CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Entre los magistrados federales que resultaron sorteados para que sus plazas sean sometidas a elección popular en 2025 se encuentran varios que han protagonizado las protestas que emprendió el Poder Judicial de la Federación (PJF) desde agosto último contra la reforma judicial.

También quedaron incluidos magistrados que han sido señalados por formar parte de la red de colaboradores de Arturo Zaldívar, exministro presidente, para emitir resoluciones “a modo”.

De una revisión realizada por Proceso en la lista de los 464 magistrados que salieron en la tómbola con la que el Senado definió quiénes entrarán en la primera elección judicial de 2025, se pudo constatar que por lo menos 50 han estado en el ojo público, ya sea por sus resoluciones, sus declaraciones contra la reforma judicial o acusaciones de corrupción.

Destacaron también nombres de consejeros de la Judicatura Federal, representantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) y hasta un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Entre los primeros nombres está el de José Alfonso Montalvo Martínez, consejero de la Judicatura Federal que se ha mantenido votando a favor de mantener el paro de labores en el PJF junto con la ministra presidenta Norma Piña y la consejera Lilia Mónica López Benítez y también se ha pronunciado públicamente contra la reforma judicial.

Montalvo Martínez fue designado como integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en febrero de este año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la plaza que ostenta para ser sometida a elección popular es la que ocupa en el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México.

Al ser integrante del CJF, su lugar dentro de este órgano también será sometido a votación popular para conformar el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que, junto con el órgano de administración judicial, sustituirá al Consejo.

Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de Sala Superior en el TEPJF, perderá su plaza como integrante del Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Estado de México.

Sin embargo, conforme a la reforma judicial, conservará su lugar dentro de la Sala Superior hasta el año 2027, cuando se renovará dicho órgano.

Fuentes Barrera forma parte del bloque mayoritario que ha votado en las impugnaciones sobre los comicios del 2 de junio pasado a favor de la 4T.

Iliana Fabricia Contreras Perales actualmente es directora nacional de organización en la Jufed e integrante del comité de diálogo que se encarga de tomar las decisiones que se han ejecutado desde que inició el paro de labores en agosto pasado y de buscar que los legisladores los escuchen para frenar la reforma judicial o permitirles participar en la creación de las leyes secundarias.

Ella forma parte del Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil en la Ciudad de México, plaza que será sometida a votación.

Otro nombre que destaca por pertenecer a la Jufed es el de Froylán Muñoz Alvarado, quien dirigió la Asociación hasta el año 2023 y en aquel entonces presentó el amparo, a nombre de dicha organización, contra la extinción de los Fideicomisos del PJF impulsada por el entonces presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

La plaza en la que salió sorteado es la que ocupa en el Tribunal Colegiado en materia Penal en Morelia, Michoacán.

Otro exdirector de la Jufed que resultó sorteado fue Daniel Sánchez Montalvo, quien al término de Froylán Muñoz asumió la dirección de la Asociación, pero seis meses después, en junio de este año, renunció al cargo justo cuando la organización delineó la estrategia jurídica y de acción para frenar la reforma judicial; en su lugar se quedó la jueza Juana Fuentes, quien ahora encabeza las protestas en las que participan jueces y magistrados federales.

Proceso confirmó que la esposa de Sánchez Montalvo es militante de Morena y ha desempeñado cargos al interior del partido, lo que provocó que algunos juzgadores integrantes de la Jufed acusaran un posible conflicto de interés.

Actualmente es magistrado integrante del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en el estado de Chiapas.

Serafín Salazar Jiménez, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el estado de Guanajuato, quien también es director y coordinador regional de la Jufed en la entidad; Víctor Hugo Alejo Guerrero, representante de la Asociación en Tamaulipas y participó en el paro de labores, es integrante del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal y del Trabajo en dicho estado.

El círculo de Zaldívar

La tómbola del Senado también afectó a magistrados que fueron señalados en la denuncia presentada contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar y actual coordinador de Política y Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, por presuntos actos de corrupción en los que diversos juzgadores fueron presionados para emitir resoluciones a favor de la 4T.

Tal es el caso de Constancio Carrasco Daza, quien actualmente ocupa una plaza en el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México; Jaime Santana Turral, extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF durante la época de Zaldívar y actual integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México.

Victorino Hernández Infante, señalado en la denuncia como uno de los juzgadores que se reunía con Alpízar para acordar las resoluciones de asuntos de interés para la 4T y allegados al ministro en retiro, Zaldívar, integrante del Primer Tribunal Colegiado en materia Civil en el Estado de México.

Otros nombres polémicos

Otros magistrados que han sido destacables por sus criterios incómodos para el régimen de Andrés Manuel López Obrador o por conocer casos mediáticos y que resultaron sorteados son Miguel Ángel Medécigo Rodríguez, quien en julio de este año fue el encargado de elaborar el proyecto para dar la razón a Emilio Lozoya en un recurso de queja contra la admisión de un amparo tramitado por Pemex.

