CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A Ricardo Taja Ramírez lo mataron por la espalda de un solo tiro. Fue el 21 de diciembre de 2023, cuando un grupo de hombres armados entró a un bar donde el político departía con el propietario del establecimiento y el ataque fue tan preciso que hasta su escolta resultó ileso.

Venía de una vertiginosa carrera política desde 2008, 15 años en los que fue regidor, diputado local y federal, insistente aspirante a la alcaldía de Acapulco donde su padre, Javier Taja Mestre, fundó el Barzón en los noventa, y de manera natural se incorporó al PRD, partido en el que se allanarían más tarde las puertas a sus hijos, Ricardo y Javier, quienes, envueltos en una disputa tribal, se fueron al PRI en 2008.

Fue por el PRI como Ricardo se destacó como regidor, ganó un distrito para ser diputado local en 2012 y para diputado federal en 2018, año éste en el que contendió infructuosamente por la presidencia municipal, y lo volvería a hacer en 2021.

Pocos meses después de su segunda derrota empezó a realizar severas críticas al cacicazgo partidista de Héctor Astudillo y Manuel Añorve, tuvo acercamiento con Movimiento Ciudadano y, finalmente, en octubre pasado, se incorporó a Morena, según versiones periodísticas, por mediación de Félix Salgado Macedonio, quien le consiguió hablar unos minutos con Claudia Sheinbaum. Se perfilaba para buscar por tercera vez la presidencia municipal, ahora bajo la insignia guinda, cuando fue asesinado.

El caso de Taja motivó una condena en la clase política de todos los partidos en Guerrero, el estado que en lo que va del proceso electoral 2023-2024 se ha convertido en el que tiene un mayor registro de asesinatos, secuestros y ataques a políticos de diferentes partidos.

Guerrero, en primer lugar

De acuerdo con los informes de Data Cívica, la organización feminista que utiliza tecnología para la promoción y defensa de los derechos humanos, Guerrero fue el estado que registró mayor violencia política y criminal en 2023.

“Votar entre balas”, el informe de Data Cívica que se actualiza dos veces al mes, identifica precisamente a Guerrero como el estado donde más candidatas y candidatos han sido asesinados en los últimos años.

Desde diciembre de 2018 al 15 de enero pasado, 16 personas dedicadas a la política fueron privadas de la vida en Guerrero.

La violencia contra actores políticos no es sólo el asesinato, pues las amenazas, los secuestros y las agresiones son una constante que, al menos durante 2023, colocó también a Guerrero como el estado más violento para la vida pública.

La dimensión de la violencia en dicha entidad federativa ha sido notoria desde hace años. En el último lustro, además de los 16 políticos, decenas de personas han sido objeto de ataques de distinto tipo. Tan solo en 2023, de los 574 episodios de violencia política registrados en todo el país, 91 ocurrieron en ese estado que actualmente gobierna la morenista Evelyn Salgado.

En diciembre pasado se registraron 42 hechos, de los cuales la entidad concentró 12 casos: el del morenista Ricardo Taja, un perredista y 10 secuestros de militantes del Frente Popular de la Montaña, cuyo dirigente, Arturo Cerón Soriana, fue asesinado en 2019.

Pero el asesinato de Ricardo Taja ha sido el más notorio, debido a que prácticamente los liderazgos de todos los partidos condenaron el hecho y exigieron justicia, la gobernadora Salgado se comprometió al esclarecimiento y el crimen fue objeto de amplias coberturas periodísticas. A un mes de los hechos no hay avance en las investigaciones.

Activismo trans

Samantha Gómez Fonseca iba con frecuencia a los reclusorios, pues su activismo derechohumanista estaba orientado a las personas trans y a la población penitenciaria.

El 14 de enero, al salir del Reclusorio Sur en la Ciudad de México, fue asesinada a tiros.

Militante de Morena, partido por el que aspiraba al Senado de la República, Gómez Fonseca es la única aspirante a un escaño y la única morenista que ha sido asesinada en enero.

