CHILPANCINGO (apro).- En el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere imponer la narrativa que le da el Ejército, una verdad vestida de verde olivo, expresó Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en la presentación del 29 informe del organismo.

Para blindar al Ejército intenta desautorizar el trabajo del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, de la oficina de la ONU y de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, agregó.

El investigador por la UNAM, Sergio Sarmiento Silva, consideró que la promesa del mandatario de descubrir la verdad en el caso Ayotzinapa se reducirá a un informe “de lo que quiera entregar el Ejército y no vamos a descubrir mucho”.

El Informe XXIX de actividades de Tlachinollan se titula La verdad vestida de verde olivo, fue editado en diciembre de 2023 y se puede consultar en https://www.tlachinollan.org/. La portada es del estudio Gran OM & CO. Es la ilustración de un militar sosteniendo una balanza y en otra mano una espada; el fondo es de llamas.

Contiene nueve capítulos: La verdad, vestida de verde olivo; Ayotzinapa: entre la infamia y la mentira; El destino funesto de los defensores; Montaña de agravios y La sabiduría comunitaria, forjadora de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero.

Además: Inés Fernández, embajadora de la verdad; ¿Por qué nadie nos ve y todos nos discriminan?; Servir nos ennoblece y Rostros de los 43.

El informe se hizo público este lunes 29 en un salón del hotel Paradise Inn en Chilpancingo. Acudieron viudas de la masacre de El Charco perpetrada en 1998, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y defensores de derechos humanos, así como los colectivos Lupita Rodríguez y Luciérnaga.  

Lo presentó Abel Barrera y fue comentado por Alan García Campos, coordinador de la Unidad de graves violaciones de los derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Mario César González y Cristina Bautista Salvador, padres de dos de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014; y Vidulfo Rosales Sierra, coordinador del área de defensa legal de Tlachinollan.

Así como María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Sergio Sarmiento Anaya, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera, explicó el título del informe y fue concreto.

Dijo que cuando, el ahora presidente, AMLO, era candidato se reunió con los padres de los 43 en Iguala y se comprometió a investigar quienes de parte de las instituciones del Estado eran los responsables de la desaparición forzada de sus hijos.  

Además, el candidato presidencial se pronunció porque el Ejército tendría que regresar a los cuarteles.

“Hoy vemos totalmente contradictoria la actitud del presidente, que se ha convertido en el defensor del Ejército y ha desviado la atención para desautorizar el trabajo del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, de la oficina de la ONU y de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para blindar al Ejército.

A seis años, añadió, nunca hubieran imaginado que se llegaría a este nivel donde AMLO se ha vuelto detractor de las organizaciones que han acompañado a los padres y se ha puesto del lado de las fuerzas armadas.

“Por esa razón entendemos que el presidente en lugar de la verdad histórica, ahora nos quiere imponer otra narrativa, la que le da el Ejército, una verdad vestida de verde olivo”, concluyó el director del organismo.

Alan García Campos, de la ONU, consideró que el informe es un referente para entender la grave crisis de derechos humanos en Guerrero y el país.

“Uno se incrusta en esos cachitos impenetrables que el Ejército no ha abierto para que los padres de Ayotzinapa obtengan las respuestas que a casi 10 años de distancia aún aguardan”

Los informes de Tlachinollan, agregó, ayudan a identificar esa realidad que viven los guerrerenses y a construir una agenda de transformación positiva en derechos humanos.

“Son 29 años de una historia fecunda, motivada en el andar de los pueblos de Guerrero con esa sabiduría milenaria y capacidad de resistencia e indignación para construir senderos de esperanza, de dignidad”, dijo Alan García.

El investigador de la UNAM, Sergio Sarmiento Silva, expresó que es curioso que a siete meses de que concluya el gobierno de AMLO quiera hacer lo que no hizo en cinco años. “Cinco años pasaron y no hubo esa voluntad”.

“Los que sí se ha visto es un proceso paralelo: otorgar una gran fuerza y poder a los militares. Nos obliga a pensar hasta donde es la promesa de descubrir la verdad de los desaparecidos. No será así, se va a reducir a un informe de lo que quiera dar el Ejército y no vamos a descubrir mucho”, expresó Sarmiento Silva.

María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, comentó que el documento es un trabajo de memoria para conocer lo que es Guerrero y el movimiento de derechos humanos del país.

“Es claro en contar la situación de violencia institucional y que la respuesta sea en profundizar en el modelo de seguridad fallido: la  militarización, que ha traído más inseguridad”, expresó.

 El abogado Vidulfo Rosales dijo que el caso del colectivo de familiares de desaparecidos Luciérnaga es un ejemplo de la grave crisis humanitaria y forense.

El colectivo tiene registrados 60 casos de víctimas, en sus búsquedas han hallado 120 restos, pero desde hace tres años la Fiscalía de Guerrero ha sido incapaz de hacer una identificación, al igual que de 40 carpetas de investigación, no se ha logrado ni una orden de aprehensión.

Del caso Ayotzinapa refirió que están evidenciando la militarización, la impunidad, la colusión del crimen y autoridades, la crisis de las instituciones de seguridad pública.

“Nos deja ver que el Ejército, el 27 Batallón de Infantería, está coludido con el grupo delictivo Guerreros Unidos”.

Señaló que los ocho militares que fueron puestos en libertad respondían a los intereses del grupo criminal que operaba y sigue operando en Iguala.

Cristina Bautista y Mario César González, padres de los estudiantes desaparecidos, Benjamín Ascencio y de César Manuel González, expresaron que a 9 años y 4 meses del caso no saben nada y que aún con las enfermedades que han padecido seguirán adelante por el amor a sus hijos.

“Decirle al presidente de la República que aunque desprestigie a los padres, nos dice ignorantes, que tenemos que leer, seguiremos exigiendo la entrega de folios, el regreso del GIEI y que la información sea entregada por el presidente”, finalizó Mario César.