Con este amparo, Pemex impugnó la decisión de eliminar los estados financieros enviados por Brasil y Suiza como pruebas en contra del exfuncionario en el caso Odebrecht.

Con la decisión propuesta por Mecédigo en el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México avalada por unanimidad en la que participó el magistrado Manuel Román Franco Humberto, que también salió sorteado, el juicio contra Lozoya deberá realizarse sin esas evidencias clave que la FGR no pudo sostener en las audiencias intermedias.

Horacio Armando Hernández Orozco y Francisco Javier Sarabia Asencio, quienes participaron en la votación del recurso con el que modificaron una suspensión definitiva en el amparo tramitado por ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa contra la prisión preventiva oficiosa que se les impuso.

Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, que como juez de control conoció del caso de Rosario Robles por la Estafa Maestra, la vinculó a proceso y le impuso prisión preventiva justificada.

Delgadillo Padierna fue acusado por la exfuncionaria de actuar con parcialidad pues, según ella, el juez consideró una licencia de conducir falsa para sujetarla a esta medida, cuando en realidad consideró que Robles se contradijo en las audiencias en las que hacía referencia a sus ingresos afirmando que tenía sólo 26 mil pesos y que había viajado varias veces al extranjero en el último año antes de su detención porque le gustaba viajar, mientras que sus abogados dijeron que estaba fuera del país para tomar un curso.

Aunque fue designado magistrado desde noviembre del año pasado, apenas hace dos semanas fue designado al Primer Tribunal Colegiado de Apelación en el Estado de México.

Otros magistrados cuyas plazas quedaron ya sometidas a concurso para el próximo año son:

Juan Pedro Contreras Navarro, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) en febrero de este año de ser uno de los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal en la Ciudad de México que ha emitido resoluciones para favorecer a Emilio Lozoya y de permitirle que continúe su proceso en libertad porque consideró que no existe riesgo de fuga.

Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar. Formó parte de la votación que en octubre del año pasado desechó la petición de orden de aprehensión contra Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito por haber obtenido un ingreso injustificado de más de 43 millones de pesos cuando era secretario de Seguridad Pública. Es integrante del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal en la CDMX.

José Patricio González Loyola. En junio de 2023 fue denunciado junto con sus compañeros en el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la CDMX, por un grupo de madres y padres de las víctimas del incendio de la Guardería ABC que acudió a la SCJN.

Carlos Ronzón Sevilla. Estuvo en la terna en la que la Corte designó a Montalvo Martínez consejero de la Judicatura y fue integrante de la Comisión Investigadora del incendio de la Guardería ABC. Su magistratura pertenece al Sexto Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la capital.

Rosa Elena González Tirado. Exconsejera de la Judicatura Federal durante el periodo del entonces ministro presidente Luis María Aguilar Morales y hasta el 30 de noviembre de 2019.

De acuerdo con la información del Senado, actualmente está de comisión en el Pleno Regional en materias Administrativa y Civil, región Centro Sur en la CDMX. Es titular de una magistratura en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la capital.

Ma. Gabriel Rolón Montaño. Secretaria ejecutiva de Disciplina del CJF, designada en febrero de 2023, quien perderá su plaza en el Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México.

Indalfer Infante Gonzáles. Exmagistrado de la Sala Superior del TEPJF que dejó su cargo en noviembre de 2023, presentó el proyecto para ayudar a Pedro Haces a mantener el registro de Fuerza Por México a pesar de que en las elecciones no logró el 3% de la votación, pues consideró que al haberse desarrollado en contexto de pandemia, debía hacerse una excepción para flexibilizar lo que marcaba la Constitución.

Formó parte del bloque que le quitó la presidencia del TEPJF a José Luis Vargas y fue señalado por tener vínculos con los morenistas Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

Es integrante del Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia Civil en la CDMX.

También se encuentran Enrique Martínez Guzmán, del Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal en la CDMX; Arturo César Morales Ramírez, del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa; Jesús Alfredo Silva García, del Décimo Noveno en materia Administrativa; Rosa González Valdés, del Vigésimo Segundo en materia Administrativa; Fernando Isaac Ibarra Gómez, del Octavo Tribunal Colegiado en materia del Trabajo, todos en la capital del país.

Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia del Trabajo; Juan Manuel Alcántara Moreno, quien forma parte de los juzgadores que públicamente han declinado participar en la elección de 2025, pero se jubilará a partir del 15 de noviembre y se encuentra en el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia del Trabajo; Olga Lidia Treviño Berrones, del Cuarto Tribunal Colegiado del Centro auxiliar de la primera región, todos ellos también en la CDMX, entre otros.