SAN LUIS POTOSÍ, SLP (Proceso).– Lavado de dinero para el narcotráfico, desvíos, fraudes y adeudos por parte de gobernadores, han sido durante los últimos años destinos del fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, una maraña que llega hasta la actual gestión del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en el poder por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El lunes 29, el fiscal general potosino José Luis Ruiz Contreras anunció la detención de siete personas por ejercicio indebido de la función pública y peculado en agravio del erario estatal, por un monto de entre 200 y 700 millones de pesos.

Los nombres de algunas personas detenidas confirmarían nexos y operaciones que por lo menos desde 2014 fueron reveladas en Proceso, como la punta del hilo del desvío de recursos del Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Estado, así como de su uso para lavar dinero del Cártel de Sinaloa y de Joaquín el “Chapo” Guzmán, a través de empresas fachada.

Al saqueo del fondo por parte de exfuncionarios y funcionarios en presunta colusión con empresarios e integrantes de grupos delictivos, se suma el abuso en el uso del mismo en inversiones de alto riesgo que afectaron el patrimonio de los trabajadores, así como la falta de cumplimiento de pagos por parte de administraciones anteriores y de la actual de Ricardo Gallardo. El gobernador ha retenido las aportaciones, pero éstas no han sido integradas y el adeudo del estado crece.

El fondo, manejado por la Dirección de Pensiones del estado, incluye recursos destinados a burócratas de las distintas dependencias, pero también de maestros y de profesores de telesecundaria.

Datos publicados por el portal Astrolabio Digital refieren que el anterior gobernador, el priista Juan Manuel Carreras López, dejó una deuda de casi mil 200 millones de pesos.

Mientras que en un desplegado publicado en enero, el sindicato mayoritario de trabajadores del estado, el SUTSGE, dio a conocer que hasta el día 4 de ese mes, Ricardo Gallardo Cardona había dejado de pagar casi dos mil 515 millones de pesos al fondo de pensiones.

El gremio exigía a Gallardo y a la junta directiva del fondo rendir cuentas sobre el adeudo y cubrir los pagos pendientes por jubilaciones y estímulos por años de servicio a unos 300 trabajadores que fueron obligados a jubilarse en la actual administración, según el sindicato.

Por ello, la aprehensión de funcionarios, exfuncionarios y otras personas presuntamente involucradas en peculado anunciada por el fiscal ha sido interpretada por líderes sindicales como “una cortina de humo” y una manera del gobernador Gallardo Cardona de evadir su responsabilidad por el adeudo.

“El gobernador está usando el fondo como caja chica de su gobierno”, dice a Proceso la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado (SITTGE), Francisca Reséndiz.

Larga historia de un saqueo

En rueda de prensa, el lunes 29 el fiscal Ruiz Contreras explicó que, según la investigación iniciada a partir de una denuncia presentada en noviembre del año pasado, se detectó un contubernio entre personal de la Dirección de Pensiones del estado, exfuncionarios, algunos particulares y una institución bancaria, quienes mediante documentos falsos trasladaron recursos a cuentas distintas a las del Fondo de Pensiones entre 2020 y 2023.

Esto significa que el desfalco se realizó a finales del sexenio de Juan Manuel Carreras y parte del actual, de Gallardo Cardona.

“Tenemos la trazabilidad donde Pensiones trasladó recurso de manera irregular a cuentas personales para incrementar el patrimonio de personas particulares”, dijo el fiscal.

El dinero desviado corresponde a retenciones de los trabajadores por concepto de préstamos hipotecarios. La Dirección de Pensiones debió depositar estos recursos a instituciones bancarias; sin embargo, eran abonados a particulares ajenos, mediante la apertura de hasta 60 cuentas donde se dispersó el dinero, a pesar de que la dirección sólo tenía permitido abrir como máximo cuatro cuentas para depositar los fondos.

Entre los siete detenidos (cuatro hombres y tres mujeres) están un exfuncionario y una trabajadora en activo de la Dirección de Pensiones, ella  identificada como administradora de una Trapeza (empresa beneficiada con los recursos desviados), quien fue detenida junto con su esposo. Además, fueron aprehendidos otro particular; el gerente de Bansi, institución bancaria donde se abrieron las cuentas para desviar los recursos, así como un hermano de Oziel Yudiche Lara, exdirector de Pensiones del estado.

En febrero de 2014 los periodistas Anabel Hernández y Philippe Engels revelaron que investigaciones realizadas del gobierno de Estados Unidos apuntaron a Oziel Yudiche, quien en 2011 fungía como director de Pensiones (durante el gobierno del priista Fernando Toranzo), creó una empresa fachada en Miami operada por dos lavadores del Cártel de Sinaloa: Daniel Fernández Rojo Filho y Pedro Benevides.

“Ya en 2010 Yudiche Lara había puesto los fondos de pensiones de la entidad a disposición de la red de lavado del cártel. Un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos señala a Fernandes Rojo Filho y Benevides como operadores financieros del Cártel de Sinaloa. Ambos son investigados desde 2008 por la agencia antidrogas DEA y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por presuntas actividades de narcotráfico y lavado de dinero”, dice el reportaje publicado en 2014 (Proceso 1943).

