CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La inseguridad y la corrupción hicieron caer a México de dos lugares en el Índice del Estado de Derecho 2024 elaborado por la organización World Justice Project (WJP) en su informe anual, en el cual México figura ahora en el lugar 118 de los 142 países que se encuentran en la lista, en cuyos dos extremos se encuentran Dinamarca y Venezuela.

A nivel de América Latina y el Caribe, la organización estimó que México se encuentra en el lugar 28 de 32, encima de Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela, pero debajo de Guatemala, El Salvador y Honduras; en los últimos cinco años, es decir, casi todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, su calificación respecto a México descendió en un 8.6%.

Para elaborar su calificación, el WJP valora 8 factores en los países: el nivel de los contrapoderes –es decir, los diques que limitan el poder del Ejecutivo--, la ausencia de corrupción, la transparencia, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, el cumplimiento de las regulaciones, la justicia civil y la justicia penal.

Si México recibió una calificación relativamente buena en materia de transparencia y rendición de cuentas, o en respeto de derechos fundamentales, el país ocupó los últimos 10 lugares en materia de corrupción -se ubicó en el lugar 135 de 142, debajo incluso de Nicaragua o Afganistán- así como de orden y seguridad y de justicia, tanto civil como penal.

El informe, elaborado antes de la reforma al poder judicial, estima que México se encuentra en el lugar 105 en materia de contención del poder del gobierno, con una buena evaluación sobre las transiciones de gobierno, pero una mala calificación respecto a las “sanciones por irregularidades de funcionarios”.

De acuerdo con la organización, México enfrenta graves problemas de corrupción en lo legislativo y, en menor medida -pero todavía lejos del promedio regional- en las ramas de la policía, la justicia y el ejecutivo; a nivel de impartición de justicia, WJP destacó la muy baja efectividad de las investigaciones, la corrupción y la preminencia de la discriminación en los tribunales.