de 70 años de prisión, así como su labor de promoción de una iniciativa que lleva el nombre de Mariana Lima Buendía, que busca que los Congresos locales incorporen en su legislación la obligación de incorporar los parámetros dictados en la sentencia de la SCJN.  

Al enlistar los lineamientos de la SCJN, Irinea Buendía destacó que la sentencia obliga a las autoridades no sólo a investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio, sino sancionar a las autoridades que obstaculizaron el esclarecimiento del crimen.  

“El Estado está en deuda con miles de madres de víctimas de feminicidio, porque sólo 9% de los casos tienen carpeta de investigación y los que tienen sentencia, no sabemos si está firme, prevalece el 91% de impunidad”, lamentó Buendía quien acompaña a madres de víctimas en Ciudad de México, Estado de México y Chiapas.  

Contó que desde 2022 ha visitado 27 fiscalías estatales a fin de promover los protocolos que fija la sentencia, así como para que los congresos locales adopten su iniciativa, misma que sólo ha sido aprobada por las legislaturas de Quintana Roo y Baja California Sur.  

“Es una iniciativa de ley que sigue congelada en el Senado, y en los congresos de la Ciudad de México, de Zacatecas, Jalisco y Colima; ¿A qué le tienen miedo las autoridades?”, cuestionó la activista.  

Reprochó a la presidenta Claudia Sheinbaum que hasta ahora no le haya dado respuesta a una solicitud de entrevista, para abundar sobre su propuesta de modificar los planes de estudio desde preescolar hasta nivel superior, para incorporar temas de género y de derechos humanos.  

Irinea Buendía también reclamó que en este año se le haya impedido colocar lápidas en el zócalo capitalino, como solía hacer desde hace años a partir de cada 23 de noviembre, para visibilizar los feminicidios.  

“La presidenta me mandó decir que colocara las lápidas frente a la Suprema Corte, cuando a los ministros no tengo nada que reprocharles, al contrario, gracias a ellos mi hija sigue litigando a través de la sentencia Mariana Lima Buendía”, puntualizó.  

Karla Quintana Osuna, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y quien en su momento fue responsable en la SCJN de redactar el proyecto de la sentencia Mariana Lima Buendía, resaltó que ese documento “establece un deber reforzado del Estado para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y garantizar que existan las garantías de no repetición”.  

Tras resaltar que hasta las 20:00 horas de la víspera había oficialmente 27 mil 065 mujeres desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), y que al día ocurran 11 asesinatos de mujeres, Quintana Osuna lamentó que, habiendo tantos avances legislativos en materia de género, “nos sigan matando y nos sigan desapareciendo”. 

Académica del Colmex, reconoció la labor de las madres de víctimas de feminicidio y de personas desaparecidas por su contribución a la elaboración e impulso de leyes y de políticas públicas a favor de los derechos humanos.  

Karala Quintana se comprometió a “acompañar de manera muy cercana para seguir construyendo al servicio de estas causas, en espera de que podamos replicarnos hacia afuera, como sociedad”.