SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (proceso.com.mx).- Más de 100 mil niñas, niños y adolescentes resultaron afectados en 2023 por disputas entre grupos criminales que pusieron en riesgo su vida y su integridad y que vulneraron sus derechos humanos, en algunos casos llevándolos al desplazamiento o al reclutamiento forzado y en casos aún más trágicos convirtiéndolos en víctimas de desapariciones u homicidios.

La Red por los Derechos de la Infancias en México (REDIM) y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) dieron a conocer hoy un informe en el que señalaron que, desde 2021, Chiapas ha sido el centro de una pugna cruenta entre grupos criminales que se disputan este territorio, clave para el tráfico de armas, de drogas y de personas.

En esta disputa, pobladores de los municipios en la Sierra Mariscal han visto sus comunidades asediadas por una ola de violencia sin igual en la región: Cobro de piso, ataques armados, quema de vehículos, sitio de poblados, cortes de agua y luz, así como amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado, desaparición de quienes se niegan a colaborar, asesinatos violentos y desplazamiento forzado como resultado de la violencia.

En este contexto, señalaron que la vida cotidiana se ha trastocado con situaciones como los bloqueos que impiden salir o llegar a otras comunidades, los cierres de negocios, suspensiones de clases, pérdidas de cultivos que no han podido cosecharse, escasez de alimentos y encarecimiento de víveres, entre otros.

Explicaron que 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado, aunque no existen datos oficiales que permitan entender la magnitud de la violencia a que se enfrenta la población. A lo largo de todo el año, en diferentes municipios de Chiapas, se dieron situaciones que afectaron la vida de miles de niñas, niños y adolescentes.

Desplazamiento forzado

En el informe, las organizaciones indicaron que, en mayo, las comunidades de Lajerío y Candelaria, en Frontera Comalapa, tuvieron que desplazarse por la violencia de los grupos criminales. Desde entonces, otras comunidades a lo largo de la región Sierra Mariscal se han ido sumando a la lista de territorios asfixiados por la lucha entre grupos que se disputan el control de la frontera.

Para agosto, Motozintla y Chicomuselo fueron también escenarios de bloqueos, comunidades sitiadas y con ello, escasez y encarecimiento de alimentos. En septiembre, profesores de la zona escolar 025 publicaron un comunicado en el que declaraban la suspensión de clases en esa región debido a que no existían las condiciones para garantizar la seguridad.

La sección abarca los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Honduras de la Sierra, Las Margaritas, Mazapa, Motozintla y Siltepec.

Si consideramos el total de población de tres a 17 años en esos municipios y estimamos, al menos, 70% de asistencia a la escuela de acuerdo con los datos oficiales, estaríamos hablando de 108 mil 560 niñas, niños y adolescentes afectados por la suspensión de clases derivada de la violencia en el periodo septiembre-diciembre de 2023.

Por otro lado, la REDAS y la REDIM indicaron que la violencia también se manifestó en territorios fronterizos en la región Selva. Desde hace casi un año, comunidades de Ocosingo denuncian que los grupos criminales están aumentando sus actividades, como la tala clandestina, el tráfico de armas o la trata de personas.

“En las comunidades de Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Santo Domingo y San Javier estimamos que nueve mil 98 niñas, niños y adolescentes están siendo afectados por la violencia imperante en esos territorios.”

Señalaron que, en noviembre, pobladores del municipio de Maravilla Tenejapa sufrieron quemas de casas, detonaciones de armas de fuego y desplazamiento forzado debido al temor a la violencia. En ese episodio, fueron afectadas 13 comunidades, con una población calculada de dos mil 883 niñas, niños y adolescentes.

Guerra contra los pueblos

Añadieron que para muchas comunidades 2023 cerró en un contexto de guerra. En los municipios de Bella Vista y La Grandeza los pobladores denunciaron que fueron sitiados por grupos criminales que también realizaron cortes de agua y de electricidad para presionarlos a unirse a sus filas.

El año nuevo llegó a la Sierra Mariscal con enfrentamientos, siendo particularmente violentos en el municipio de Amatenango de la Frontera. En lo que va de enero de 2024 la situación no ha mejorado. A las disputas entre grupos criminales se suman agresiones del Ejército contra los pobladores bajo la acusación de que abren el paso al crimen organizado.

Poblados en los municipios de El Porvenir, Siltepec y Socoltenango se han visto amenazados por los soldados, que los han atacado con gases lacrimógenos.

Es por eso por lo que las familias han ido abandonando sus casas. Aunque no se tienen cifras exactas de la magnitud de la población afectada, se sabe que muchas personas han migrado a Estados Unidos o a otros estados de la Península, mientras que otros más se refugiaron con familiares en Tzimol y Comitán.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas estima que dos mil 300 personas han sido desplazadas por la narcoviolencia desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia. Protección Civil señala a su vez que atiende a mil 884 personas en albergues de Tzimol, Socoltenango, Comitán y La Trinitaria.

Sumando la población de 0 a 17 años de las comunidades afectadas en los municipios de la Sierra Mariscal, el aproximado es de al menos 19 mil 729 niñas, niños y adolescentes perjudicados por la violencia criminal en el año 2023 y enero de 2024.

“Si añadimos, las cifras del municipio de Sierra Mariscal, junto con las de Maravilla Tenejapa y Ocosingo presentados anteriormente, estaríamos hablando de un aproximado de 31 mil 710 niñas, niños y adolescentes afectados en sus derechos más básicos, como la vida, la vida en familiay el acceso a la alimentación y a la salud.

“Son miles que viven con miedo, incertidumbre y zozobra. Esto sin contar las situaciones de violencia en los municipios de Pantelhó, Chenalhó, San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Tila y Ocozocoautla, así como los más de 100 mil niñas, niños y adolescentes que han quedado sin clases ante esta guerra entre grupos criminales que sigue creciendo con la omisión y la aquiescencia del Estado”, dice el informe.

Es por eso por lo que la REDIAS y REDIM hicieron un llamado urgente al gobierno federal, al estatal y a la comunidad internacional para reconocer y detener la guerra contra los pueblos de Chiapas.