Pero fue la segunda mujer transgénero dedicada al activismo y la política asesinada en lo que va de 2024. Tres días antes de que balearan a Gómez Fonseca, Miriam Noemí Ríos Ríos, comisionada política de Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán, se encontraba en su puesto comercial sobre la avenida Juárez, cuando le dispararon.

Ríos Ríos, estaba previsto, contendería en la planilla contra el cabildo de Jacona.

El informe de la organización Data Cívica consigna que enero “es ya el más mortal para las y los candidatos durante los últimos cinco años”.

“En el mismo mes de los años electorales anteriores no hubo tal cantidad de personas candidatas asesinadas, ya que en enero de 2018 registramos dos víctimas y en enero de 2021 una persona asesinada”.

Hasta el 15 de enero de 2024, cinco personas habían sido asesinadas: tres precandidatos, una aspirante a cargo municipal y una precandidata al Senado; estos dos últimos casos son los antes mencionados perpetrados en la segunda semana del mes.

Entre el 4 y el 5 de enero, la violencia se había materializado con el asesinato del secretario general del PAN, regidor y precandidato a diputado local del distrito correspondiente a Cuautla, Morelos, Alfredo Giovanni Lezama Barrera; del precandidato a la presidencia municipal de Suchiate, Chiapas, David Rey González (PRI-PAN-PRD), y del precandidato a la presidencia municipal de Armería, Colima, Sergio Hueso.

Por la tangente

El pasado 16 de enero, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue interrogado respecto a la violencia contra políticos y candidatos. En su respuesta se limitó a decir que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano están protegiendo a los candidatos y candidatas que lo solicitan.

En tanto, el debate apenas se ha desarrollado por las dirigencias nacionales de los partidos, como ocurrió en el caso del asesinato de Giovanni Lezama, por quien emitieron su pésame y exigieron esclarecimiento tanto la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez, como el líder panista Marko Cortés, quien posteó en X una expresión general sobre la política de seguridad del actual gobierno: “La violencia está imparable y siguen sin entender que sus abrazos sólo han provocado más balazos (…) ¿cuántas vidas se deben cobrar para cambiar la estrategia?”.

Del lado del PRI, las expresiones de condena han surgido de Rubén Moreira, quien mantiene su agenda discursiva en el tema de la seguridad. En particular, el coordinador de los diputados priistas expresó una posición crítica al gobierno en el contexto del ataque a la diputada local capitalina Guadalupe Barrón, la víspera de la votación para elegir fiscal, un asunto que fue relacionado por el dirigente nacional Alejandro Moreno como parte de actos intimidatorios contra su bancada.

Además, el propio Moreira se refirió a la inseguridad política y de la ciudadanía en general, luego de que el diputado federal Enrique Godínez fuera secuestrado y despojado de su vehículo el 15 de enero, al concluir un evento de Xóchitl Gálvez en Zamora, Michoacán.

En el caso de Movimiento Ciudadano (MC), su dirigente nacional Dante Delgado y su precandidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, fueron específicos en el esclarecimiento del asesinato de Miriam Ríos Ríos y de otros casos de violencia contra las comunidades LGBTI+.

MC es el partido que ya anunció dejará de participar en diversos territorios del país, debido a que no hay condiciones de seguridad para hacerlo. En concreto, no se presentarán a un tercio de las candidaturas a presidencias municipales en Guerrero.

En ninguna de las expresiones de los dirigentes partidistas, la violencia contra actores políticos ha sido materia de una reflexión más profunda.

Volviendo al informe de Data Cívica, es posible identificar que en 2023 no hubo episodios de violencia contra candidatos en las dos entidades donde se realizaron comicios, es decir, el Estado de México y Coahuila.

Sin embargo, detrás de Guerrero con sus 91 hechos violentos, se ubica Guanajuato con 64 casos, Zacatecas (43), Veracruz (42), Michoacán y Chiapas, con 38 casos, cada uno.

Con ese antecedente, el país ha entrado al período de intercampañas de la federal, así como de las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México, en tanto las definiciones de planillas para presidentes municipales, electoralmente el orden más violento, están en curso.