Y agrega: “Mediante una red de más de 25 compañías fachada creadas en Florida y Panamá, así como cuentas en 12 bancos en Estados Unidos, los dos ‘empresarios’ vinculados a la organización criminal de ‘El Chapo’ Guzmán realizaron una estafa mundial para ocultar dinero proveniente del narcotráfico”.

Ese mismo año Proceso publicó que la Contraloría potosina sancionó a Luis Gonzaga Sánchez, exdirector de Pensiones, y a Carlos Augusto Ramírez, exsubdirector de préstamos (en el sexenio del panista Marcelo de los Santos Fraga), ambos acusados de realizar una inversión de alto riesgo con recursos del Fondo de Contingencia que causaron pérdidas por un millón de dólares al patrimonio de los trabajadores.

Ambos recibieron una multa de 54 millones de pesos y la inhabilitación para ocupar cargos por 20 años. Irónicamente, la denuncia contra ellos fue presentada por Oziel Yudiche.

Con las recientes detenciones anunciadas por la fiscalía estatal, surgieron nuevos hilos: la empresa Trapeza Market Argentarii, señalada como presunta involucrada o beneficiaria de las transferencias del Fondo de Pensiones, tuvo como socios a Manuel Yudiche (hermano de Oziel) así como a Gerardo Sánchez Sumaya, empresario petrolero originario de la Huasteca.

Los reporteros Abelardo Medellín y Carlos Rubio publicaron este martes en Astrolabio que Sánchez Amaya fue socio de la empresa referida de marzo a junio del año pasado, junto con el hermano de Oziel Yudiche.

El mismo lunes que se anunciaron las detenciones por el peculado, Sánchez Sumaya difundió en sus redes sociales una fotografía donde aparece junto a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana federal, quien lo atendió “por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador”, según la publicación.

Gallardo, el responsable: sindicatos

Francisca Reséndiz, secretaria general del SITTGE, dice en entrevista telefónica que esta investigación y la detención de las siete personas “es una cortina de humo”, ya que el gobernador Ricardo Gallardo pretende “limpiar su culpa y evadir su responsabilidad” por el incremento del adeudo con el Fondo de Pensiones durante su administración.

“Cuando se fue Toranzo, dejó adeudo de 495 millones; llegó Carreras y se fue con más adeudo, pero según el sindicato mayoritario, al 4 de enero este gobierno (de Gallardo) debe dos mil 500 millones”, enfatiza Reséndiz, quien señala que el actual gobierno la ha perseguido por reclamar el incumplimiento de los compromisos laborales.

“Esto que él hace –agrega la sindicalista– de meter a siete personas a la cárcel no limpia su culpa; él quiere evadir una responsabilidad que él ha originado, porque si estas personas hicieron mal uso de los recursos y los traspasaron a una empresa, es lo mismo que hace el gobernador con nosotros: nos descuentan, pero ese dinero no llega a pensiones”.

–¿Y saben dónde está el dinero que el gobierno está reteniendo?

–Suponemos que lo están usando como caja chica del gobierno. Agarran el dinero y no lo regresan. Cada quincena nos quita 7% de nuestro sueldo y el otro 7% lo debe poner el gobierno; pero no entrega ni lo que nos descuentan ni lo que le corresponde entregar.

Reséndiz recuerda que en la administración estatal hay cinco sindicatos, pero sólo el mayoritario cuenta con representantes ante la Dirección de Pensiones, “y este sindicato está publicando el adeudo del gobernador, no lo estamos inventando”, insiste, en alusión al desplegado dado a conocer el 27 de enero por el SUTSGE.

En dicho desplegado también se le reclama a Gallardo Cardona que ha dejado sin servicio médico a los trabajadores y sus familias.

Reséndiz explica que, a consecuencia del saqueo a esos fondos, los trabajadores y pensionados “están cobrando con diferencia de hasta 10 o 15 días; ahora los tienen seccionados, este mes cobran unos, al siguiente cobran otros. No les están pagando en forma regular, y sobre todo los premios a que tiene derecho el pensionado, de eso nada”.

Los premios son estímulos por años de servicio, mismos que, como la liquidación por jubilación, se sigue debiendo a los burócratas orillados a jubilarse en el actual sexenio, de los cuales –dice la secretaria general del SITTGE– unos 300 pertenecen al sindicato mayoritario.

Añade que “el gobernador se fue de manos largas y ahora no halla a quien echarle la culpa. Ha sido un gobierno omiso porque está acostumbrado a descontarles y no pagar eso que no es de él. Se está jineteando el dinero y hasta que hacemos plantones o marchas lo entrega, pero se enoja y nos manda órdenes de aprehensión porque nos manifestamos”.

En tanto, Gallardo Cardona ya se refiere al caso de desvíos como “el fraude del siglo”. Anunció que habrá más personas detenidas y “van a brincar muchos intereses”, mientras que funcionarios de su gobierno se reunieron con representantes del SUTSGE para ofrecerle diálogo y acuerdos para resolver la falta de servicios médicos y los adeudos reclamados.