CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El uso de las instancias judiciales para “callar” las voces críticas al poder sigue siendo una constante en México, pero se prevé que para el proceso electoral que se desarrolla actualmente y que culminará en junio próximo con la elección del nuevo presidente, estos casos se incrementen.

Aunque la estrategia de acudir a los tribunales civiles para lograr que periodistas o académicos se retracten de publicaciones realizadas contra funcionarios públicos no es exclusiva de la actual administración, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por utilizar nuevas instancias, como la penal y la electoral, para lograr sanciones más duras contra los comunicadores que consideran “adversarios”.

En entrevista con Proceso, Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, explica que el acoso judicial contra los periodistas y comunicadores ha ido creciendo desde el año 2015, en el que se registró 1 caso, hasta este 2023 en el que la organización documentó más de 30 casos.

“En México hemos documentado un incremento en el uso ilegítimo del poder público y, particularmente, el acoso judicial en contra de periodistas y medios de comunicación. Esto no se cierra nada más a esta administración”, comenta.

Del informe Leyes del Silencio, realizado por dicha organización y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, destacó que de 2015 a 2016 estos casos pasaron de 1 a 13; para 2018 y 2019 fueron 21 casos por año.

Durante el primer año de la pandemia por el covid-19, en 2020, la cifra subió a 39 casos; y según los últimos conteos, en 2021 y 2022 la cifra superó los 40 casos. Y aunque en 2023 se ha registrado una disminución, los conteos preliminares de la organización prevén que superen los 30 casos.

La mayoría de casos, en estados

“No sólo es la 4T, desafortunadamente hemos visto que otros partidos políticos también lo han hecho y la 4T definitivamente lo ha aplicado, sobre todo se han hecho más públicos los casos en Ciudad de México que tienen más vínculos con el gobierno federal, pero esto no quita que la mayoría de los casos han sido más bien a nivel estatal, es decir, sobre todo son gobernadores los que están iniciando estos procesos, e inclusive se han podido documentar algunos cuantos casos desde el sector privado”, refirió Cárdenas.

Advirtió que los actores políticos que están recurriendo al ámbito penal para sancionar a periodistas, los imputan por delitos que ya fueron declarados inconvencionales en materia de derechos humanos.

Tal como ocurrió con el analista en geopolítica Alfredo Jalife, quien en diciembre pasado fue vinculado a proceso por calumnia y difamación derivado de una denuncia presentada -en diciembre de 2022- en su contra por Tatiana Clouthier, coordinadora de voceros de la campaña de la aspirante presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum.

Esto, debido a la transmisión de dos videos, en agosto y septiembre de 2022, a través de la plataforma YouTube, con una imagen de la también exsecretaria de Economía de la actual administración y textos que consideró calumniosos, así como diversas publicaciones que, dijo, fueron ofensivas a través de la red social Twitter, hoy X.

“Nos preocupa que se están utilizando instancias judiciales. Por un lado, no sólo nos estamos quedando en demandas en el ámbito civil, sino en denuncias en el área penal, como en el caso de Jalife, que fue vinculado a proceso por delitos que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que deben eliminarse del ámbito penal y que no deberían existir ahí, sino que se deberían hacer estos reclamos mediante el derecho de réplica o a través del ámbito civil”, dijo Cárdenas.

Las dos caras de la impunidad

“En el año 2022, un estado que particularmente tuvo casos fue el de Yucatán, donde se registró una tercera parte de todos los casos de ese año de acoso judicial contra periodistas. Fue bastante crítico, porque prácticamente se estaba denunciando a periodistas en procesos múltiples, tres o cuatro periodistas en cada denuncia, lo cual hablaba más bien de un proceso de abuso de estas normativas y de estas legislaciones”.

El especialista explicó que en contraste con lo que pasa con las investigaciones de agresiones, homicidios o desapariciones de periodistas, los casos judiciales contra la prensa avanzan y se resuelven inusualmente rápido.

