CIUDA DE MÉXICO (apro).- El reciente secuestro de 32 personas de origen hondureño y venezolano ocurrido en Tamaulipas evidencia la falta de voluntad del gobierno para prevenir e investigar los delitos perpetrados en contra de los migrantes que cruzan el país, consideraron la Fundación para la Justicia, Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).

En la conferencia mañanera del 3 de enero, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, calificó de “atípicos” los secuestros masivos en Tamaulipas, en referencia al ocurrido en la carretera Matamoros-Reynosa. De acuerdo con la secretaria, usualmente se privaba de la libertad a dos o tres migrantes.

Ante esas declaraciones, las organizaciones Fundación para la Justicia y Sin Fronteras, junto con el IMUMI, rechazaron que los secuestros masivos sean hechos “atípicos”.

En un comunicado, las organizaciones recordaron que, además del secuestro de las 32 personas migrantes –entre los que se encuentran 12 mujeres, nueve hombres y 11 menores de edad–, en San Luis Potosí se dieron dos secuestros masivos de migrantes en 2023: el primero en abril, con 23 víctimas, y el segundo en mayo, con 50.

Por su parte, los albergues de la entidad dieron cuenta de que alrededor de 10 autobuses han sido asaltados en la región. Así mismo, recordaron la matanza de 72 personas migrantes y las masacres de Cadereyta y de Camargo, así como el descubrimiento de las fosas clandestinas en San Fernando.

La inacción garantiza el éxito de los criminales

Los organismos también acusaron al Instituto Nacional de Migración (INM) de complicidad con las redes criminales y denunciaron la falta de interés del Estado para investigar a los agentes involucrados en los crímenes contra migrantes, y destacaron que esa inacción garantiza el éxito del crimen organizado.

Agregaron que la delincuencia organizada, los agentes y las instituciones estatales se benefician de la presente situación e insistieron que se debe investigar en la línea financiera para acabar con este tipo de situaciones.

La Fundación para la Justicia, Sin Fronteras e IMUMI aseguraron que se han hecho múltiples recomendaciones a las autoridades federales y estatales, con el objetivo de realizar un diagnóstico y desplegar operativos en las zonas en las que se presentan casos de privación ilegal de la libertad a pasajeros de autobús.

Entre esas recomendaciones mencionaron las que formuló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Recomendación por Violaciones Graves 44VG/2021 (relacionada con la desaparición de 100 migrantes en Tamaulipas).

Las organizaciones denunciaron que hasta ahora ninguna de las recomendaciones ha sido cumplida por las autoridades.