BOGOTÁ (Proceso).– La directora del Programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, Tamara Taraciuk,  está segura de que el Estado mexicano será condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) a derogar la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum.

En entrevista con Proceso, Taraciuk afirma que esa reforma viola de manera muy clara las convenciones internacionales suscritas por México, pues socava la independencia de los juzgadores y compromete el acceso de los ciudadanos a la justicia, por lo cual ella prevé que el Estado mexicano “recibirá una sentencia condenatoria” por parte de la Corte-IDH.

“Esa sentencia –dice– lo que haría es establecer que se violaron derechos humanos con la adopción de esas normas y obligaría al Estado mexicano a modificar la legislación en cumplimiento de los estándares internacionales, aunque la contracara de esto es que es un proceso que tardará varios años”.

La abogada de la universidad argentina Torcuato Di Tella y maestra en Derecho por la Universidad de Columbia indica que ya existe un antecedente en el que el Estado mexicano fue condenado por la Corte-IDH a realizar cambios a una ley para ajustarla a los estándares interamericanos de respeto a los derechos humanos.

Eso ocurrió en el caso “Radilla Pacheco vs. México”, en el cual la Corte declaró al Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco por parte de militares, ocurrida en 1974, así como por la falta de investigación y sanción a los responsables.

La sentencia obligó a México a realizar reformas legislativas para ajustar el artículo 57 del Código de Justicia Militar y el artículo 215 A del Código Penal Federal a los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual ocurrió.
Taraciuk, quien ha sido consultora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), sostiene que la reforma judicial mexicana “tiene muchos problemas en materia de derechos humanos”, y el principal es que la elección por voto popular de jueces pone en jaque la independencia de las personas juzgadores.
Esto, asegura, “porque se corre el riesgo de que los jueces terminen teniendo incentivos para decidir, no conforme a derecho, sino conforme a los incentivos que generan quienes financian la campaña electoral”, ya sean grupos políticos, empresariales o del crimen organizado.

Y este hecho, sumado a que los candidatos a jueces los propondrá mayoritariamente el oficialista partido Morena, al igual que los aspirantes a integrar el Tribunal de Disciplina Judicial, “pone a México en una situación muy complicada con relación a los estándares internacionales y a tratados internacionales que México firmó, ratificó y se obligó a cumplir”.

Esos tratados, agrega la directora del Programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, protegen el derecho de todos los ciudadanos a un juicio justo y a ser juzgados por funcionarios independientes y competentes.

Procedimiento en marcha

El próximo martes 12 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará en Washington una audiencia pública sobre la reforma judicial mexicana a la que acudirán asociaciones de trabajadores judiciales, de jueces, magistrados, colectivos de la sociedad civil y representantes del Estado mexicano.

Taraciuk dice que, pese a que están prácticamente agotados “los recursos internos” para frenar en la jurisdicción mexicana la reforma judicial, se abren las puertas para que el gobierno de ese país sea evaluado a escala internacional “por esta violación del derecho internacional”.

Y aquí –asegura– no hay justificación sobre que están haciendo lo que dice la Constitución, porque un principio básico del derecho internacional es que el derecho interno se tiene que adaptar a las normas internacionales que el Estado asumió. Entonces, en ese contexto, es inevitable que, si este caso avanza, la decisión judicial internacional sea esa, una sentencia condenatoria.

Pero el proceso, explica la abogada, lleva tiempo.  Primero, se lleva el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, la cual no emite sentencias vinculantes, pero evalúa la situación, recopila información de los peticionarios –en audiencias públicas como la del próximo martes– y puede hacer recomendaciones a México.

En septiembre último, luego de que la mayoría calificada de Morena en el Congreso mexicano aprobara la reforma judicial, la CIDH expresó su “grave preocupación” y advirtió sobre los posibles impactos de esa nueva norma “en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de derecho”.

Si el Estado mexicano ignora las eventuales recomendaciones de la CIDH, este organismo se transforma en una suerte de Fiscalía y lleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, y este tribunal inicia un proceso que podría culminar en una sentencia condenatoria vinculante que el Estado mexicano tendría la obligación de cumplir como firmante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Taraciuk explica que mientras el procedimiento marcha en el sistema interamericano, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se desarrolla un proceso paralelo en el que el Estado mexicano tiene que responder, aunque no en términos jurisdiccionales sino políticos.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, ya conoce las preocupaciones de la sociedad civil mexicana sobre la reforma judicial y en su próximo periodo de sesiones, a realizarse en febrero o marzo próximos, varias organizaciones presentarán sus argumentos contra esa modificación constitucional.
Y en el periodo de sesiones de mediados de 2025 el Consejo abordará un tema directamente relacionado con la reforma impulsada por López Obrador y apoyada por Sheinbaum: el de la independencia judicial.

En esas sesiones de mitad de año ya habrá más información sobre la reforma y su implementación, en especial sobre la elección popular de la mitad de jueces y magistrados federales, programada para el 1 de junio de 2025.

La reforma también está en la mira de la relatora especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite, y de la Comisión de Venecia, un organismo de la Unión Europea que vela por el constitucionalismo y el Estado de derecho y del cual México forma parte.

Taraciuk señala que en esos foros no hay sentencias vinculantes, pero sí pronunciamientos políticos que pueden ir creando un consenso de las democracias del mundo en torno a los peligros de la reforma judicial para la independencia de los juzgadores y el Estado de derecho en México.

“Estos distintos foros y actores van a monitorear la situación en México y puede expresar su preocupación y condenar esa reforma, y esto es tan importante como lo que ocurra en paralelo con el proceso en el sistema interamericano”, explica la abogada especializada en derechos humanos.