“Nos preocupa esta doble cara de la impunidad: por un lado, como hemos documentado, los procesos de violencia contra la prensa continúan. Tan sólo en el primer semestre de 2023 documentamos 272 agresiones contra periodistas; hay 35 periodistas desaparecidos y al menos 163 han sido asesinados desde el año 2000, y son casos que no avanzan. Sólo se nos reportan detenciones, pero no se llega a la justicia, no se llega a los autores materiales. Los procesos de investigación se atoran, las víctimas y familiares continuamente están en este proceso de sufrimiento, de búsqueda de justicia.

“Por el contrario, tan pronto llega un proceso en contra de la prensa éste avanza a vertiginosa a velocidad. El caso de Jalife, por ejemplo, fue del año previo, pero en un año ya lo habían detenido a él, porque ya tenían un proceso de investigación; pero qué hay de los asesinatos de los periodistas, porque esos casos no se anuncian. Sí vemos de manera muy preocupante que la impunidad o la justicia en México tiene una doble velocidad: cuando los periodistas son víctimas no hay avance, pero cuando los periodistas son presuntos culpables avanzan los casos. Se les cita, se les llama a ser investigados, tienen procesos de hostigamiento, y se viene todo este proceso de doble velocidad”, destacó.

Promesa incumplida

Desde su campaña presidencial, el ahora mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, afirmó defender la libertad de expresión, sin embargo, mediante la utilización de su conferencia matutina como un espacio de “réplica de la Presidencia”, ha denostado el trabajo de quienes han criticado sus políticas gubernamentales o documentado casos de corrupción de personas tan cercanas como sus hijos Andrés Manuel y José Ramón López Beltrán.

Fue así como desde el año 2022 el presidente instauró en su conferencia matutina la sección “¿Quién es quién en las mentiras?”, conducida por Elizabeth García Vilchis, quien se dedica a tratar de “desmentir” toda clase de publicaciones contrarias a los intereses del presidente López Obrador o de justificar las irregularidades documentadas en los medios de comunicación.

En abril de 2023 Pío López Obrador, hermano del presidente, demandó a Carlos Loret de Mola y su medio de comunicación, Latinus, por 400 millones de pesos por concepto de reparación del daño por la difusión de videos donde aparece recibiendo sobres con dinero en efectivo.

En el expediente, la juez 62 de lo Civil, Beatriz Silva Mata, advirtió a los demandados que de divulgar la existencia de la demanda y detalles sobre el juicio, podrían ser sancionados con una multa o incluso ir a la cárcel.

“El proceso de estigmatización y de criminalización están vinculados, pues continuamente todos los días se cataloga a la prensa como adversaria, enemiga, vendida a la oposición. Ojo, me refiero a la oposición de cualquier lado, porque el discurso estigmatizante tiene un efecto cascada, donde quienes son del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, pues ya también empiezan a acusar a la prensa de estar comprada por Morena, y entonces se acusa a periodistas críticos de estos gobiernos de ser pro-Morena. Hay un efecto cascada donde se justifica este tipo de procesos, porque se cataloga como alguien que está vendido y que de alguna manera es culpable de algo”, señaló Pedro Cárdenas.

Gastos millonarios

Tanto demandas como denuncias representan gastos a veces millonarios para los periodistas, que en México son uno de los gremios con mayor precariedad laboral.

“Si bien son graves los casos de acciones judiciales contra periodistas reconocidos, no quita que es particularmente grave sobre todo cuando se ejercen contra periodistas de a pie, independientes, que tienen procesos previos. Recordemos que los procesos de acoso judicial lo que buscan es acabar con los recursos de tiempo, económicos, de un medio de comunicación pequeño o de la prensa”, comentó Cárdenas.

Rememoró el caso del Periódico AM, que en el año 2020 fue demandado por la exalcaldesa de León, Guanajuato, Bárbara Botello, quien entonces era priista, por daño patrimonial y reclamó un pago de 300 millones de pesos por un supuesto abuso del derecho a la libre expresión.

