CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal vinculó a proceso a Marcelino “T”, alias “El Fantasma” identificado como supuesto integrante del Cártel de Sinaloa y exjefe de seguridad de Joaquín “El  Chapo” Guzmán por portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Sinaloa, con residencia en Culiacán, también vinculó a proceso a Luis “G”, alias “El 24”; Luis José “G” y Ricardo “R”, supuestos integrantes de dicho Cártel, por los mismos delitos que a Marcelino “T”.

Por ello, les impuso la medida de prisión preventiva justificada, en el Centro Penitenciario de Aguaruto y concedió dos meses de plazo para la investigación complementaria.

De acuerdo con la La Fiscalía General de la República (FGR), los imputados fueron detenidos el pasado tres de noviembre por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mientras realizaban labores de reconocimiento en las inmediaciones de Campo El Diez en Culiacán.

Los elementos identificaron una camioneta con las puertas delanteras abiertas y cuando se acercaron a revisar vieron a los imputados portando armas de fuego largas, por lo que intentaron huir, lo que desató una persecución con dirección a Eldorado.

Durante la persecución, los elementos castrenses fueron atacados por los imputados, pero lograron repeler la agresión y les dieron alcance hasta capturarlos en la localidad de Campo Cuba.

“En total, se aseguraron ocho armas largas tipo fusil, dos tipo ametralladora y un arma corta; dos mil 594 cartuchos y 47 cargadores de diversos calibres, todos de uso exclusivo, además de siete chalecos balísticos”, informó la FGR.

En julio de este año el exsubsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio dio a conocer que “El Fantasma”, ya había sido detenido en 2013 por su participación en delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cumplía una condena de 11 años y 8 meses de prisión en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Pero que fue liberado el 2 de julio porque solicitó su libertad anticipada, con base en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que la Juez Sexto de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México le otorgó el beneficio porque ya había cubierto más del 97% de su condena.

El entonces funcionario federal reprochó la emisión de esta y otras resoluciones que concedieron libertad a 191 personas más detenidas por delitos federales porque fueron dictadas en fines de semana pues acusó que esto obstaculizaba al gobierno que localizara rápidamente si contaban con carpetas de investigación abiertas en su contra en fiscalías estatales, lo que les impedía evitar tales liberaciones.