CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum que la masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco “una de las mayores atrocidades” que se vivió en México, este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se reconoce que la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 constituyó un crimen de lesa humanidad”.

Con la firma de Sheinbaum Pardo como presidenta constitucional, el Acuerdo establece como único responsable de la masacre al expresidente Gustavo Díaz Ordaz, como comandante supremo de las fuerzas armadas, quien en su quinto informe de gobierno reconoció que asumió “íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política histórica, por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”.

Compuesto por seis artículos, a través del Acuerdo Sheinbaum Pardo instruye a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez a que “en nombre y representación del Estado mexicano, ofrezca una disculpa pública por esa grave atrocidad a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto”.

Como titular el Ejecutivo Federal Sheinbaum Pardo se comprometió “a garantizar la no repetición de atrocidades” como la represión, privación ilegal de la libertad, uso de las fuerzas armadas contra la población, uso de cárceles clandestinas, desapariciones forzadas, torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, “o la anuencia del Estado para destruir o exterminar a un grupo de la población” .

Como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, la presidenta asumió “el compromiso solemne y giraré las correspondientes órdenes formales para que sus estructuras y elementos nunca más sean utilizados para atacar o reprimir al Pueblo de México, y de que se fortalezca la formación en derechos humanos y la construcción de la paz, se asuma el reconocimiento de los hechos históricos aquí mencionados y se garantiza su no repetición”.

El Acuerdo, que considera que la matanza “fue fría y cruelmente concebida, ideada, ejecutada y encubierta al más alto nivel del gobierno federal”, refiere que la “acción criminal” estuvo encaminada a “reprimir y destruir a un grupo estudiantil” que hizo uso de “las libertades de petición, expresión, reunión y manifestación pública” para constituirse “en una fuerza social capaz de poner en cuestión la estructura de poder vertical y autoritaria, acostumbrada al sometimiento de los movimientos sociales y de las organizaciones populares, a la represión de todo intento de organización política independiente y al encarcelamiento o asesinato de los lideres disidentes”.

El documento publicado en  el DOF considera que “es claro que fue un auténtico crimen de lesa humanidad, por el uso de las fuerzas del Estado contra un sector de la población”, y que fue “ajeno por completo a la soberanía popular y a los fines éticos y constitucionales inherentes al ejercicio del Poder Público, crimen que confirmó la plenitud de un régimen autoritario dispuesto a seguir manteniendo incólume un sistema de dominación  y hegemonía ideológica, política y social”.

En los considerandos se advierte que la Matanza de 1968 “formó parte de una política represiva y contrainsurgente que el régimen autoritario implementó entre las décadas de 1960 a 1980, de manera sistemática y violenta, contra disidencias políticas y sociales” , y que a pesar de los intentos gubernamentales por “imponer en el imaginario colectivo la tesis de que los responsables de la matanza eran los líderes estudiantiles”, integrantes de una “conspiración comunista de carácter internacional” con el paso de los años “la verdad finalmente se impuso y brilló con toda luminosidad por la persistencia de las víctimas y de la sociedad”.

El documento reconoce los empeños litigiosos de líderes estudiantiles como Raúl Álvarez Garín, Félix Hernández Gamundi y Ana Ignacia “Nacha” Rodríguez, que lograron que se emitiera una sentencia que ubicó la matanza del 2 de octubre como un crimen de lesa humanidad,  que se han generado reformas como la Ley sobre Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, por el que se honra a las víctimas del 2 de octubre, e incluso el movimiento ha sido inscrito en muros de honor e algunos recintos legislativos.

El Acuerdo reconoce que “quedan a salvo los derechos que legalmente les asisten a las víctimas y sus familiares”, en tanto que también “servirá para la materialización de actos subsecuentes de impulso a la justicia, la preservación de la memoria histórica y la no repetición de los hechos”.