La demanda de la exalcaldesa no prosperó y el periódico la denunció por falsedad de declaraciones.

Sin embargo, en abril de 2023 se afilió a Morena y el pasado 23 de enero el partido la destapó como su candidata a la presidencia municipal de León, Guanajuato, para las elecciones de junio de este año, pese a que aún está en curso el proceso judicial en su contra por falsedad de declaraciones y otro por corrupción.

“Ésta es una manera de decir que se va a iniciar un proceso que puede costar más que unos millones, que la mayoría de la población no los tenemos, entonces sí es un mensaje de silenciamiento, de ‘si a esta persona le costó varios millones, ¿cuánto te puede costar a ti?’”, refirió.

Pedro Cárdenas explicó que en México existen leyes como la que regula el artículo 6º Constitucional en materia de Derecho de Réplica y que hay un desconocimiento importante sobre lo que este derecho implica.

“Se nos dice continuamente que la mañanera es el derecho a réplica de la Presidencia, cuando no lo es. El derecho a réplica, tanto para la Presidencia como para cualquiera de nosotros, está debidamente reglamentado, hay una serie de mínimos que se tienen que mandar y el derecho a réplica es el derecho para que se corrija y que yo argumente por qué es errónea la información que se está dando por parte de la prensa. No es yo voy a utilizar la Mañanera, que es un espacio público, de control del Poder Ejecutivo, para descalificar la prensa de manera general”, detalló.

Estas estrategias no se han quedado en el ámbito civil o penal, sino que en el marco de procesos electorales como el que actualmente se desarrolla en México, los actores políticos han utilizado a las instancias en la materia electoral para sancionar a los periodistas.

El caso más reciente fue el de la periodista y politóloga Denise Dresser, quien en noviembre del año pasado fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por violencia política de género en contra de la diputada federal morenista Andrea Chávez durante su participación en el programa “Mesa de análisis con Loret”, transmitido por Latinus el 15 de agosto.

El organismo multó a Dresser con 20 mil 748 pesos y ordenó su inscripción en el Padrón de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política de Género por un año seis meses.

Además le ordenó fijar en su perfil de X (antes Twitter) una disculpa pública y un extracto de la sentencia en su contra por 30 días naturales ininterrumpidos.

Hostigamiento durante procesos electorales

Pedro Cárdenas comentó que la organización Artículo 19 ha detectado un alza en los casos de acoso judicial contra la prensa durante los procesos electorales, lo que ocurrió particularmente durante el proceso del año 2021, en el que hubo 18 casos de hostigamiento judicial por la vía electoral.

“Se está utilizando la normativa electoral para generar, inclusive como medida cautelar, que se bajen las notas, porque la decisión que inicialmente toma el INE es que se baje la nota en lo que se toma una decisión de fondo, lo cual de cierta manera está limitando la información que se publica hasta que se decida si efectivamente o no el INE o el Tribunal identifica si era o no un exceso”, detalló.

Dresser impugnó la sentencia de la Sala Regional del TEPJF, por lo que el asunto quedará en manos de la Sala Superior, actualmente encabezada por la magistrada Mónica Soto, a quien se ha señalado como cercana a Morena y quien para llegar a la presidencia del organismo se alió con sus compañeros Felipe de la Mata y Felipe Fuentes para lograr la renuncia anticipada del expresidente del tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón.

“El hecho es que meramente el iniciar un proceso a través de la instancia electoral, genera como medida cautelar que baje la información y ésa es una preocupación muy grande para lo que viene ahora en esta elección, que va a ser una elección que, sin duda alguna, tanto por parte de la oposición como del gobierno en turno, va a buscar a fin de cuentas silenciar la cobertura crítica de cualquiera de estas instancias”, detalló.

Por ello, añadió que la organización prevé un incremento en este tipo de casos para los comicios de junio próximo.