CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El magistrado Juan José López Olvera afirmó que las leyes secundarias a la reforma judicial enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso son insensatas debido a que establecen un nuevo sistema de sanciones para juzgadores con base en conceptos ambiguos que pueden llegar a ser arbitrarios.

Durante la conferencia matutina del Poder Judicial de la Federación (PJF), el magistrado explicó que la mandataria Federal envió iniciativas de reformas a las leyes de Carrera, Judicial; la Orgánica del PJF y a la General de Responsabilidades Administrativas, relacionadas con la vigilancia y disciplina de la institución misma que está actualmente a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que, conforme a la reforma judicial, será eliminado.

Recordó que estas modificaciones están establecidas en dicha reforma, contra la cual hay cientos de amparos todavía pendientes de resolución.

Por ello, afirmó que, para el caso de que los amparos declaren inconstitucional la reforma judicial, como consecuencia estas leyes secundarias también sufrirían tal afectación.

Criticó que en el esquema de sanciones planteado por la presidenta, Claudia Sheinbaum se establece fincar responsabilidades a los juzgadores por “descuidos” en el desempeño de sus funciones sin precisar cuáles serían tales, dando lugar a posibles interpretaciones por parte del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) para que los titulares de los órganos jurisdiccionales puedan ser sancionados de manera discrecional.

“Se trata de afirmaciones muy genéricas que, desde luego, estarían a la libre disposición o interpretación de un Tribunal de Disciplina”, comentó el magistrado.

“Si queda así, como está previsto ‘un descuido’, todos los días habrá descuidos y todos los días habrá razones para estar amenazando con una sanción a los juzgadores”.

Destacó que también se establece sancionar a los juzgadores cuando ejerzan sus funciones de manera “claramente arbitraria” y calificó este concepto como abstracto, que le da libertad al TDJ para que decida lo que es arbitrario, y lo que no lo es, sin antes, especificarlo en la ley de manera adecuada.

Y que se establezca como causa de destitución que el juzgador reincida en una observación de una falta a la moral; el magistrado reconoció que el PJF tiene un Código de Ética que solo sirve de referencia pues afirmó que es muy difícil establecer como normas estrictamente obligatorias, las reglas morales.

“En el supuesto de que se aprueben estas leyes se puede activar cualquier tipo de cuestionamientos que serían acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y, desde luego, juicios de amparo, entiéndase pues que se trata de iniciativas, todavía muy verdes en cuanto al proceso legislativo y también me parece que estas iniciativas, en estos aspectos, son definitivamente insensatas”, enfatizó.