CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer una carta confidencial enviadas a la ministra Norma Piña con fecha del 12 de diciembre donde señalaba la posible liberación de ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa.

“Ahí le advertimos del riesgo de modificar las medidas cautelares y de la trascendencia de este asunto para el Estado mexicano”, señaló en un mensaje en sus redes sociales la funcionaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Luisa María Alcalde dijo que se daba a conocer la misiva enviada a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló en su conferencia que "hay un interés político del Poder Judicial", porque "se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtiéndole sobre este asunto".

López Obrador enfatizó: ”Como ya veíamos venir esto, se le avisa, se le manda a decir a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia 'cuidado con esto', no sé en qué términos le envió el oficio la secretaria de Gobernación, y... sabadazo. Violando todos los procedimientos".

En dicha carta la secretaria de Gobernación se refirió a la resolución adoptada en la sesión del jueves 30 de noviembre de 2023 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México integrado por los magistrados Francisco Javier Sarabia Ascencio, Juan José Olvera López y Horacio Armando Hernández Orozco (ponente).

Ahí los magistrados "estimaron fundado el agravio aducido por los ocho militares inculpados dentro de la causa penal 1/2023 del índice del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. (Se) determinó modificar y conceder la suspensión para el efecto de celebrar una nueva audiencia a fin de que se emita una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa decretada", se lee en la carta.

Gobernación advirtió que dicho fallo resultaba relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país.

Tal declaración se da luego de la liberación de ocho militares relacionados en el caso Ayotzinapa el sábado pasado. La Fiscalía General de la República (FGR) adelantó que presentará recursos en contra de la impartidora de justicia.

"Esta representación social federal presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que (...) castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen", manifestó la FGR en un comunicado.

La Fiscalía acusó directamente a la jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, y a los magistrados del tribunal colegiado correspondiente Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio.