Reforma judicial
Colombia, a diferencia de México, descarta elección de jueces por voto popular
Ni el presidente Petro ni el ministerio de Justicia han previsto cambiar la forma en que se eligen los jueces en ese país, señala la magistrada Ángela Buitrago. Cuando la política interfiere en la justicia “lo único que hace es corromperla”, afirma.BOGOTÁ (Proceso).- La ministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago, descartó que su país busque implementar una reforma judicial cuyo eje sea la elección de jueces, magistrados y ministros de las altas cortes por voto popular, como ocurrirá en México con los cambios constitucionales vigentes desde el mes pasado.
Buitrago, quien fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó en México el caso Ayotzinapa, dijo a Proceso que ni el presidente colombiano Gustavo Petro ni el ministerio a su cargo tienen contemplada una iniciativa para cambiar la forma en que se eligen los jueces en Colombia, los cuales son funcionarios judiciales de carrera.
De acuerdo con Buitrago, el presidente nunca ha propuesto que los jueces y magistrados de las altas cortes de Colombia sean elegidos por los votantes ni ha propuesto cambiar el sistema de carrera judicial vigente.
Petro puso el tema sobre la mesa el pasado 8 de octubre, cuando al participar en el acto de toma de posesión de la magistrada del Consejo de Estado Elizabeth Becerra Cornejo, dijo que él ha vivido momentos “bastante traumáticos” en su relación con la justicia. Y sugirió que ese tipo de tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial también se han registrado en México. Señaló el mandatario:
México lo ha sentido tanto que ya lo propuso, la elección popular de jueces. No sé si es el camino. Eso no pasa porque sí, pasa porque el pueblo ve que el deseo de cambio no lo permiten las doctrinas jurídicas, las cuales deben fluir con la vida.
Algunos medios y comentaristas colombianos especularon sobre la eventualidad de que Petro quisiera aplicar en Colombia una reforma a la justicia similar a la que se implementa en México, la cual prevé que el Ejecutivo y el Legislativo, dominados por el partido oficialista Morena, elegirán a las dos terceras partes de los candidatos a jueces.
Decenas de académicos y organizaciones civiles mexicanas y de la región, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, han advertido que la reforma en México socavará la independencia del Poder Judicial.
La ministra Buitrago, una respetada jurista colombiana que ha sido fiscal y consultora en derechos humanos de organismos internacionales, descartó que haya recibido alguna orientación del presidente Petro para impulsar una reforma judicial que contemple la elección popular de personas juzgadoras.
“Él no ha hablado conmigo de ese tema ni le interesa promover algo así”, señalo la doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia.
Dijo que, además, someter a un juez a una elección popular va contra su esencia, pues tendría que hacer campaña y, en una campaña, “usted promete algo a cambio de un voto, y un funcionario judicial nunca puede prometer absolutamente nada a favor de una persona o un grupo”.
Una persona juzgadora, agregó, “se debe a la ley y no se puede deber a sus votantes”.
Sin mencionar a México, señaló que en países como Colombia, donde organizaciones del crimen organizado tienen fuerte presencia en varios territorios, las campañas políticas son susceptibles de ser infiltradas por esos grupos ilegales y lo mismo podría pasar en un hipotético proceso electoral para elegir jueces.
De acuerdo con Buitrago, cuando la política interfiere en la justicia “lo único que hace es corromperla”.